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Regular la IA por partes: los otros 19 proyectos de ley que tramita el Congreso

18.11.2026
CeCo Chile
10 minutos
Claves
  • Además del proyecto general de IA (que espera la presentación de una indicación sustitutiva del Ejecutivo), existen
    al menos otros 19 proyectos sectoriales sobre IA en tramitación en Chile.
  • Todos ellos han sido presentados por miembros del Congreso y solo uno ha sido aprobado en general en Sala.
  • Los temas incluyen la creación de contenido sintético en contextos educativos, electorales y de ciertos delitos
    (estafa y fraude), obligaciones de etiquetado y transparencia, el uso de IA por menores de edad, IA en el sector
    salud, ciberseguridad y la llamada “destilación” de la IA.
  • En esta nota los sistematizamos, identificamos sus tendencias y evaluamos los desafíos de un modelo de regulación
    fragmentado.
Keys
  • In addition to the general AI bill (which is awaiting the submission of a substitute amendment by the Executive), at least 19 other sector-specific AI bills are currently before the Chilean Congress.
  • All of them were introduced by members of Congress, and only one has been approved in general by the floor.
  • The topics include the creation of synthetic content in educational and electoral contexts and in connection with certain offenses (scams and fraud), labeling and transparency obligations, the use of AI by minors, AI in the healthcare sector, cybersecurity, and so-called AI «distillation.»
  • In this note, we systematize these bills, identify their trends, and assess the challenges of a fragmented regulatory model.

La discusión sobre la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en Chile se ha enfocado principalmente en el proyecto que fue despachado por la Cámara de Diputados en 2025 y que busca regular la IA de manera general (boletines refundidos 15.869-19 y 16.821-19). El pasado 26 de octubre la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto y hoy se encuentra a la espera de una indicación sustitutiva que anunció el Ejecutivo. Esta busca pasar de un modelo ex ante de regulación de riesgos a una ley marco ex post habilitante y pro-inversión (ver nota CeCo “Chile reescribe su ley de IA”).

En paralelo, desde 2023 se ha desarrollado un fenómeno poco discutido hasta ahora: diversos parlamentarios han presentado múltiples proyectos que buscan regular la IA por sectores o temas específicos y no de manera omnicomprensiva, como lo hace el proyecto antes mencionado. Una búsqueda usando las palabras clave “IA”, “inteligencia artificial”, “algoritmos” y “algorítmico” en los buscadores del Congreso arroja al menos otros 19 proyectos de ley en tramitación que guardan relación con IA. Esto, sin contar un proyecto que fue rechazado en general por la Cámara de Diputados en mayo de 2026 (boletín 17.112-19, que buscaba establecer un listado de derechos fundamentales frente a la IA) y el artículo de la mega-reforma del Ejecutivo que permitía entrenar modelos con obras protegidas sin autorización ni pago, también rechazado en mayo de este año (La Tercera).

El fenómeno presenta similitudes con la forma en que ha avanzado la regulación de la IA en EE.UU., donde, ante la ausencia de una normativa federal, los estados han optado por legislar mediante numerosas leyes sectoriales. Solo durante este año se han presentado más de 1.500 y se han aprobado 280 proyectos sobre IA en las legislaturas estatales, sobre temas como el uso de IA en los sectores de salud y educación, y la regulación del contenido sintético de carácter íntimo y de la propaganda política (NCSL). La expansión regulatoria estatal llevó a la Casa Blanca a dictar en 2025 la Orden Ejecutiva 14365 que busca la impugnación judicial de leyes estatales de IA que frenen la innovación (ver nota CeCo “De Biden a Trump”).

