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Es relativamente pacífico sostener que el TDLC concede medidas cautelares de manera excepcional, sean propiamente tales. Diversos estudios respaldan esta apreciación[1]. Este artículo procura explicar las razones de este fenómeno, y propone una reforma normativa destinada a reforzar la efectividad de dichos instrumentos[2]
A modo de introducción, una explicación intuitiva sobre este fenómeno podría ser que el peligro en la demora, tradicionalmente asociado en el ámbito civil a la insolvencia del sujeto pasivo, no se configura en libre competencia cuando el demandado o requerido es una gran empresa. Otra explicación plausible sería que la protección de los intereses públicos propia de esta materia excluiría las medidas destinadas exclusivamente a resguardar intereses privados de los demandantes. Sin embargo, ninguna de estas razones resulta convincente. La primera no lo es porque, en libre competencia, el peligro en la demora no se vincula normalmente con la capacidad de pago del sujeto pasivo ni surge únicamente ante una eventual insolvencia. La segunda tampoco es admisible, pues, en determinadas ocasiones, la tutela del interés público puede alcanzarse mediante la protección de intereses privados, especialmente en ámbitos en los que la resolución de un conflicto entre particulares contribuye a generar bienes públicos o precedentes, como ocurre en libre competencia.
Descartadas ambas explicaciones intuitivas, conviene comenzar por señalar que el problema no radica en la regulación de las medidas cautelares contenida en el artículo 25 del DL 211. Por el contrario, esta disposición incorpora elementos concordantes con las recomendaciones que suelen formularse respecto de un régimen cautelar óptimo. Así, permite que el Tribunal adopte medidas cautelares de oficio, facultad que normalmente se considera necesaria en materias en las que se encuentran comprometidos intereses públicos[3]. Asimismo, el DL 211 contempla requisitos relativos al peligro en la demora adaptados a la libre competencia, al vincularlos con la necesidad de “impedir los efectos negativos de las conductas sometidas a su conocimiento” y “resguardar el interés común”. La normativa también protege adecuadamente el principio de responsabilidad, pues permite que el TDLC, cuando lo estime necesario, exija que el solicitante rinda caución[4]. Además, el artículo 25 del DL 211 confiere suficiente flexibilidad temporal, al disponer que las medidas podrán decretarse “por el plazo que [el H. TDLC] estime conveniente». Finalmente, permite adoptar medidas cautelares innominadas para hacer frente a los riesgos que se pretende evitar, al facultar al Tribunal para decretar “todas las medidas cautelares que sean necesarias para impedir los efectos negativos de las conductas sometidas a su conocimiento y para resguardar el interés común”[5]. Esta última regla abre espacio a medidas innovativas capaces de modificar el statu quo.
«En otras palabras, el costo del error de una decisión cautelar puede ser mayor que el de una sentencia definitiva. Esta circunstancia puede inducir a los tribunales a adoptar una posición conservadora frente a esta clase de solicitudes».
Cada una de estas disposiciones perfecciona el régimen cautelar civil tradicional, que, como es sabido, se rige por el principio dispositivo y, por consiguiente, por el interés privado que el demandante procura resguardar mediante estas medidas. Además, en materia procesal civil, el catálogo de medidas cautelares se encuentra, por regla general, predeterminado por el legislador, mientras que las medidas innominadas deben conservar el estado de hecho existente antes de su adopción.
De lo anterior cabe concluir que el legislador de libre competencia realizó un esfuerzo adecuado por adaptar la regulación cautelar a los intereses, incentivos y particularidades de esta área del Derecho. El problema, entonces, no reside en esas normas, sino en la dificultad de aplicarlas en un contexto orientado a proteger la libre competencia, en el que las medidas cautelares pueden generar, además, costos derivados de la obstrucción de actividades económicas potencialmente lícitas y generadoras de riqueza. Ambas consideraciones se examinan a continuación.
En primer lugar, una explicación de la escasa efectividad de las medidas cautelares en libre competencia radica en que la protección de este bien jurídico —según se desprende de los artículos 1, 2 y 5 del DL 211— no se concilia fácilmente con decisiones intermedias que contengan pronunciamientos preliminares sobre el fondo del asunto. En efecto, las decisiones erróneas en esta materia conllevan un elevado costo social, pues una determinación equivocada acerca del carácter anticompetitivo de una práctica puede generar incentivos o desincentivos para todos los agentes económicos que participan o podrían participar en el mercado respectivo. Por ello, los sistemas de libre competencia han confiado estas materias a tribunales y órganos colegiados dotados de cierto grado de especialización, cuyas decisiones de fondo suelen ser acuciosas y debidamente fundadas, y requieren un tiempo considerable de deliberación y redacción. Este costo social del error aumenta tratándose de decisiones intermedias, adoptadas con menos información que la disponible al término de cada instancia. En otras palabras, el costo del error de una decisión cautelar puede ser mayor que el de una sentencia definitiva. Esta circunstancia puede inducir a los tribunales a adoptar una posición conservadora frente a esta clase de solicitudes.
