La política de competencia y la erosión de la razón pública

CeCo recibió este artículo gracias a la ayuda de Julián Peña. El artículo será discutido por Jorge Padilla en uno de los «Desayunos Virtuales» de Foro Competencia, que se llevará a cabo el 30 de abril. Puedes inscribirte para dicha discusión en este enlace.

Buenas tardes.

Érase una vez, en una lejana galaxia constitucional, vulcanos y terrícolas coexistían pacíficamente.

No estaban de acuerdo en todo. Ni mucho menos. Los vulcanos tenían un temperamento más frío, desconfiaban de la pasión y estaban apegados a la disciplina, la prueba, el método y el análisis paciente de las consecuencias. Los terrícolas eran más animados, más intuitivos, más sensibles a la injusticia, más dispuestos a actuar cuando el corazón percibía el peligro antes de que la mente lo hubiera medido por completo.

Discrepaban a menudo. Discrepaban sobre qué debía considerarse daño. Discrepaban sobre cuánta incertidumbre debía tolerar un sistema jurídico. Discrepaban sobre si la cautela era prudencia o cobardía, sobre si la intervención era justicia o hubris.

Pero seguían habitando la misma república de la razón. Podían discutir porque todavía compartían un lenguaje. Podían discrepar porque todavía aceptaban que la otra parte podía estar equivocada sin ser malvada. Los vulcanos pensaban que los terrícolas eran demasiado precipitados. Los terrícolas pensaban que los vulcanos eran demasiado distantes. Pero ambos seguían imaginando que el desacuerdo podía reducirse mediante la evidencia, aclararse mediante el argumento y disciplinarse mediante el derecho.

Ese mundo ha desaparecido.

Hoy en día, los terrícolas ya no ven a los vulcanos simplemente como equivocados. Los ven como capturados. Como fríos servidores de poderes ocultos. Como apologetas de la riqueza concentrada y defensores de los fuertes. Los vulcanos ya no son solo participantes en una discusión. Se los presenta como desviados morales. Su cautela se reinterpreta como complicidad. Su exigencia de prueba se reinterpreta como obstrucción. Su insistencia en los compromisos se reinterpreta como indiferencia moral.

Y así, el propio desacuerdo cambia de naturaleza.

Antes, la pregunta era: ¿tienen razón los vulcanos?

Ahora, la pregunta es: ¿qué clase de alma diría algo así?

Antes, el desacuerdo era metodológico.

Ahora, está moralizado.

Antes, el vulcano era un adversario en la razón.

Ahora, es una criatura del lado oscuro.

Y una vez que eso ocurre, toda la ecología de la argumentación comienza a desplazarse.

La evidencia ya no llega como evidencia. Llega como camuflaje. El procedimiento ya no aparece como disciplina. Aparece como evasión. La contención ya no aparece como una virtud jurídica. Aparece como rendición.

Las mismas cualidades que antes hacían útiles a los vulcanos en la vida pública —distancia, cautela, sobriedad analítica, la negativa a confundir la indignación con la prueba— se convierten en signos de sospecha.

Este no es un cuento infantil en el que los terrícolas son simplemente irracionales y los vulcanos simplemente sabios. Los terrícolas están respondiendo a algo real. Miran a su alrededor y ven poder privado concentrado, empresas dominantes atrincherados, desigualdad persistente, malestar democrático y un vocabulario jurídico que a veces parece demasiado exangüe para captar lo que está moralmente en juego. No moralizan de la nada. Moralizan porque creen que se está perdiendo algo precioso.

Y los vulcanos, por su parte, tampoco son inocentes de su propia mitología. A veces han imaginado que el método puede situarse por encima de la política, que la economía puede domesticar todo conflicto de valores, que el rigor por sí solo puede preservar la legitimidad. Con demasiada frecuencia han olvidado que el orden jurídico no sobrevive solo con técnica. También requiere confianza moral pública.

Así que la tragedia no es que una tribu sea malvada y la otra pura.

La tragedia es que han dejado de reconocerse mutuamente como interlocutores legítimos.

