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Aquí estamos, nuevamente. Eso de la nueva Constitución, cual embarazo sin alumbramiento, más que sueño parece pesadilla. Ahora vamos por el tercer intento. Primero vino el proyecto de Bachelet, que se presentó en los últimos días de su segundo mandato -por allá el año 2018- y emocionó menos que un discurso de colegio de fin de año. Luego llegó ese carnaval nihilista de la Convención Constituyente del 2022 que, gracias a Dios, terminó en un fracaso rotundo. Y ahora vamos enfilando por este nuevo camino -quizás para algunos cornisa-, con la Comisión Experta y el Consejo Constitucional, que nos llevó a las urnas el 7 de mayo pasado.
«En libre competencia se dice que “es deber del Estado promover y defender la libre competencia en las actividades económicas”, siguiendo la tradición que se instauró en Chile con la ley de competencia de 1959 y evitando el embrollo propuesto en el borrador del 2022 (que iba a producir dolores de cabeza a la institucionalidad de libre competencia)»
En sencillo -tome aire porque esto es enredado, incluso en versión “peras y manzanas”-, el actual derrotero se inició con la reforma de la Constitución vigente para regular este nuevo proceso constituyente. Luego, el Congreso eligió a 24 profesionales para conformar la Comisión Experta, que tiene que elaborar un anteproyecto. Esa Comisión empezó a trabajar en marzo de este año y tiene que terminar su trabajo a principios de junio.
La Comisión Experta ya aprobó en general, a mediados de abril, su anteproyecto. Recientemente, las 4 subcomisiones de dicho órgano discutieron y votaron las más de 900 indicaciones presentadas a dicho texto. Ahora toca que el pleno de la Comisión vote (en particular) el nuevo articulado del anteproyecto. Luego vendrá el turno del Consejo Constitucional, cuyos 51 integrantes (uno de ellos de los pueblos originarios) fueron elegidos por la ciudadanía e inician sus labores en junio.
El Consejo Constitucional deberá aprobar, modificar o incorporar nuevas normas al anteproyecto de la Comisión Experta por el quórum de tres quintos de sus miembros en ejercicio. Adicionalmente, se estableció un Comité Técnico de Admisibilidad, conformado por otras 14 personas elegidas por el Congreso, para velar porque se respeten las doce “bases institucionales y fundamentales” acordadas en la reforma de la actual Constitución (art. 154). Entre esas reglas están que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que se protege el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, y que se compromete el cuidado y conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Por último, y luego que el Consejo haya aprobado el texto definitivo propuesto, tendremos que volver a las urnas -para que desde ya lo anote en su calendario- el 17 de diciembre de este año.
Agotador, sin duda.
Pero se ve luz al final del túnel. El anteproyecto de la Comisión Experta, en su versión general, se lee bien y se entiende. El contraste con la propuesta del 2022 -ese imbunche colérico que fue desechado- es abismante. El actual anteproyecto recoge nuestro pasado, procesa el presente y se proyecta en los desafíos del futuro, como un automóvil que está provisto de espejo retrovisor, un buen y ancho parabrisas y un GPS para las curvas del largo plazo.
Teniendo a la vista principalmente las normas aprobadas en general por la Comisión, y en particular por las subcomisiones, déjenme ejemplificar las bondades del actual anteproyecto con algunas normas esenciales sobre régimen económico.
En las bases de la institucionalidad, se dispone que Chile “se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”. El Estado tiene que ser activo en promover derechos sociales, que es más intenso que contribuir a crear las condiciones sociales para la mayor realización posible, como lo dispone la actual Constitución. Esa promoción, sin embargo, debe hacerse con los recursos públicos con que se cuente, siguiendo los principios de eficiencia y eficacia, y apoyándose tanto en organismos estatales como privados.
En libre emprendimiento y Estado empresario, el anteproyecto sigue la buena senda de la Constitución actual. Se establece el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la salud pública, orden público o seguridad, en conformidad a la ley. Asimismo, se dispone que el Estado podrá desarrollar actividades empresariales siempre que se haga a través de una ley de quórum calificado (es decir, aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio). Lo que es más importante -y que se omitió en el proyecto del 2022-: tales actividades estarán sometidas a la legislación aplicable a los particulares, o sea, respetando el principio de la neutralidad competitiva, salvo las excepciones justificadas establecidas con una ley del mismo quórum.
En derecho de propiedad, se le reconoce tanto respecto de bienes corporales como incorporales, y se agrega el desarrollo sostenible como un criterio adicional de función social. La expropiación deberá indemnizarse por el daño patrimonial causado y se pagará en efectivo, alejándose de la incierta fórmula del “justo precio” de la propuesta del 2022. Además, se establece la propiedad intelectual, asunto omitido (salvo para los derechos de autor) en el texto del 2022, y se reconocen las concesiones mineras y los derechos de aprovechamiento de aguas (aunque se dispone que el Estado deberá garantizar el agua a las generaciones actuales y futuras, así como la prevalencia del consumo humano). Por su parte, los impuestos deben ser proporcionados y justos y su imposición sólo se puede hacer por ley de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
En libre competencia se dice que “es deber del Estado promover y defender la libre competencia en las actividades económicas”, siguiendo la tradición que se instauró en Chile con la ley de competencia de 1959 y evitando el embrollo propuesto en el borrador del 2022 (que iba a producir dolores de cabeza a la institucionalidad de libre competencia). Además, por primera vez se agregan normas sobre derecho de consumidores y se dispone que el Estado debe protegerlos ante prácticas abusivas.
Hasta ahora vamos bien. Habrá que ver en qué termina el anteproyecto final -no vaya a ser que algunos expertos se mareen con los resultados de las últimas elecciones- y cómo se comporta el Consejo Constitucional -que no caiga en el mismo error de la Convención del 2022, de pensar que están redactando un programa de gobierno para un país irreal-.
¿Por qué no vamos a ser capaces de acordar una nueva Constitución democrática y razonable, que establezca contrapesos efectivos entre un poderoso Estado y un poderoso sector privado, y que nos traiga bienestar y paz?
*Publicado en el diario El Mercurio (21 de mayo de 2023)
