El pasado 8 de enero, la Comisión Europea publicó un resumen de los resultados de la consulta realizada en el contexto de la revisión periódica de la regulación a las plataformas digitales europea, la Digital Markets Act (“DMA”), la que entró en vigor a comienzos de 2024. Dicha revisión, se hace en conformidad al artículo 53 de la misma ley, la cual establece que la Comisión debe someterla a revisión cada 3 años (ver nota CeCo sobre la ley).
La consulta fue lanzada con el objetivo de recibir comentarios respecto de la efectividad de la DMA para contribuir al objetivo de hacer los mercados digitales contestables y justos (fairness), entre otras cosas, y se extendió por un periodo de 12 semanas, recibiendo 319 respuestas. Dentro de quienes respondieron se encuentran 6 de las 7 plataformas designadas como gatekeepers por la misma ley (Microsoft fue la única que no respondió); pymes y organizaciones que las representan (quienes conformaron la mayoría de las respuestas); y otras organizaciones de la sociedad civil. A continuación, repasaremos las principales contribuciones señaladas por la Comisión.
Definición de gatekeepers y servicios regulados
- Lista actual de servicios regulados: Una gran proporción de consultados afirmaron que la lista actual de los servicios que regula la DMA (los core platform services, o CPS) es apropiada, aunque hay comentarios respecto de la inclusión de la IA y los servicios de cloud computing, los cuales actualmente no son catalogados como servicios.
- Inclusión de IA: Por un lado, respecto del rol de la IA y modelos de lenguaje (LLMs), un grupo de consultados señaló la necesidad de incluirlo dentro de los servicios ya existentes, en la medida que son herramientas inmersas en estos (como motores de búsqueda, app stores, sistemas operativos, etc.). Por otro lado, también se propuso la inclusión separada de este tipo de servicios, como un CPS por sí solo. Por su parte, los gatekeepers y grupos asociados advirtieron sobre los riesgos de suprimir la innovación en caso de una expansión regulatoria “prematura”.
- Inclusión de cloud computing: Grupos asociados a las pymes sugirieron que la ausencia de este servicio como un CPS deja problemas de competencia sin atender (por ejemplo, asuntos relacionados con interoperabilidad, portabilidad de datos y costos de cambio).
- Definición cuantitativa de gatekeepers: Se habrían levantado tres preocupaciones principales respecto de los umbrales que se usan para definir a un gatekeeper: (i) el periodo de tres años para definirlos sería muy largo, en la medida que no captura las dinámicas rápidas del mercado; (ii) habrían servicios que son especialmente relevantes en regiones o sectores específicos, los cuales no caerían dentro de estos umbrales; y (iii) falta de claridad respecto de la definición de usuarios finales y “business users”.
- Defensa de gatekeepers: Por parte de los incumbentes, se percibió esta exención como confusa y costosa, lo que requeriría mayores resguardos procesales y estándares de prueba consistentes. Por otro lado, otros participantes señalaron que la Comisión recaería demasiado en información auto reportada por las empresas, solicitando un mayor nivel de verificación.
Enforcement de la ley y obligaciones para los gatekeepers
- Comentarios generales: Varios consultados señalaron que las reglas para los gatekeepers deberían ser más claras, de tal forma que su interpretación sea consistente. Asimismo, los gatekeepers expresaron preocupación al considerar muy amplias e inflexibles algunas medidas, las cuales estarían asociadas con altos costos operaciones y posibles problemas respecto de seguridad y privacidad de datos.
- Interoperabilidad, self-preferencing y diseños de interfaz: Grupos pertenecientes a las pymes y consumidores señalaron la necesidad de interoperabilidad “por diseño”, con estándares técnicos más claros y obligaciones para sistemas de mensajería, operativos y de IA. Asimismo, reconocieron el self-preferencing como una de las principales preocupaciones en mercados digitales, y que el enforcement debería extenderse más allá del ranking de productos, involucrando prácticas como el empaquetamiento, ajustes predeterminados, acceso privilegiado, entre otros. Por último, también se solicitó incorporar mejores diseños de interfaz para mitigar riesgos de sesgos y permitir la toma de decisiones informadas.
- Asimetrías de información: Como fue mencionado, diversos intervinientes destacaron una fuerte asimetría informacional entre la Comisión y los gatekeepers, dada la alta dependencia de información auto reportada. Para mitigarla, se propuso mayor transparencia en los procedimientos, auditorías independientes, mecanismos de testeo público del cumplimiento y canales estructurados para que terceros aporten evidencia relevante.
- Autoridades nacionales: Una parte significativa de los participantes apoyó un rol más activo de las autoridades nacionales de competencia en la aplicación de la DMA, especialmente en tareas de monitoreo. Sin embargo, los gatekeepers advirtieron riesgos de fragmentación regulatoria y solicitaron mayor claridad sobre la consistencia entre la DMA y el derecho de competencia nacional de cada miembro de la UE.
- Sanciones y remedios: Varios de los que respondieron consideraron que las sanciones impuestas hasta ahora no serían suficientemente disuasivas, proponiendo multas más elevadas para incumplimientos reiterados y, en casos sistémicos, remedios estructurales. Los gatekeepers, en contraste, defendieron un enfoque de proporcionalidad y sanciones limitadas a infracciones deliberadas o persistentes.
En términos generales, y como uno debiese esperar, los gatekeepers y grupos asociados advirtieron que las principales barreras a la efectividad de la DMA son la incerteza, fragmentación e imprevisibilidad. Por el contrario, pymes y académicos destacaron efectos positivos, con la prevención de que la “persistente” influencia de los gatekeepers sería lo que limita la efectividad de la ley.
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