Y una vez que ese reconocimiento se derrumba, una vez que cada parte empieza a ver a la otra no simplemente como equivocada sino como moralmente contaminada, sus desacuerdos dejan de estar disciplinados por la razón pública y empiezan a parecerse a una guerra cultural.

Creo que ese es el punto en el que nos encontramos en el mundo del derecho de la competencia.

Ya no vivimos en un mundo en el que la disputa central sea simplemente entre intervención y contención, o entre Chicago y Brandeis, o entre economía y derecho.

Esas disputas siguen existiendo, por supuesto, pero ya no agotan lo que está ocurriendo. Bajo ellas subyace algo más inflamable: una crisis de confianza, una crisis de estándares compartidos, una crisis en la propia psicología moral del derecho de la competencia.

Y por eso la verdadera cuestión ante nosotros es más amplia que quién gana el próximo caso o qué escuela obtiene la próxima victoria doctrinal.

La verdadera cuestión es si el derecho de la competencia todavía puede ofrecer un foro en el que vulcanos y terrícolas —contención y urgencia, prueba e indignación, cautela y convicción— puedan discrepar sin condenarse antes unos a otros como seres caídos.

Porque, si no puede, entonces el derecho de la competencia dejará de ser una forma de derecho.

Se convertirá en un teatro de combate moral.

Y cuando eso ocurra, todos pierden.

Hoja de ruta

Procederé en cuatro pasos.

Primero, hablaré de la psicología de las autoridades de competencia: de cómo las instituciones, incluso cuando actúan de buena fe, pueden derivar hacia posiciones pesimistas y escepticismo asimétrico.

Segundo, me centraré en la idea del derecho de la competencia como guerra cultural: un ámbito en el que la economía ya no funciona como lenguaje común y en el que el desacuerdo se endurece hasta convertirse en polarización moralizada.

Tercero, preguntaré qué sigue siendo posible cuando el consenso ya no es una opción. Mi respuesta será modesta, pero indispensable: debemos aprender a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. No en el plano de los primeros principios, sino en el plano de los límites institucionales.

Y cuarto, sostendré que el mayor peligro no es solo el conflicto ideológico externo, sino también la dependencia de la trayectoria interna. Las autoridades se apegan a sus propias narrativas. Comienzan a heredar sus propios supuestos previos. Y para romper esa deriva, necesitan estructuras internas de disenso organizado: la abogacía del diablo, no como sabotaje, sino como disciplina epistémica.

El hilo que conecta las cuatro partes es simple: el derecho de la competencia no fracasa porque la gente discrepe. Fracasa cuando las instituciones llamadas a estructurar el desacuerdo pierden la capacidad de disciplinarlo.

Así que permítanme comenzar con la primera parte del problema: la psicología de las autoridades de competencia. Porque antes de que el derecho de la competencia se convirtiera en una guerra cultural en el espacio público, ya había comenzado a cambiar en privado: en la manera en que las instituciones forman creencias, procesan evidencia y defienden su propio sentido de misión.

La psicología de las autoridades de competencia

Las autoridades de competencia no son tablas rasas u hojas en blanco. No son recipientes transparentes a través de los cuales la evidencia pasa sin alteración. Son instituciones humanas, integradas por funcionarios que actúan bajo incertidumbre, bajo escrutinio público, bajo presión reputacional y bajo el peso de una misión.

Esto importa porque el principal sesgo en juego no siempre es la “captura” en el sentido vulgar —no sobornos, no puertas giratorias, no corrupción burda—. Es importante distinguir entre autoridades capturadas y autoridades motivadas.

Una autoridad capturada se doblega ante incentivos externos. Una autoridad motivada se doblega ante incentivos internos: su autoimagen, su misión institucional, su identidad ideológica, el miedo a la culpa, el miedo al ridículo, el miedo a retroceder.

Y, en cierto sentido, ese es el problema más difícil. Porque la autoridad motivada no se considera sesgada. Se considera guiada por principios. Puede creer sinceramente que está defendiendo la competencia, a los consumidores o la equidad. Su error, si es que hay error, no reside en el cinismo sino en la sinceridad encerrada dentro de una narrativa que se ha vuelto demasiado cómoda como para ser cuestionada.