Tendencias: sanciones, técnica legislativa y autores

El resumen de los 19 proyectos de ley analizados se puede revisar en la tabla a continuación:

BoletínIngreso - CámaraAutoresObjetivo principalMedidas propuestas (sanción)
15.935-072023 - CámaraOyarzo, Medina, Rivas (PDG); Aedo (DC); Lilayu (UDI); Lagomarsino, Olivera, Pérez, Pulgar (IND)Incorpora el uso de la IA en la estafa y en otros delitos (arts. 468 y 469 CP).Penal
16.021-072023 - SenadoPugh, Órdenes (IND); Ebensperger (UDI); Rincón (DEM); Galilea (RN)Incorpora una agravante por cometer cualquier delito mediante IA (art. 12 CP).Penal
16.112-072023 - CámaraBernales, Malla, Mirosevic (PL); Delgado, Videla (IND)Moderniza el tipo penal de usurpación de identidad (art. 214 CP).Penal
16.387-19 2024 - SenadoAlessandri, Bravo, Coloma, Cornejo, Labbé, Lilayu, Moreira, Weisse (UDI); Pérez, Romero (IND)Permite analizar mamografías con IA.Ninguna (solo habilitante)
17.307-07 2025 - SenadoK. Bianchi (IND)Tipifica la generación de imágenes privadas o íntimas con IA (arts. 161-A y 161-C CP).Penal
17.618-192025 - CámaraK. Bianchi, Castro Prieto, Kusanovic (IND); Castro González (PS); Walker (DEM)Obliga a incorporar etiqueta y marca de agua en contenido generado con IA.Penal (por remisión a ley de delitos informáticos)
17.791-042025 - CámaraBórquez, Bravo, Cornejo, Sulantay (UDI); Raphael, Sauerbaum (RN); Saffirio (DEM); Cordero, Pérez, Romero (IND)Obliga a colegios a dictar charlas sobre uso ético de IA y crear protocolos ante la difusión de contenido falso.Obligaciones a colegios (ley 20.370 general de educación)
17.795-192025 - SenadoYeomans, Fries, Giordano, Morales, Ñanco, Rojas, Sáez, Schneider, Tello (FA); Rosas (IND)Crea derecho exclusivo sobre imitaciones digitales de imagen, cuerpo y voz; obliga a plataformas a retirar contenido no autorizado.Administrativa: multa y responsabilidad civil de plataformas
17.808-072025 - SenadoChahuán (RN)Aumenta en un grado las penas de los delitos de difusión de contenido íntimo cuando se usa IA (arts. 161-A, C y D CP)Penal
17.810-19 2025 - CámaraChahuán (RN)Incorpora sello obligatorio para generadores de contenido con IA, detallado por reglamento.Penal (por remisión a ley de delitos informáticos)
17.977-06 2025 - SenadoOyarzo (IND), Mellado (PR), Tello (FA)Prohíbe deepfakes engañosos en propaganda electoral y exige advertencia sobre uso de IA (Ley 18.700 sobre votaciones).Penal y administrativa (retiro de propaganda)
17.982-192026 - SenadoChahuán, García, Prohens (RN); Rincón (DEM); Pugh (IND)Establece requisitos (supervisión, trazabilidad, etc.) para la investigación biomédica con IA.Administrativa: multas, suspensión del proyecto y otras
18.117-192026 - CámaraPugh (IND)Prohíbe la extracción masiva de salidas de un sistema de IA para entrenar un modelo que lo replique (“destilación”).Civil (ley de competencia desleal) + infracción de PI
18.318-192026 - CámaraManouchehri (PS); Celis (RN); Martínez (UDI); Briones (PDG); Serrano (PC); Veloso, Winter, Yeomans (FA); Cucumides, Montalva (IND)Establece responsabilidad de plataformas ante uso por menores: limita acceso, prohíbe diseño adictivo y perfilamiento, y regula uso de chatbots.Administrativa (multa de hasta 4% de ingresos globales)
18.507-042026 - CámaraManouchehri, Santana (PS); Bobadilla, Martínez (UDI); Briones (PDG); Montalva (IND); Schalper (RN); Serrano (PC); Winter, Yeomans (FA)Incorpora obligaciones de alfabetización computacional y en IA en el currículum de básica y media.Obligaciones a colegios (ley 20.370 general de educación)
18.512-032026 - CámaraSchneider, Bassa, Brito, Bugueño, Fries, Ñanco, Schonhaut, Veloso, Yeomans (FA); Cáceres (IND)Incorpora leyenda obligatoria en publicidad creada sustancialmente con IA.Civil (Ley 19.496 de protección a consumidores)
18669-062026 - CámaraAchurra, Ñanco, Schneider, Schonhaut, Tello, Winter, Yeomans (FA); Parra (PPD); Valenzuela (PS); Montalva (IND)Prohíbe granjas de bots y deepfakes engañosos en propaganda electoral; mandata etiquetado de contenido generado por IA.Administrativa (rechazo de gastos electorales y multas hasta 300 UTM).
18.765-072026 - CámaraBugueño, Tello (FA); Hassler (PC)Incluye uso de IA y clonación de voz en el fraude informático y como agravante (Ley 21.459 de delitos informáticos); deberes de denuncia y preservación para plataformas.Penal
18.820-19 2026 - SenadoFlores (DC); Núñez, Ossandón (RN); Vodanovic (PS); Walker (DEM)Modifica ley de ciberseguridad (Ley 21.663) para exigir identificación, permisos, registros y control de agentes de IA.Administrativa
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Tramitación del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados (noviembre de 2026). Partidos al momento de la presentación del proyecto.

