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De cara a las elecciones presidenciales que se avecinan en Chile (noviembre), en CeCo nos propusimos revisar los programas de los candidatos a través de una mirada neutra, descriptiva y comparativa, enfocándonos en los aspectos económicos y regulatorios.
A continuación, presentamos una síntesis de las propuestas programáticas del candidato Franco Parisi Fernández, abanderado del Partido de la Gente. Esto, en torno a cinco ejes principales: (i) Libre competencia; (ii) Rol del Estado en la economía; (iii) Sectores económicos; (iv) Política fiscal; y (v) Otros aspectos relevantes.
Cabe señalar que, en esta ocasión, Parisi enfrenta su tercera elección presidencial. Su programa actual contempla dos ejes principales: (i) reducir el gasto fiscal y (ii) aliviar a la clase media con rebajas tributarias (para un análisis de su programa de 2021 ver nota CeCo acá).
El programa de este año no incluye ninguna medida sobre libre competencia ni cambios institucionales al TDLC o a la FNE. En el programa de 2021 sí existía una referencia, pues se proponía aumentar las multas para el ilícito de colusión, con “a lo menos del 70% de lo defraudado” (Propuesta 177).
Por otra parte, si bien se trata de un aspecto secundario del programa (de este año), cabe reparar en la propuesta sobre fomento de cooperativas de pequeños y medianos productores (Propuesta 12.9). En efecto, el candidato plantea permitir que las cooperativas se organicen bajo el liderazgo del INDAP para generar poder de compra y “negociar precios y condiciones frente a compradores dominantes” (p. 99). El programa señala expresamente que esto se haría en cumplimiento del DL 211, pues “se prohibirá coordinar restricciones de producción”, agregando que el foco de la propuesta es “comprar insumos, capital común y vender producción en conjunto para negociar mejor”. Sin embargo, no queda claro por qué esta forma de coordinación no constituiría una infracción al DL 211.
En una línea similar de “asociatividad” empresarial, aunque en materia de fomento a la innovación, el programa propone crear –o permitir la creación de- “consorcios sectoriales y territoriales”. Estos consorcios estarían integrados por universidades estatales, centros públicos, empresas y/o cooperativas, “con un portafolio compartido para licencias multilaterales y uso cruzado de propiedad intelectual” (p. 105).
Parisi plantea un Estado “consciente e inteligente”, enfocado en facilitar y colaborar con el sector privado. De hecho, se indica que el Estado debe “posicionarse como stakeholder estratégico, siendo participante, aportante y desarrollante en la cadena de valor” (p. 6). Así, la idea es que el Estado acompañe el desarrollo productivo, sin reemplazar ni competir con las empresas, sino que generando alianzas público–privadas.
Un ejemplo de este rol “participante” del Estado es la propuesta sobre el litio (Propuesta 10.1), que plantea concesionar su explotación mediante licitaciones públicas, pero asegurando participación estatal en la propiedad de las empresas privadas adjudicatarias (aunque sin indicar qué porcentaje accionario se buscaría). En la misma línea, se propone crear una red de capitales ángeles (Propuesta 9.5) con incentivos tributarios para impulsar la inversión privada en startups de sectores estratégicos, reforzando el rol estatal como “facilitador” o habilitador de innovación y emprendimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, el candidato sí tiene algunas propuestas más intensivas en cuanto al rol del Estado. Una de ellas es en materia eléctrica, proponiendo crear una “Empresa Nacional de Transmisión”, que utilice tecnología IoT (Internet of Things) con el fin de realizar un monitoreo predictivo para evitar vertimientos de energía eléctrica (Propuesta 11.2).
Por otro lado, en materia de derechos sociales, en salud se propone ampliar convenios público–privados para gestionar urgencias y aliviar la carga hospitalaria (Propuesta 2.2). En educación se plantea un modelo de formación dual en la enseñanza técnico–profesional, articulado con empresas y acompañado de incentivos tributarios (Propuesta 3.2). En vivienda, se sugiere conceder el uso de terrenos estatales en comodato para proyectos habitacionales, habilitando así la participación privada en la provisión de un bien social.
A continuación se señalan algunas medidas contenidas en el programa para los sectores de minería, agricultura e infraestructura pública.
Se propone un Fondo Estratégico de Innovación Minera público–privado (Propuesta 10.4), financiado con parte del royalty minero, para proyectos de I+D en eficiencia hídrica, energética y sostenibilidad. El objetivo de esta medida es ligar la competitividad del sector a su modernización tecnológica mediante cooperación con el Estado.
De manera complementaria, se propone la creación de “sandboxes regulatorios” (Propuesta 10.7) para la innovación minera. Esta figura permitiría que las empresas y startups puedan probar tecnologías en faenas mineras (como robots autónomos) bajo supervisión pública, sin tener que obtener todos los permisos que necesitaría bajo la regulación vigente.
Entre las variadas propuestas del candidato en esta materia, en este espacio nos referiremos a aquella que busca crear un “portafolio agrícola” a las empresas, para entregarles “información crítica para proteger ingresos y elevar rendimiento” (Propuesta 12.14). El diagnóstico que justificaría esta propuesta es la falta integración y estandarización de las plataformas de información de ODEPA, el SAG, Agromet y la DGA, en el sentido de que los datos estarían dispersos. Esto generaría que los agricultores (especialmente las PYMEs) tomen decisiones con información incompleta, analizando erróneamente el riesgo y los costos.
De este modo, se propone que el Estado financie una plataforma de datos abierta, que contenga información meteorológica (alertas), de capacidad de uso de suelos, sanitarias (alertas) y también de mercado. En este último punto el programa indica que se trataría de “referencias ODEPA integradas en tiempo casi real al tablero comunal”, y de “monitoreo de precios y calendarios de venta” (p. 107).