El razonamiento motivado se convierte en escepticismo motivado.

Cuando la evidencia confirma lo que una institución está predispuesta a creer, se la trata con indulgencia. Cuando apunta en la otra dirección, se la somete a un estándar mucho más severo. La evidencia inculpatoria es bienvenida en el expediente. La evidencia exculpatoria se trata como incompleta, estratégica, no representativa o ideológicamente contaminada.

Eso no es simplemente sesgo de confirmación en el sentido coloquial. Es una asimetría en el escrutinio. Y el derecho de la competencia es especialmente vulnerable a ella porque vive en el reino de la incertidumbre. Trata con probabilidades, contrafactuales, efectos dinámicos, innovación, conductas estratégicas, futuros inciertos.

En un contexto así, los estándares con los que se pondera la evidencia se vuelven decisivos. Y una vez que esos estándares se vuelven asimétricos, la institución puede desviarse sin advertir que se está desviando.

Las autoridades tienden a desarrollar creencias pesimistas sobreestimando la probabilidad y el coste de la infracción y, correlativamente, infravalorando explicaciones benignas o relatos procompetitivos de la misma conducta. Y, como esos supuestos están ligados a su misión, revisarlos se vuelve emocionalmente costoso.

¿Por qué son las autoridades tan propensas a tal pesimismo? Porque su misión es pública y está cargada moralmente. Porque sus fracasos son visibles. Porque la intervención insuficiente puede narrarse como pasividad. Porque a las instituciones públicas no les gusta explicar por qué no actuaron cuando el ánimo público exigía acción. Porque los funcionarios, como el resto de nosotros, prefieren relatos en los que aparecen vigilantes antes que complacientes.

Esta no es una patología exclusiva del derecho de la competencia, pero éste es un terreno especialmente fértil para ella.

La tarea de la autoridad es intervenir bajo incertidumbre antes de que los daños se hayan materializado por completo. Sus decisiones son juzgadas no solo por tribunales y economistas, sino también por políticos, prensa y una opinión pública cada vez más sensibilizada y moralizada. En tales condiciones, la cautela puede interpretarse como negligencia y la paciencia como complicidad.

Y una vez que eso sucede, el pesimismo puede empezar a parecer virtud.

La autoridad comienza a obtener tranquilidad de su propia sospecha. Empieza a sentir que el escepticismo frente a las empresas es en sí mismo prueba de seriedad. Se vuelve más dispuesta a creer lo peor, porque creer lo peor confirma su papel de guardiana. Así es como una misión pública puede convertirse en una trampa cognitiva. Las autoridades pueden llegar a verse a sí mismas como protectoras de los consumidores, de los competidores, de la democracia y de la equidad. Las empresas y sus asesores se convierten en sospechosos. El crítico de la autoridad deja de ser una fuente de corrección y pasa a ser un posible cómplice del poder. La institución empieza a habitar una estructura de héroes y villanos.

Y una vez que la crítica se interpreta a través de esa estructura, deja de funcionar como correctivo.

La evidencia contraria se descuenta no simplemente porque sea débil, sino porque se considera procedente de la tribu equivocada. El procedimiento pierde valor porque parece servir al bando equivocado. La exigencia de prueba se vuelve moralmente sospechosa porque retrasa el castigo de actores considerados como peligrosos.

Aquí es donde la psicología institucional empieza a fundirse con la retórica pública. Y nos deja con una verdad incómoda: el problema no es solo que las autoridades puedan equivocarse, sino que pueden equivocarse en maneras que se sienten moralmente justas.

Las guerras culturales del derecho de la competencia

El derecho de la competencia contemporáneo no es ya un ámbito de desacuerdo profesional ordinario. Es un ámbito de polarización.

Esa distinción lo es todo. El desacuerdo ordinario presupone un marco compartido. La polarización significa que el propio marco está en disputa.

El desacuerdo ordinario deja espacio para la persuasión. La polarización hace que la persuasión quede subordinada a la identidad.

El desacuerdo ordinario dice: “estás equivocado”. La polarización dice: “estás capturado”.