A diferencia del proyecto principal de IA, todas estas propuestas se iniciaron por moción parlamentaria (11 en la Cámara y 8 en el Senado) y todas siguen en primer trámite constitucional. Solo dos de ellas han recibido indicaciones del Ejecutivo: el boletín 18.318-19, sobre la protección algorítmica de menores de edad, y el boletín 17.795-19, sobre imitaciones digitales realistas. Este último, además, fue aprobado en general por la Sala de la Cámara en julio de 2026. Los demás, en su mayoría sin urgencia, apenas han pasado de la cuenta en Sala y el envío a comisión.

En cuanto a sus temáticas, el contenido sintético creado con IA (ya sea imágenes, videos, texto o audio) se menciona en 12 de los 19 proyectos, tanto como objeto central como para justificar la regulación propuesta. Agrupadas por objetivo, hay seis reformas penales (la mayoría asociadas a la generación de contenido sintético), tres de etiquetado de contenido sintético, dos electorales, dos de salud, tres de niñez y/o educación, una de competencia desleal, una de derecho a la imagen y una de ciberseguridad.

En relación a su origen político, el reparto es bastante parejo. Seis proyectos provienen de parlamentarios de partidos de izquierda o centroizquierda, cinco de derecha o centroderecha, dos de independientes y seis son transversales. Aun así, se perciben algunas afinidades temáticas: los dos proyectos de salud provienen de la derecha, los dos electorales de la izquierda, y las iniciativas sobre niñez, educación y ciberseguridad son transversales.

El ritmo y el motivo de la presentación de las propuestas también resultan llamativos. Tras una primera ola en 2023 (cuatro proyectos), coincidente con la masificación de la IA generativa, y un año de escaso movimiento (un proyecto en 2024), la actividad legislativa se aceleró en 2025 y 2026, con siete proyectos cada año. Asimismo, al menos seis propuestas mencionan o se fundamentan explícitamente en hechos mediáticos específicos, como el caso de los deepfakes en el colegio Saint George o el uso de granjas de bots en campañas electorales en Latinoamérica. En esa lógica, la mayoría de las propuestas apuntan a abordar un vacío legislativo puntual, más que a desarrollar un régimen exhaustivo.

