Los economistas dedicados a la academia tienen un problema ético (ProMarket)

Esta nota corresponde a una traducción al español de una publicación original de Promarket.org, de fecha 6 de abril de 2026. Esto se realiza en el marco de un convenio de re-publicación suscrito entre CeCo y ProMarket (Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business).

En un reciente artículo, Kate M. Conlow explora cómo los débiles requisitos de disclosure de conflictos de interés están comprometiendo la investigación y perjudicando la elaboración de políticas públicas en los círculos de economistas dedicados a la academia

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El mes pasado, los senadores Chuck Grassley y Tina Smith propusieron la Ley para investigar la concentración en la industria ganadera, con especial énfasis en el impacto económico que esta tiene en la industria de empacado de carne de vacuno. Esto se produjo tras el llamado del presidente Donald Trump en noviembre de 2025 para que el Departamento de Justicia investigara los persistentes problemas que tenían los precios y concentración en el sector cárnico de los Estados Unidos. La directiva respondió al aumento de los precios de la carne en las tiendas de abarrotes, la disminución de los pagos a los ganaderos y la preocupación pública por el poder de mercado de las ‘Cuatro Grandes’ —JBS, Cargill, Tyson Foods y National Beef— que juntas controlan el 85% del procesamiento de carne de vacuno en EE. UU.

Los problemas identificados por la directiva de Trump no son nuevos. En 2021, el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) encargó a un grupo de economistas de universidades land-grant el estudio de muchas de estas mismas preocupaciones. El resultado fue un informe de 200 páginas que, en gran medida, restó importancia al poder de mercado de las Cuatro Grandes, concluyó que la concentración no era el principal motor de los problemas de precios del sector y, como otros han observado, en última instancia defendió el statu quo. Socavando las conclusiones del informe había un grave problema ético: varios colaboradores del estudio del USDA tenían vínculos con la misma industria que estaban evaluando.

Este episodio no es único, sino que captura un problema más amplio de la disciplina. Los economistas con nombramientos universitarios ejercen rutinariamente una influencia significativa sobre la ley y la política pública, mientras trabajan también para las mismas empresas e industrias afectadas por sus investigaciones, testimonios y asesorías. Agravando esto, y a diferencia de otras disciplinas como el derecho y la medicina, la disciplina económica tiene escasas reglas de ética y divulgación que aborden tales conflictos. Los abogados, por ejemplo, deben completar un curso y un examen de ética, seguidos de estándares aplicados por tribunales estatales, organismos públicos de licenciamiento y supervisión, asociaciones de abogados e incluso procuradores generales. A pesar del significativo impacto del trabajo en el campo de la economía, limitaciones éticas similares no están vigentes para los economistas. En un artículo reciente publicado por el Arizona State Law Journal, examino las consecuencias de estos conflictos para la legislación y la elaboración de policy, y qué podemos hacer para solucionarlo.

Por qué importan los conflictos de interés de los economistas dedicados a la academia

Los economistas que se dedican a la academia ocupan una posición particularmente influyente en la creación de leyes y la elaboración de políticas públicas. Las agencias los contratan para proporcionar información experta y asesorar sobre políticas. Los legisladores los convocan para testificar en audiencias del Congreso. Y su erudición, apariciones en medios y columnas de opinión también moldean el debate público.

Al mismo tiempo, algunos de estos economistas también trabajan con empresas privadas y asociaciones industriales. Las empresas frecuentemente los contratan como consultores o testigos expertos —oportunidades que pueden tanto potenciar sus carreras como ser altamente lucrativas. En algunos subcampos, la investigación muestra que las relaciones entre economistas dedicados a la academia y la industria son especialmente comunes. Por ejemplo, un estudio encontró que casi el 80% de los economistas que se dedican a estudiar finanza habían ‘trabajado en alguna capacidad con instituciones privadas‘. Además de los puestos remunerados, los economistas pueden buscar ganarse el favor de la industria para obtener bases de datos patentadas, lo cual el economista de la Universidad de Chicago, Luigi Zingales, ha explicado que ‘puede «hacer»la carrera de un investigador‘ (‘can make a researcher’s career’).

Estas relaciones con la industria pueden impactar la investigación de los economistas de varias maneras. Los estudios muestran que el financiamiento tiende a influir en cómo los académicos seleccionan una pregunta de investigación, recolectan datos e interpretan y presentan sus hallazgos. Adicionalmente, cuando el financiamiento proviene de una fuente privada, los resultados de la investigación favorecen a la institución que proporciona los fondos, probablemente impulsados por sesgos de selección o el temor al desfinanciamiento.

