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Puede que, dentro de poco, saber que una sentencia la revisó un juez no diga demasiado. No porque los jueces vayan a trabajar menos, sino porque la inteligencia artificial está entrando de lleno a los tribunales chilenos, y con ella llega una promesa tranquilizadora que conviene mirar con cierto recelo: que siempre habrá una persona controlando lo que la máquina propone.
«cuanto más produce la máquina, más se angosta el tiempo para mirar lo que entrega: cuando el borrador llega hecho y la agenda aprieta, revisar amenaza con reducirse a firmar”
Esa promesa es, hoy, el gran punto de acuerdo. Cuando se discute el uso de inteligencia artificial en la justicia, casi todos terminan en la misma receta: la máquina asiste, pero no decide; el humano conserva la última palabra y responde por ella. Así lo plantean las guías europeas y británicas, y también, entre nosotros, los dos cuerpos que gobiernan a quienes firman. La reciente guía del Colegio de Abogados de Chile exige al abogado verificar personalmente lo que la máquina le entrega y le prohíbe escudarse en la herramienta cuando algo sale mal; la Academia Judicial, por su parte, recuerda que ningún resultado de un sistema debería convertirse en producto final sin que una persona lo revise. Suena sensato y suficiente.
El problema está en que esa receta da por sentado que quien firma efectivamente lee, entiende y controla lo que firma. Y es precisamente esa pieza la que podría soltarse.
Hay, primero, una grieta acotada: ciertas manipulaciones están diseñadas para que ningún control humano las advierta. En mayo de 2026, ante un tribunal de Brasil, dos abogadas escondieron en su escrito un texto en letras blancas sobre fondo blanco, invisible para cualquier lector pero legible para el computador. No estaba dirigido al juez, sino a la inteligencia artificial que ese tribunal emplea para preparar borradores de resolución, a la que ordenaba responder de manera superficial y no cuestionar los documentos. Se descubrió casi por azar. Frente a algo así, pedir más cuidado sirve de poco, porque no hay diligencia que alcance a detectar lo que fue hecho para no ser visto.
La grieta más profunda, sin embargo, no está en el sabotaje ingenioso, sino en la rutina: el control humano se degrada cuando quien controla deja de dar abasto. En abril de 2026, una corte argentina anuló un fallo porque el juez lo había redactado con ayuda de inteligencia artificial e incorporó, sin advertirlo, citas que no existían. Nadie ocultó nada; el juez simplemente confió y no verificó, ganado por lo que se conoce como «sesgo de automatización», esa tendencia a dar por buena la respuesta de la máquina porque la suponemos objetiva.
En Chile esta realidad ya llegó. La plataforma «Justa» —por «justicia ágil, transparente y automatizada»— es un sistema de inteligencia artificial desarrollado para que el Poder Judicial pueda agilizar la tramitación de causas, transcribiendo audiencias y preparando borradores de actas y de sentencias. Partió como piloto en el Juzgado de Mulchén a fines de 2024, se extendió a un juzgado de familia que genera cientos de miles de resoluciones al año, y su expansión al resto del país se decide hoy en el Consejo Superior de la Corte Suprema. Y cuanto más produce la máquina, más se angosta el tiempo para mirar lo que entrega: cuando el borrador llega hecho y la agenda aprieta, revisar amenaza con reducirse a firmar.
Y esa presión no viene solo desde dentro del tribunal. A fines de julio de 2026, un abogado recurrió a un «agente externo» —un robot— para ingresar 38.477 escritos repartidos en tribunales civiles de todo el país. Los jueces de Santiago no pidieron a la Corte Suprema revisar mejor; pidieron restringir el acceso del abogado, instalar un CAPTCHA y prohibir la inteligencia artificial hasta que existan reglas. Es decir, ante la avalancha, la respuesta fue un muro, no más diligencia, pues a esa escala, verificar había dejado de ser posible.
Y es esto lo que la receta tranquilizadora tiende a pasar por alto. Que una persona lo haya revisado se está transformando en una formalidad, más que en una garantía. Subir el estándar de diligencia de quien firma —la solución que todos repiten— es impecable sobre el papel, pero se desvanece justo donde más falta hace, porque el obstáculo no es la falta de voluntad; es la imposibilidad material de ejercer un control real cuando la máquina produce más de lo que un ser humano alcanza a mirar. Mientras más nos apoyamos en la inteligencia artificial, más frágil se vuelve el único resguardo que creíamos tener.
Por eso la pregunta de fondo no es si queda una persona en el circuito; casi siempre la habrá, firmando. La pregunta es si esa revisión todavía significa algo o si es apenas un gesto que nos deja tranquilos. Sin decirlo, estamos construyendo sistemas que responden que no.
Por eso, el verdadero riesgo no es que la tecnología falle con estruendo, sino que funcione en silencio, con una firma humana al pie que ya no asegura que alguien, de verdad, haya mirado.
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