En cuanto a la técnica legislativa, doce proyectos buscan modificar leyes vigentes y siete crear normas nuevas. Respecto a las soluciones regulatorias propuestas, la mayoría actúa ex post, sancionando conductas, y pocas buscan intervenir preventivamente en el diseño de los sistemas de IA, aunque este último tipo de propuestas ha aumentado en el último tiempo. En relación con el tipo de sanciones propuestas, predomina la vía penal (8 proyectos), seguida de multas administrativas (7) y acciones civiles (4), mientras que solo dos proyectos no contemplan sanción alguna.

Los temas que abordan los 19 proyectos

a. Deepfakes y modificaciones penales

Los deepfakes son un subtipo de contenido sintético generado o alterado con IA que se caracteriza por mostrar de forma realista a una persona diciendo o haciendo algo que nunca ocurrió. Por sí solos, los deepfakes no son necesariamente dañinos: pueden, por ejemplo, servir para crear expresiones artísticas o contenido educativo. Sin embargo, también pueden generar perjuicios individuales, como el fraude y los daños a la honra, y perjuicios colectivos, como la manipulación electoral y la polarización política (Chesney y Citron, 2019). Cuando se trata de daños individuales, los proyectos chilenos buscan abordar distintos tipos de deepfakes.

Para abordar las deepfakes de carácter íntimo (es decir, aquellas que simulan a una persona en un contexto privado o íntimo), dos proyectos buscan respuestas similares. El boletín 17.307-07 busca ampliar los delitos de captación de hechos privados en recintos particulares y de partes íntimas en lugares públicos (art. 161-A y 161-C del Código Penal) para incluir las imágenes generadas con IA. Por su parte, el boletín 17.808-07 busca elevar en un grado las penas privativas de libertad de los delitos ya mencionados, y del delito del art. 161-D (divulgación de grabaciones íntimas sin consentimiento) cuando estas se cometan mediante el uso de IA.

A nivel comparado, tanto EE.UU. como Europa han introducido normativas que sancionan la difusión de deepfakes sexuales. En EE.UU., la TAKE IT DOWN Act, una ley federal promulgada en 2025, sanciona penalmente la difusión no consentida de este tipo de deepfakes, pero, a diferencia de las propuestas chilenas, obliga a las plataformas a eliminar este contenido en un plazo máximo de 48 horas tras recibir una solicitud válida de una víctima. Por su parte, en Europa, desde junio de 2026, el Reglamento de IA incorpora una prohibición absoluta de los sistemas de IA que generen contenido sexualmente explícito sin el consentimiento del titular.

Los otros proyectos chilenos apuntan a los deepfakes que podrían afectar la identidad y/o el patrimonio. El boletín 16.112-07 amplía el delito de usurpación de nombre del art. 214 del Código Penal para incluir la suplantación de “la identidad física o virtual de otro, mediante la simulación nominativa, visual, auditiva o el uso de datos personales”. Pese a que su título y objetivo apuntan a sancionar el uso de IA, la norma propuesta no lo menciona específicamente. De esta forma, es uno de los pocos proyectos tecnológicamente neutros, pues describe la conducta independientemente de la herramienta tecnológica empleada.

En contraste, los proyectos relacionados con el fraude y la estafa sí mencionan expresamente la IA. El boletín 15.935-07 incorpora el uso de la IA y de “tecnologías similares” como medio de defraudación en los arts. 468 y 469 del Código Penal. Por su parte, el boletín 18.765-07 modifica la Ley 21.459 sobre delitos informáticos para considerar que habrá “manipulación de un sistema informático” cuando se utilicen sistemas de IA “u otros medios tecnológicos” para inducir a error a una persona o a un sistema, con fines económicos. A diferencia del proyecto anterior, este también impone a las plataformas la obligación de establecer canales de denuncia y de preservar los antecedentes relacionados con estos delitos.