Los incentivos no financieros también han demostrado generar resultados sesgados: la investigación basada en datos patentados frecuentemente se alinea con los intereses privados. De hecho, cuando las empresas comparten bases de datos patentadas con economistas, a menudo existe un acuerdo explícito o implícito de que la erudición resultante se ajustará a los intereses de la firma. Además, Zingales ha explicado que ciertos incentivos de publicación pueden reforzar las presiones para producir investigaciones favorables a los negocios. Publicar es esencial para lograr la titularidad (tenure), y la investigación muestra que los hallazgos pro-empresa se publican con mayor frecuencia —en parte debido a las preferencias de los editores y revisores de las revistas, quienes frecuentemente son economistas titulares exitosos y pueden trabajar en algún rol para la industria. Debido a esto, los economistas que se dedican a la academia, y especialmente aquellos que buscan alcanzar la titularidad, pueden escribir de manera más favorable hacia los intereses privados para aumentar sus probabilidades de publicación en revistas altamente competitivas. Combinadas, estas características pueden recompensar el trabajo que se alinea con los intereses privados.

Cómo los vínculos con la industria moldean la investigación

Las consecuencias de los conflictos de interés de los economistas dedicados a la academia se extienden más allá de simplemente socavar la integridad de su erudición. La investigación sesgada puede influir en las políticas y leyes que los legisladores adoptan —llevando en algunos casos a daños económicos más amplios.

Un ejemplo de alto perfil, reportado extensamente por ProMarket y otros medios de noticias, involucró una campaña de lobby de Uber que buscaba influir en los gobiernos para que adoptaran leyes y regulaciones favorables a las empresas de transporte compartido. En ese momento, muchos presionaban para regular a Uber de manera similar a los taxis, mientras otros escrutaban las prácticas laborales de la empresa. Como parte de la campaña de Uber, la empresa pagó a economistas dedicados a la academia cientos de miles de dólares para producir investigaciones y publicar artículos que respaldaran la agenda de política desregulatoria de la compañía. Más tarde, se demostró que dicha sesgada erudición desempeñó un papel en el rechazo por parte de los legisladores de las regulaciones a las que Uber se oponía.

Una dinámica similar surgió en torno a la crisis financiera de 2008. Varios destacados economistas que ayudaron a dar forma a las políticas financieras que contribuyeron a la Gran Recesión o a sus secuelas también trabajaban para firmas y asociaciones industriales que se beneficiaron de ellas.

La economía como una excepción ética

El papel que jugaron algunos economistas dedicados a la academia en la Gran Recesión fue lo suficientemente perjudicial para la credibilidad del campo como para que la Asociación Económica Americana (AEA), la principal sociedad académica de la disciplina en los EE. UU., adoptara una política de divulgación para sus revistas. Poco después, la Asociación de Economía Aplicada y Agrícola (AAEA) siguió el ejemplo de la AEA, adoptando una política similar. Años más tarde, a finales de la década de 2010, la AEA añadió un código de ética —un paso largamente esperado que llegó más de un siglo después de que campos como el derecho y la medicina comenzaran a adoptar políticas profesionales de ética y divulgación. Pero las medidas de las asociaciones económicas dejan mucho que desear: la política de divulgación para las revistas publicadas por la AEA parece más ministerial que obligatoria y, a diferencia de la mayoría de las revistas, las declaraciones de los autores están enterradas en un documento separado que los lectores deben descargar del sitio web como un archivo comprimido. Incluso cuando existen intereses financieros, los autores solo están obligados a revelar pagos que excedan los $10.000 dólares de una fuente en el transcurso de los tres años precedentes. Por su parte, las revistas de la AAEA no parecen seguir de manera confiable su política de divulgación, un punto que se discute más a fondo en mi artículo.

El análisis económico es demasiado influyente en la ley y la elaboración de políticas públicas como para continuar siendo una excepción ética. La investigación económica influye en todo, desde la salud, la vivienda y la política alimentaria hasta las protecciones para inversores minoristas y la regulación tecnológica. Los economistas que se dedican a la academia deberían revelar plenamente sus conflictos de interés no solo en las revistas, sino también en apariciones en medios, testimonios ante el Congreso y procedimientos de agencias. Pero la divulgación, aunque necesaria, no es suficiente por sí sola. Los organismos gubernamentales deberían adoptar procedimientos más robustos para detectar conflictos antes de trabajar con economistas en roles de asesoría o contratos, y los economistas siempre deberían revelar los conflictos en trabajos de cara al público como el estudio del USDA sobre la concentración en el procesamiento de carne de vacuno. Además, la propia profesión económica debería adoptar un código de ética más exhaustivo respaldado por una aplicación significativa.

En resumen, si los economistas dedicados a la academia quieren seguir asumiendo posiciones que influyen en los resultados públicos, deben aceptar también las obligaciones éticas que conlleva ese papel.

Divulgación de la autora: La autora informa que no tiene conflictos de interés. Puede leer nuestra política de divulgación aquí.

Los artículos representan las opiniones de sus escritores, no necesariamente las de la Universidad de Chicago, la Booth School of Business o su facultad.

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