El programa advierte que Chile invierte poco en infraestructura (2,5% del PIB, frente al 5% de países desarrollados) y enfrenta cuellos de botella administrativos y normativos que traban la ejecución de obras. Frente a ello, propone una Política Nacional de Infraestructura y Logística Estratégica (Propuesta 17.2), bajo un esquema de colaboración público–privada.
En materia de infraestructura, el plan contempla priorizar proyectos estratégicos bajo un régimen de urgencia, modernizar la normativa para agilizar contratos, establecer una regla fiscal que eleve la inversión pública de forma sostenida, y abrir espacio a soluciones innovadoras como el Financiamiento Urbano Compartido (FUC), infraestructura digital y un marco regulatorio para data centers.
En materia de logística, se busca reorganizar la institucionalidad revitalizando la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (CONALOG), integrar de mejor forma a los puertos y las aduanas, impulsar corredores bioceánicos y potenciar el transporte ferroviario de carga para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad.
Se plantea un reordenamiento de las finanzas públicas bajo la premisa de que el Estado debe ser más austero, eficiente y responsable en el uso de los recursos. Esta visión combina dos ejes: (i) la reducción del gasto excesivo y la mejora en la gestión pública; y (ii) ajustes tributarios orientados a reducir la carga de las familias.
El diagnóstico es que el actual sistema de evaluación de programas: (i) privilegia el cumplimiento de metas formales por sobre la calidad, eficiencia o impacto económico del programa, (ii) evalúa sólo una fracción del gasto, y (iii) carece de sanciones efectivas frente a programas mal evaluados.
Las propuestas (1.1 a 1.4) buscan reordenar este sistema mediante cuatro ejes: (i) dar mayor peso a los indicadores de eficiencia, economía y calidad; (ii) ampliar la cobertura de evaluaciones para incluir programas con alta ejecución o riesgo fiscal; (iii) establecer la suspensión de financiamiento a programas que mantengan deficiencias tras dos evaluaciones negativas; y (iv) retomar las evaluaciones sectoriales, para identificar duplicidades y mejorar la coordinación del gasto en áreas estratégicas.
Respecto a las remuneraciones de altos cargos estatales, se busca seguir un principio de austeridad y rendición de cuentas. Entre las medidas para ello destacan: fijar un tope de $5 millones mensuales para la Alta Dirección Pública (Propuesta 1.5); instaurar un modelo de remuneraciones variables en empresas estatales estratégicas, vinculado a productividad, transparencia y retorno fiscal (Propuesta 1.8); y establecer topes y mayor transparencia en los sueldos de embajadores, limitando beneficios indirectos y gastos de representación, además de aplicar auditorías externas (Propuesta 1.11).
En este punto se destacan dos propuestas. La primera es la eliminación del IVA a los medicamentos (Propuesta 9.1), basada en el diagnóstico de que este impuesto encarece el acceso a la salud y eleva considerablemente el gasto de bolsillo, en particular para adultos mayores y pacientes crónicos. La iniciativa contempla una etapa inicial con devolución mensual del IVA y, en el largo plazo, una reforma legal que fije tasa 0 en medicamentos.
La segunda medida es la devolución del IVA aplicado a la canasta básica (Propuesta 9.2), que responde al carácter regresivo de este tributo: los hogares de menores ingresos destinan más del 30% de su presupuesto a alimentos y bienes esenciales. Para enfrentar esta situación, se propone un esquema universal de devolución mensual con tope de entre $25.000 y $35.000 por hogar, gestionado automáticamente por el SII.
Además de sus ejes centrales, el programa de Parisi incorpora un conjunto de propuestas heterogéneas que apuntan a ámbitos tan diversos como la lucha contra la corrupción, la economía digital y el apoyo a PYMEs.
Se plantea introducir un sistema de delación compensada en casos de corrupción (“Ley Topo”). Así, quienes revelen actos ilícitos en el aparato estatal, recibirían hasta un 30% de los montos recuperados gracias a su denuncia.
La propuesta se asemeja al modelo whistleblower o de “recompensa”: funcionarios o ciudadanos externos al ilícito entregan información clave. Incluye protección legal, anonimato y sanciones contra el uso abusivo del mecanismo.
Se propone reconocer los e-sports como disciplina deportiva digital (Propuesta 13.2), incorporándolos al Sistema Nacional del Deporte y habilitando su desarrollo formal mediante clubes, federaciones y competencias. Esto, considerando que Chile combina una de las tasas más altas de penetración gamer en la región (con ventajas tecnológicas que lo posicionarían como hub digital), pero actualmente carece de reconocimiento legal, financiamiento y formación técnica para el sector.
La propuesta busca convertir a los e-sports en una industria emergente que genere empleo juvenil, innovación y retorno fiscal. Contempla una inversión pública de $1.500–$2.000 millones anuales para torneos, clubes y capacitación, con retornos fiscales proyectados sobre $5.000 millones.
En esta materia, se propone la “Ruta Emprende Seguro” (Propuesta 9.3), que incluye exención tributaria por 12 meses, un bono de formalización, plataforma digital única, ranking de municipios y acceso simplificado a compras públicas. Se suman tutorías, capacitación práctica y una interfaz digital más amigable del SII, con el fin de reducir barreras burocráticas y facilitar la formalización.
Fuente: Elaborada por CeCo en base al programa, fijando como tope máximo 40 palabras y eliminando stopwords (palabras frecuentes que no aportan significado, como artículos, preposiciones, conjunciones y pronombres).
*Ver programa F. Parisi