En el ámbito penal también existe un proyecto que no solo apunta a los deepfakes, sino que propone una modificación más general: el boletín 16.021-07 busca agregar al art. 12 del Código Penal la agravante genérica de “cometer el delito mediante el uso o por medio de inteligencia artificial”, aplicable a cualquier delito. En Latinoamérica, Perú aprobó en 2025 una ley que establece una agravante general similar (Ley 32.314).

b. Deepfakes y manipulación de elecciones

Además de los deepfakes que causan daños individuales, los parlamentarios también han presentado propuestas para abordar sus posibles daños colectivos, como la interferencia en los procesos electorales.

El boletín 17.977-06 opta por la sanción penal. El proyecto modifica la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para sancionar con reclusión menor en su grado mínimo a quien produzca, difunda o reproduzca material generado con IA con el fin de “denostar candidaturas, engañar o confundir a la ciudadanía” en el contexto de un proceso electoral. El boletín 18.669-06, en cambio, se enfoca en la transparencia y multas. Este proyecto prohíbe contratar cuentas automatizadas para hacer propaganda política (las llamadas “granjas de bots”), exige declarar ante el Servel la contratación de servicios de posicionamiento digital, obliga a etiquetar la propaganda creada con IA y prohíbe la propaganda sintética que una persona pueda razonablemente creer auténtica. Las infracciones se sancionan con la exclusión de gastos electorales y multas de hasta 300 UTM.

Los deepfakes electorales también están siendo regulados a nivel comparado, aunque con mayor resistencia que otros tipos de contenido sintético. En EE.UU., por ejemplo, si bien cerca de 30 estados regulan este tipo de deepfakes, recientemente una Corte de distrito anuló una ley que los sancionaba en California, por considerarla contraria a la libertad de expresión y por existir alternativas menos restrictivas, como el contradiscurso y el chequeo de datos (Kohls v. Bonta, 2025). Por su parte, Europa ha puesto el foco en los proveedores de IA: el Anexo III del Reglamento de IA califica como de alto riesgo a los sistemas destinados a influir en el resultado de una elección, lo que los somete a exigentes obligaciones de gestión de riesgos.

c. La vía no penal: etiquetado, watermarking y derecho a la propia imagen

Existen diversas alternativas para combatir los deepfakes que van más allá de las sanciones penales y que también son consideradas por los proyectos. Una primera alternativa es el uso de etiquetas y marcas de agua que permitan distinguir lo real de lo sintético. En general, las técnicas de etiquetado se diferencian entre aquellas que son visibles y dirigidas al público (como una leyenda que diga “generado por IA”) y las invisibles, como las marcas de agua, que incrustan en el contenido señales generalmente imperceptibles (por ejemplo, ciertos patrones de información) que solo un software puede detectar (Rijsbosch y otros, 2025). Sin embargo, hasta ahora, estos métodos no son infalibles y suelen ser fácilmente manipulables (Srinivasan, 2024).

Aun así, jurisdicciones como China, ciertos estados de EE.UU. y la UE han establecido obligaciones de etiquetado. Por ejemplo, el artículo 50 del Reglamento europeo de IA exige tanto leyendas visibles (cuando la IA se use para generar deepfakes y textos de interés público) como etiquetas invisibles (obligatorias para los proveedores de IA). Sumado a esto, en junio de 2026 la Comisión Europea publicó un Código de Buenas Prácticas voluntario que especifica las distintas formas de etiquetado exigidas por el Reglamento.

En Chile, existen tres proyectos que establecen este tipo de medidas. El boletín 17.618-19 obliga a quienes desarrollan u operan sistemas de IA a incluir un sello visible (“Generado por IA”) y una marca de agua invisible, aunque solo en el contenido que utilice datos personales, con excepciones para el arte, el uso privado y la investigación. El boletín 17.810-19 es casi idéntico al anterior pero menos específico: delega los detalles del sello a un reglamento. Por su parte, el boletín 18.512-03 traslada la misma lógica al ámbito de la publicidad: incorpora, en la Ley 19.496 sobre protección de los consumidores, la obligación de incluir una leyenda visible en la publicidad “sustancialmente creada” con IA, aunque no sea necesariamente engañosa.

