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El 4 de septiembre de 2025 venció el contrato de concesión para operar –monopólicamente– el transporte de buses en la ruta Aguas Calientes – Santuario Histórico, en la ciudad del Cusco. Este contrato fue otorgado por la Municipalidad Provincial de Urubamba al Consorcio de Empresas de Transporte Turístico Machupicchu (“Consettur”) a través de una licitación pública en 1995. El contrato tenía una duración original de dos años, pero el plazo de vencimiento habría ido siendo alargado por decisiones entre ambas partes sin procesos abiertos, por lo que el contrato se terminó extendiendo por 30 años (ver Informe de Indecopi, p. 8).
La falta de una nueva licitación convocada por la autoridad (Municipalidad Provincial de Urubamba) desató un conflicto social que paralizó el acceso al santuario mediante esta ruta desde el 7 de septiembre, todo esto puso en evidencia los riesgos asociados a este monopolio que ha fue mantenido de forma irregular.
Si bien Machu Picchu puede visitarse de tres formas, la más común, rápida, cómoda y segura, es tomar el tren de Cusco u Ollantaytambo a Aguas Calientes y de allí tomar el bus hasta la entrada del santuario mediante la Ruta Hiram Bingham. Este trayecto en el que opera Consettur dura aproximadamente entre 25 a 30 minutos y constituye actualmente la única vía terrestre habilitada desde Aguas Calientes, ya que la caminata de casi dos horas por la ruta no resulta ser un sustituto razonable. Por lo tanto, se trata de un activo estratégico e indispensable para el adecuado funcionamiento del turismo hacía Machu Picchu.
Tras el vencimiento del contrato de concesión por el plazo de 30 años, Consettur solicitó a la Municipalidad Provincial de Urubamba una ampliación de plazo. La municipalidad no respondió a la solicitud, por lo que la empresa interpretó que esta habría sido aprobada mediante la figura legal del “silencio administrativo positivo”, permitiendo que esta continuara operando momentáneamente en la zona. En paralelo, la municipalidad implementó un Plan de Contingencia y, mediante adjudicación directa, le otorgó un título habilitante a Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy (“San Antonio”), empresa que forma parte del consorcio Consettur, para seguir prestando el servicio de transporte hacia Machu Picchu.
Esta situación, sumado a las expectativas de los pobladores sobre el ingreso de nuevas empresas a esta ruta, generaron una fuerte tensión social en la zona, que culminó en un atentado contra uno de los buses de Consettur. Frente a ello, la empresa anunció la suspensión de sus operaciones alegando la necesidad de proteger la integridad de turistas y trabajadores. La pugna interna desató enfrentamientos y protestas que derivaron en la suspensión del acceso a Machu Picchu por casi dos semanas. El impacto fue inmediato, más de 1.400 turistas quedaron varados y al menos 14 efectivos policiales resultaron heridos en los operativos de evacuación de los turistas (El Comercio, 2025). Según reportes de prensa, las pérdidas económicas superaron los US$ 14.35 millones y los gremios advirtieron que, de prolongarse la crisis, el turismo receptivo caería hasta en un 30% (El Comercio, 2025).
Este episodio evidencia los riesgos de una deficiente gestión por parte de la autoridad, que no diseñó un esquema de transición tras el vencimiento del contrato, toleró que Consettur invocará el silencio administrativo positivo para prolongar su exclusividad y, finalmente, adjudicó directamente la operación a una empresa vinculada al mismo consorcio, sin abrir un proceso competitivo ni garantizar transparencia.
El 22 de septiembre, la Presidencia del Consejo de Ministros y autoridades regionales habrían alcanzado un acuerdo temporal para que Consettur y San Antonio presten conjuntamente el servicio de transporte, hasta que se convoque una licitación pública (El Peruano, 2025). Si bien esta medida permitió restablecer la continuidad al servicio, la futura licitación plantea dudas sobre si realmente será el inicio de un nuevo esquema competitivo o, más bien, representará una simple transferencia del monopolio a un nuevo agente.
En esa línea, hay quienes sostienen que el concurso anunciado, sin detalles de condiciones o plazo, probablemente lo único que produzca sea un cambio de manos del monopolio. En ausencia de competencia efectiva ex ante (o “por la cancha”), nada asegura que el nuevo operador que se adjudique el contrato se comporte de manera distinta al anterior. Esta falta de competencia explica, además, el problema de las elevadas tarifas para un servicio que toma aproximadamente entre 25 a 30 minutos. A los turistas extranjeros se les cobra una tarifa, para un viaje de ida y vuelta, de US$24 para los adultos y US$12 a los niños; a los nacionales, US$15 y US$8 respectivamente; mientras que los cusqueños y residentes de Machu Picchu pagan US$5,39 y US$2,30. Si bien la diferenciación de precios puede tener sentido en ciertos casos, hacerlo en función del distrito de residencia dentro del mismo país resulta difícil de justificar. Es más, de acuerdo con Indecopi en las bases de la licitación del contrato original por el plazo de 2 años se especificó, entre las obligaciones del postor que resultase ganador, no debía variar las tarifas entre turistas nacionales o extranjeros (Indecopi, 2017, p. 30). Por ello, el esquema tarifario actual, más que un problema independiente, constituye la (ver columna de Alejandro Falla).