En segundo lugar, un error en sede cautelar —por ejemplo, la concesión de una medida que no debió otorgarse— puede entorpecer el desarrollo de actividades económicas lícitas. Desde la perspectiva del demandante, estas medidas permiten obtener un beneficio privado significativo a un costo relativamente bajo. Para el sujeto pasivo, en cambio, pueden implicar un alto costo privado y, dadas las particularidades del sistema de libre competencia, su concesión también puede generar un elevado costo social. Entre tales costos se encuentran el desincentivo de conductas socialmente eficientes y las pérdidas asociadas a la paralización de actividades económicas. En concreto, la divergencia entre los bajos costos privados que enfrenta el demandante, y los altos costos privados y sociales que recaen sobre el demandado y la sociedad, puede producir tanto la obstrucción de actividades lícitas como de externalidades negativas significativas, combinación especialmente perjudicial para la eficiencia. Surgen así dos efectos que reducen los beneficios potenciales de la tutela cautelar. El primero corresponde a una externalidad negativa, esto es, a las consecuencias perjudiciales que una actuación provoca en terceros. El segundo consiste en la pérdida de los beneficios asociados a una conducta potencialmente legítima. Las medidas cautelares pueden producir simultáneamente ambos costos[6]. Resulta, por tanto, comprensible que el H. TDLC actúe con cautela al decretarlas, pues su adopción puede imponer costos relevantes a los agentes económicos involucrados y a la sociedad.
Frente a este panorama, existen alternativas de solución que requieren reformar el artículo 25 del DL 211. Una posible modificación consistiría en establecer un mecanismo de revisión periódica de la resolución que concede una medida cautelar, en atención a los costos que esta impone al sujeto pasivo. Tal revisión permitiría que este aportara progresivamente al H. TDLC antecedentes sobre los costos derivados de la subsistencia de la medida, a fin de evaluar su mantención, alzamiento o modificación. Asimismo, este mecanismo favorecería la convergencia entre los costos privados y sociales de las medidas cautelares, pues permitiría que cada parte internalizara aquellos que se encuentran bajo su control. Así, el requirente o demandante asumiría los costos de acreditar los presupuestos para la concesión de la tutela cautelar (periculum, fumus y, eventualmente, de solicitarlo el H. TDLC, caución), mientras que el demandado asumiría los de demostrar los efectos de la medida en términos de externalidades negativas y obstrucción.
Cabe precisar que el H. TDLC ha recurrido a mecanismos más o menos similares para recopilar la mayor cantidad de información, con el propósito de disminuir sus posibilidades de error judicial, como ocurrió durante la tramitación de la medida cautelar solicitada por la FNE en contra de Enjoy, en la causa Rol C N°518-2024. En este sentido, atendido que el requirente había acreditado los presupuestos para la concesión de la tutela cautelar (periculum, fumus y la vinculación de la medida cautelar para resguardar el interés común), y que el demandado había argumentado posibles externalidades negativas y obstrucción a un proceso de reorganización al que dicha empresa se había sometido, el H. TDLC decretó una audiencia ad-hoc, que se llevó a cabo el 28 de enero de 2025. El propósito de dicha audiencia era que las partes pudieran explicar sus consideraciones, exponiendo, además, en qué instrumentos constaba la información necesaria para esclarecer la controversia. De este modo, la FNE acreditó, finalmente, que los riesgos de la reorganización podían afectar las peticiones solicitadas por dicho organismo en su requerimiento, afectando el interés común.
La propuesta descrita satisface las exigencias del debido proceso, pues resguarda de manera equilibrada la posición de ambas partes e incentiva comportamientos eficientes al permitir que demandante y demandado internalicen los costos que cada uno controla. Todo ello tendría lugar mediante una revisión periódica que, si bien incrementaría los costos del sistema judicial, debería reducir el costo de los errores asociados a decisiones preliminares y, con ello, reforzar la efectividad de esta clase de instrumentos.
[1] Agradezco las observaciones y sugerencias sobre el caso Casinos proporcionadas por el abogado Cristóbal Méndez.
[2] Véase: (i) Severin Herrera, Daniela y Gil Ljubetic, Rodrigo, 2022: “Las medidas cautelares y prejudiciales precautorias en la jurisprudencia del TDLC”, Centro de Competencia, pp. 1-18; y, (ii) Carrasco Delgado, Nicolás, Palma Peredo, Nicolás y Seguel Rivas, Darío, 2025: Procedimiento contencioso de libre competencia en Chile, Santiago, Der Ediciones, pp. 385-413.
[3] Aunque también se advierte sobre el riesgo de pérdida de imparcialidad, ver: Marín, Juan Carlos, “Las medidas cautelares en el ordenamiento jurídico chileno: Su tratamiento en algunas leyes especiales”, Revista de Estudios de la Justicia, N° 8, 2006, p. 22.
[4] Artículo 25 inciso 2° parte final del DL 211: “El Tribunal, cuando lo estime necesario, podrá exigir caución al actor particular para responder de los perjuicios que se originen”.
[5] Artículo 25 inciso 1° del DL 211.
[6] En este párrafo seguimos: Carrasco, Nicolás, “Medidas cautelares en libre competencia en Chile”, ponencia presentada en XII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, 28 de noviembre de 2025, p. 12, s/p.
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