Otra forma de alejarse de las soluciones penales para combatir los deepfakes es recurrir a los derechos asociados a la propia imagen. En su versión aprobada en general en sala, el boletín 17.795-19 crea un derecho para que la imagen, el cuerpo o la voz de una persona no sean utilizados para generar representaciones digitales verosímiles pero falsas mediante IA, y  prohíbe su generación y difusión, salvo cuando se trate de contenido claramente identificable como sátira, crítica o expresión artística. Además, se aplica tanto a quienes las crean como a las plataformas digitales. Estas tienen la obligación de etiquetar el contenido sintético, contar con un canal de denuncias y responder en un plazo máximo de 72 horas desde la denuncia del afectado. La encargada de supervisar estas obligaciones es la Agencia de Protección de Datos Personales, que puede imponer multas de 5.000 a 10.000 UTM. En la discusión del proyecto, los parlamentarios citaron como ejemplos de regulación comparada la ya mencionada TAKE IT DOWN Act estadounidense y una ley aprobada en 2025 en Dinamarca, que crea derechos de autor sobre la propia imagen para limitar los deepfakes.

d. Niñez y educación

La protección de menores de edad en entornos digitales es una de las áreas de mayor actividad comparada y, en Chile, concentra uno de los proyectos más ambiciosos relacionados con la IA. El boletín 18.318-19, refundido con otros tres proyectos y con indicaciones del Ejecutivo, busca combatir los efectos nocivos de los modelos de negocio de las plataformas sociales sobre los menores. La propuesta prohíbe el acceso de menores de 14 años a redes sociales (y lo condiciona a la autorización parental hasta los 16 años), y prohíbe los diseños algorítmicos adictivos (como el scrolling infinito), la publicidad dirigida y el perfilamiento cuando se aplican a menores. En materia de IA, la propuesta además prohíbe ofrecer a menores chatbots que simulen vínculos afectivos, promuevan conductas ilícitas, se presenten como personas o fomenten la dependencia. Las multas alcanzan hasta el 4% de los ingresos globales de las plataformas, pero el “organismo fiscalizador” al que se refiere el proyecto no está definido.

El proyecto combina varias tendencias regulatorias comparadas en la materia: la prohibición del acceso de menores de 16 años a las redes sociales en Australia (Online Safety Act); la prohibición del perfilamiento publicitario y del diseño adictivo para menores en Brasil (ECA Digital); y la regulación de los chatbots “de compañía” para menores en California (SB 243). En Europa, además de las obligaciones del Reglamento europeo de IA, la Comisión Europea presentó recientemente ante el Parlamento la EU KIDS Act, que, al igual que el proyecto chileno, establece restricciones de acceso, prohíbe el diseño adictivo y limita el uso de chatbots de compañía por parte de menores.

Otros proyectos asociados a la niñez se enfocan más en la formación educativa que en el diseño de las plataformas. El boletín 18.507-04 busca combatir la pérdida del pensamiento crítico y el exceso de confianza en la IA mediante la incorporación del pensamiento computacional y de la comprensión crítica de la IA en los objetivos de la educación básica y media. Por su parte, el boletín 17.791-04 se centra en prevenir los efectos dañinos de la difusión de deepfakes en contextos educativos: obliga a los colegios a realizar al menos tres charlas anuales sobre el uso ético de la IA y a establecer protocolos frente a la difusión de contenido falso que menoscabe a un estudiante.

e. Sector salud

A diferencia de otros ámbitos abordados por los proyectos de ley, el sector de la salud cuenta con propuestas más específicas y discretas. Ello, a pesar de que organizaciones como la OCDE y la OMS han advertido que el uso de estas herramientas en el ámbito clínico requiere los niveles más estrictos de supervisión, debido a su impacto directo sobre la vida, la integridad física y la privacidad de las personas.