Aunque, este nuevo escenario asegura la continuidad del servicio tras semanas de incertidumbre, también evidencia la necesidad de repensar el modelo bajo el cual se realizará la nueva concesión. En el 2017, Indecopi propuso una alternativa en pro de fomentar la competencia, recomendando que tras finalizada la concesión de Consettur, se diseñara un concurso teniendo en cuenta las siguientes variables: (i) el precio cobrado a los usuarios finales; (ii) el pago de una contraprestación mensual al Municipio; y, (iii) la participación de empresas locales (Indecopi, 2017, p. 48).
Una solución complementaria para abordar la falta de competencia en el traslado entre Aguas Calientes y la entrada al Santuario Histórico es la implementación de un teleférico con tarifas reguladas. Esta medida resulta viable dada la alta demanda de visitantes y la corta distancia del recorrido, permitiendo, además, evitar un aumento en la presión sobre la capacidad de carga turística de Machu Picchu y contribuir a la preservación de este patrimonio mundial.
El proyecto de un teleférico hacia Machu Picchu no es una idea nueva, la propuesta ha sido discutida desde 1997. Incluso el 19 de junio del 1998 se llegó a firmar del contrato de concesión para el diseño, construcción y operación del servicio. No obstante, el proyecto no se concretó debido a la oposición social, la ausencia de un estudio de impacto ambiental y, como factor decisivo, una advertencia de la UNESCO respecto a la posibilidad de nombrar a Machu Picchu como patrimonio mundial en peligro (ver artículo de Adolfo Medrano).
Entre las ventajas destacadas por los promotores del teleférico se encuentran: (i) la reducción del tiempo de viaje; (ii) la posibilidad de disfrutar vistas panorámicas únicas; (iii) el uso de energía limpia con menor huella ambiental y acústica que la de los buses; y (iv) el potencial de diversificar los horarios de acceso, reduciendo la congestión en las horas punta. Se estima que el pasaje tendría un costo de US$ 12 por tramo, con un valor agregado asociado a la experiencia turística premium. Aunque el teleférico supone una alta inversión inicial, tiene menores costos de operación, menor impacto ambiental y mayor capacidad de control de flujos que los buses que hoy operan en la zona. En ese sentido, podría convertirse en una alternativa más eficiente a largo plazo.
En línea con la construcción del teleférico, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú viene impulsando el desarrollo de siete proyectos de teleféricos regionales por un monto combinado superior a los US$ 460 millones, de los cuales cuatro se ubicarán en Cusco, región emblemática del turismo cultural peruano. Entre ellos destaca el Teleférico a Choquequirao, cuya adjudicación está prevista para el segundo trimestre el año 2026 y que demandará una inversión aproximada de US$ 261 millones. Este moderno sistema de transporte por cable, con una longitud de 10,6 kilómetros, permitirá reducir el tiempo de acceso al Monumento Arqueológico de Choquequirao de más de dos días de caminata a tan solo 20 minutos. Se proyecta que atraerá a más de un millón de visitantes anuales, consolidando a Choquequirao como un nuevo polo turístico internacional y como alternativa estratégica para descongestionar Machu Picchu.
En conclusión, el fin del monopolio de Consettur no debería desperdiciarse en una simple rotación de operadores en un Plan de contingencia temporal e improvisado que adjudique directamente la concesión a los mismos de siempre. Más allá de la urgencia por garantizar la continuidad del servicio, el verdadero desafío consiste en diseñar un modelo de concesión (y licitación) que promueva competencia real, reglas claras y sostenibilidad a largo plazo. Este contexto ofrece una oportunidad única de repensar el esquema de concesiones, incorporando mecanismos que aseguren competencia genuina y evitar la reconcentración del mercado.
Asimismo, el impulso de alternativas como el teleférico no debe entenderse solo como una innovación tecnológica, sino como una vía para introducir competencia adicional, diversificar el acceso y fortalecer la preservación ambiental del santuario. La clave de esto está en crear competencia en dos niveles, primero por el mercado, mediante la adjudicación de dos concesiones separadas e independientes para buses y teleférico, y otra en el mercado, donde será el turista quien elija libremente entre ambas opciones según sus preferencias de precio, experiencia, tiempo y comodidad.
