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Programas presidenciales: ¿hojas de ruta o cartas navideñas?

12.10.2021
Felipe Irarrazabal, Abogado Universidad de Chile
Felipe Irarrázabal Ph. Director CeCo UAI.

Estamos en tiempos de elecciones y estas elecciones son especialmente complejas. Las candidaturas, el país y, para agregarle más pelos a la sopa, el mundo suscitan incertidumbres. El plazo ya se va acortando para aclarar la mente -el deadline es el 21 de noviembre- y decidirse entre las alternativas presidenciales.

Pareciera racional -si uno está envuelto en una cierta angustia sobre su decisión y el destino del país- recurrir a los programas presidenciales. Ahí los candidatos, con sus comandos y partidos que los apoyan, debieran plasmar en esencia dos extremos: el diagnóstico y el remedio. Debieran hacerlo de una manera clara y directa -castellano simple- y en un texto breve que a su vez permita la comparación entre ellos. Debieran, bien digo.

Veamos, a modo de ejemplo, un área específica de política pública -la libre competencia- para indagar sobre la utilidad de los programas.

No me malinterpreten: no creo que los programas deban siempre incluir referencias a asuntos complejos y técnicos como la libre competencia. Es más, quizás sea una virtud que no lo hagan -y traten otros temas más prioritarios-, lo que de paso podría ser un reflejo de que las autoridades del área estarían haciendo bien su trabajo. De hecho, por mucho tiempo, los discursos y programas presidenciales en Estados Unidos han sido escuetos al abordar la política antimonopolio -no así en las última elecciones-, ya que se entendía que, aunque fuese un asunto vital, debía ser administrado con seriedad técnica y sin hacer fanfarrea política.

Entremos en materia. Boric, Kast, Provoste y Sichel -siguiendo el orden alfabético- hacen referencias expresas a temas de libre competencia, tanto en diagnósticos como en remedios. Artés y MEO guardan silencio. Parisi dice algo vago y de escaso sentido, a propósito del castigo de las colusiones (propone que la multa ascienda al 70% de lo defraudado, cuando la actual ley dispone el doble del beneficio).

Boric es partidario de poner fin a la exclusividad de la querella por colusión en manos del Fiscal Nacional Económico y a la secuencialidad que exige una sentencia previa del Tribunal de Competencia. También quiere sumar la colusión a los delitos que acarrean la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, pretende introducir la figura del denunciante anónimo y fortalecer la delación compensada. Nada original, si se tiene en cuenta que esas propuestas ya están siendo discutidas en el Congreso. Se echa de menos, eso sí, mayores detalles sobre los cambios propuestos y cómo se podría reforzar la delación compensada. Bajo una mirada más amplia, Boric es partidario del Estado emprendedor, con un rol dinamizador de la economía, y de la creación de empresas estatales en ámbitos tan diversos como el litio, hidrógeno, telecomunicaciones, residuos, comercialización de materiales de construcción, vivienda, infraestructura e incluso medios de comunicación. Quiere regular los precios de medicamentos y también potenciar a las pymes.

Por su parte, Kast sugiere inyectar recursos adicionales a la FNE y el Tribunal de Competencia. También buscaría aumentar las sanciones (aunque ya sean de las más altas del mundo) y fortalecer las normas vigentes para favorecer la incorporación de empresas en los mercados e impedir la concentración excesiva. Por desgracia, no dice cuáles serían esas reformas. En otro plano, quiere reducir las empresas estatales y las regulaciones y achicar al Estado, pero defender a las pymes. Además, recoge ciertas modificaciones para el mercado de medicamentos y el régimen notarial, similares a las ya planteadas por la FNE y en discusión en el Congreso.

Provoste aboga por entregar mayores recursos a la FNE, instaurar una tasa por notificación de operaciones de concentración (una idea ya implementada en varios países, pero que presenta desafíos, en especial respecto a la fijación del monto) e imponer una sanción de triple compensación por infracciones a la libre competencia (como en EE.UU., algo que exacerba la litigación irresponsable y desalienta la delación compensada). También quiere mejorar los mecanismos de persecución penal de la colusión, pero aparte de sugerir mayores recursos para la capacitación del Ministerio Público, no ahonda en cómo se podría lograr.

Por último, Sichel diagnostica una lentitud del sistema de competencia para resolver los casos y propone fortalecer a la FNE (incluso hace referencia a big data, algoritmos y after markets), sancionar en base a porcentajes que vayan desde el 10% al 20% de las ventas brutas (la ley del 2016 ya contempla un techo de 30%) e incrementar las sanciones pecuniarias y no pecuniarias (aunque no diga cómo y se refiera a inhabilidades para ser director de sociedades, algo que ya está contemplado en la ley). Asimismo, quiere que el Estado proteja y fomente a las pymes y se establezca una AFP estatal.

En suma, todos los programas contienen alguna medida rescatable, pero incurren en vaguedades, sinsentidos y errores, y no se advierten propuestas hiladas, profundas y precisas. Ninguno desarrolla la necesidad, por ejemplo, de aumentar el número y los recursos del área de estudios de mercado, que recientemente publicó su informe preliminar del gas (la FNE cuenta actualmente con cuatro funcionarios en esa división, según información pública), ni a los desafíos de la economía digital en libre competencia, ni menos de las posibles presunciones legales que se podrían establecer para facilitar el trabajo de la autoridad. Los candidatos proclives a un mayor protagonismo estatal, por su parte, no hacen referencia a la necesidad simultánea de fortalecer el principio de la neutralidad competitiva, que obligue a las empresas estatales a actuar en igualdad de condiciones con las privadas.

Sería deseable que los programas fuesen más estandarizados y claros. Eso ayudaría a la comparación. También uno quisiera ver en estos documentos, hitos y calendarios de los cambios propuestos, los recursos que se destinarían para cada uno y una precisión de quiénes fueron los profesionales autores de las propuestas. Ideal sería tener una agencia independiente que analizara el avance del programa del candidato ganador y que el presidente tuviese que explicar en su cuenta pública anual qué no se hizo de su programa y por qué no pudo cumplirse lo prometido.

¿O estaremos pidiendo demasiado?

Publicado originalmente en El Mercurio, 10 de octubre de 2021, Economía y Negocios, B11.

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