El boletín 16.387-19 dispone que las mamografías “podrán ser analizadas” mediante IA para la detección de lesiones malignas. El proyecto no establece medidas de responsabilidad ni de supervisión humana y, al no existir actualmente una prohibición legal clara al respecto, su efecto es más bien declarativo que habilitante. Esto, a diferencia del boletín 17.982-19 que exige autorización de comités de ética, supervisión humana, evaluación de riesgos y trazabilidad de datos para la investigación biomédica con IA.

La ausencia de proyectos más exigentes en este ámbito podría explicarse porque la versión actual del proyecto general de IA, inspirado en la reglamentación europea, ya contempla disposiciones aplicables a los sistemas que presenten un riesgo significativo para los derechos fundamentales. Al respecto, el Reglamento europeo de IA clasifica diversos usos de la IA en el ámbito sanitario (por ejemplo, en sistemas de triaje de urgencias) como de alto riesgo y los regula mediante obligaciones de seguridad, transparencia y supervisión.

f. Ciberseguridad

Los agentes de IA suelen describirse como entidades autónomas construidas dentro de un sistema de IA diseñadas para ejecutar tareas orientadas a un objetivo (Sapkota y otros, 2026). Esa autonomía plantea riesgos de ciberseguridad no solo cuando los agentes se utilizan para atacar otros sistemas, sino también cuando exceden los permisos que se les otorgaron. Ambos riesgos han recibido creciente atención desde el hackeo de Hugging Face por agentes de OpenAI. En EE.UU., incidentes como este han motivado incluso un proceso de revisión previa de los modelos de frontera (ver nota CeCo “De Biden a Trump”).

En Chile, hasta ahora, existe un único proyecto centrado en estos riesgos. El boletín 18.820-19 busca modificar la Ley 21.663, Marco de Ciberseguridad, para que las instituciones privadas sujetas a ella que operen agentes de IA les asignen a estos una identidad digital, limiten y registren sus permisos y delegaciones, conserven registros de sus actuaciones y cuenten con controles que los agentes no puedan modificar.

A nivel comparado, los agentes de IA suelen estar sujetos a normas generales de ciberseguridad y las reglas específicas para ellos, como las propuestas por el proyecto chileno, son poco comunes. Sin embargo, algunos autores han empezado a advertir sobre la necesidad de adaptar las ya recientes regulaciones sobre IA a la autonomía demostrada por los agentes, especialmente en materia de ciberseguridad (Gardhouse y Oueslati, 2026).

g. Competencia desleal y “destilación” de IA

Todos los proyectos revisados hasta aquí protegen a las personas frente a la IA. El boletín 18.117-19 invierte esa lógica y protege a los desarrolladores de IA frente a sus competidores. Su objetivo es limitar la destilación, es decir, entrenar un modelo de IA menos capaz con las respuestas de otro más avanzado. Esta es una técnica habitual en la industria, pero puede volverse controvertida cuando un competidor la utiliza valiéndose de medios ilegítimos o eludiendo los términos de uso del modelo (ver columna de Piero Rojas para CeCo “Destilar al competidor”). En concreto, el proyecto incorpora en la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual una prohibición contra la recopilación “automatizada, sistemática y sustancial” de salidas de sistemas algorítmicos para entrenar un modelo que replique su “funcionalidad económica”, siempre que el sistema esté protegido por “medidas contractuales o técnicas razonables”, y además tipifica esta conducta como acto de competencia desleal en la Ley 20.169.

A nivel comparado, ningún ordenamiento sanciona la destilación como tal: en EE.UU. se ha tratado de abordar este tema por la vía de la infracción contractual o del fraude informático, y aunque existe un reciente proyecto de ley (H.R. 8283) presentado ante la Cámara de Representantes, este solo habilita sanciones contra entidades extranjeras. Por otra parte, la destilación legítima es una fuente importante para la creación de modelos abiertos de IA que ejercen presión competitiva sobre los grandes modelos cerrados, por lo que este tipo de normas conlleva el riesgo de proteger en exceso a los incumbentes y de cerrar el mercado (Sokhansanj, 2026).

Desafíos de una regulación fragmentada

Aunque hasta ahora poco explorado, desentrañar el contenido de estos 19 proyectos resulta fundamental por varias razones. Primero, porque uno de los ejes presentados por el Ejecutivo al anunciar su nueva ley marco es apoyarse en la legislación sectorial cuando sea posible. Tanto si esa idea se concreta como si no prospera ningún tipo de regulación general de IA en Chile, la normativa sectorial y este tipo de mociones podrían dejar de ser meros complementos para convertirse en el principal canal de regulación de la IA en Chile.

Segundo, si bien el enfoque sectorial podría traer grandes beneficios (como acercar las normas al regulador que mejor conoce el ámbito en el que se aplican), también conlleva riesgos importantes. El principal es que la falta de coherencia entre las diversas respuestas sectoriales del legislador de lugar a un mosaico regulatorio mal coordinado que, sin quererlo, se convierta en una barrera regulatoria ineficiente. Solo como ejemplo, en los 19 proyectos se pueden encontrar al menos cuatro definiciones distintas de lo que es el contenido sintético creado con IA. Adicionalmente, de aprobarse tanto una ley general de IA como estas propuestas sectoriales (o parte de ellas), el regulador tendría la compleja tarea de coordinarlas entre sí. Por ejemplo, el texto de la ley general de IA despachado por la Cámara en 2025 (el que sigue la reglamentación europea) ya contiene obligaciones (como identificar el contenido sintético y establecer programas de alfabetización) que podrían superponerse a varios de los proyectos sectoriales aquí analizados.

A ello se suman problemas de calidad legislativa: remisiones erróneas, superposiciones entre proyectos y justificaciones ajenas al objeto, como un caso de deepfakes en un colegio invocado para fundamentar la regulación de campañas electorales. Además, algunos proyectos tampoco son claros respecto de las agencias estatales encargadas de aplicar estas normativas, al aludir de forma genérica a “organismos competentes” u “organismos fiscalizadores”.

Por otro lado, si bien parte de estas propuestas parecen apuntar a resolver verdaderos vacíos legales, para otras esto resulta dudoso. Un ejemplo es el proyecto de ley sobre destilación: como sostiene el análisis de Piero Rojas, si lo que se busca es sancionar la destilación de IA que se vale de medios ilegítimos (como el uso de cuentas falsas o la elusión de controles de acceso), entonces las disposiciones generales de la Ley de Competencia Desleal podrían ser suficientes.

Propuestas muy específicas, como las de destilación o el proyecto de ciberseguridad centrado en agentes de IA, abren una discusión casi ausente en Chile sobre los beneficios y desafíos de apuntar a regulaciones tecnológicamente neutras, es decir, inespecíficas respecto de la herramienta tecnológica que buscan regular. Ello, puesto que las normas muy detalladas corren el riesgo de quedar obsoletas con mayor rapidez, sobre todo cuando hablamos de escenarios tecnológicos particularmente cambiantes, como en el caso de la IA (Marchant et al., 2011). Al mismo tiempo, la neutralidad no siempre basta para que las leyes se adapten a los cambios tecnológicos (Bennett Moses, 2007) y, a veces, puede implicar desventajas, como trasladar a jueces generalistas la tarea de adaptar las normas a nuevos contextos tecnológicos y aumentar la incertidumbre jurídica (Greenberg, 2016).

Quizás el desafío no es si Chile tendrá o no una ley de IA, sino cuántas tendrá. Mientras el debate sobre la ley general de IA se concentra en elegir entre el modelo europeo y uno habilitante, estas 19 mociones van delineando, por partes, una regulación que el legislador no ha diseñado como un todo. El desafío no es necesariamente frenarlas, sino que exista coherencia entre todas ellas.

Fernanda Muñoz R.

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