Y una vez que el derecho de la competencia empieza a hablar en ese lenguaje, la disputa cambia de naturaleza. Ya no versa simplemente sobre definición de mercado, cuotas de mércado, márgenes o incentivos a la innovación. Esas cuestiones siguen en la superficie. Pero debajo de ellas hay algo más: un conflicto moral sobre el significado del poder económico y la legitimidad de las instituciones.

En el centro de esta transformación se encuentra la moralización del derecho de la competencia.

Durante una generación, la economía sirvió como marco epistémico común. No perfecto, no neutral en todos los aspectos, pero sí disciplinante. Exigía a tribunales y autoridades especificar el daño competitivo, articular mecanismos, afrontar compromisos y justificar la intervención en términos al menos parcialmente observables y revisables.

Hoy ese marco está sometido a tensión.

El razonamiento basado en efectos está siendo desplazado cada vez más por presunciones estructurales, narrativas históricas y afirmaciones morales sobre la incorrección del tamaño, la concentración o la dominancia como tales. Valores sociales amplios —equidad, dignidad, democracia, antídoto contra la dominación— no se limitan ya a complementar el derecho de la competencia. En algunos lugares empiezan a redefinirlo.

Una vez que se pide al derecho de la competencia que haga valer predicados morales densos sin principios delimitadores claros, las herramientas jurídicas que antes acotaban la discrecionalidad empiezan a debilitarse.

• La carga de la prueba se debilita porque las proposiciones a probar se vuelven interpretativas.
• Las presunciones se debilitan porque pasan a ser supuestos morales previos más que atajos administrativos.
• El análisis de costes de error se debilita porque los daños se tratan como no intercambiables o inconmensurables.
• El control judicial se debilita porque se empuja a los tribunales a adjudicar pretensiones morales que no son fácilmente falsables en el proceso jurídico.

Esa es la verdadera importancia de la moralización. No se limita a añadir valores al derecho. Cambia la manera en que el derecho puede restringir a quienes lo ejercen.

Eso ayuda a explicar un fenómeno —la polarización de los hechos— que frustra a todos: por qué más evidencia rara vez produce más acuerdo.

En ámbitos moralmente cargados, los expertos no convergen ni siquiera cuando se les presenta una misma evidencia. Muy a menudo divergen aún más, porque poseen las herramientas conceptuales necesarias para interpretar la complejidad de formas que preservan sus compromisos previos.

El derecho de la competencia es un escenario casi perfecto para esto.

• Su evidencia es probabilística.
• Sus cadenas causales son largas y disputadas.
• Sus modelos son sensibles a los supuestos.
• Sus implicaciones normativas están indeterminadas.

Por eso, los estudios sobre concentración, márgenes, innovación, participación del trabajo o plataformas digitales no hablan con una sola voz. Se convierten en espejos en los que cada campo ve la confirmación de aquello que más teme.

Una parte ve la prueba de que el poder corporativo ha rebasado al derecho. La otra ve la prueba de que inferencias débiles se moralizan hasta convertirse en exceso regulatorio.

Una parte lee la ambigüedad como razón para intervenir antes de que sea demasiado tarde. La otra la lee como razón para evitar causar daño en la oscuridad.

Y así, la evidencia, en lugar de tender puentes entre los campos, se convierte en otro campo de batalla.

La división no es simplemente metodológica; es moral.

Para un campo, el poder privado concentrado es en sí mismo la amenaza central. La falta de intervención regulatoria es el gran pecado. La contención corre el riesgo de consolidar estructuras de poder. La incertidumbre es una razón para actuar.

Para el otro, el poder administrativo sin freno es la amenaza central. La intervención es ensimisma el gran pecado, pues corre el riesgo de desalentar conductas lícitas. La incertidumbre es una razón para vacilar.

No son solo valoraciones diferentes. Son mapas distintos del peligro. Y como tales, son también mapas de identidad.

Una parte se ve a sí misma como moralmente responsable, porque está dispuesta a enfrentarse al poder. La otra se ve a sí misma como moralmente justa, porque está dispuesta a contener el poder público. Por eso cada parte trata a la otra no solo como equivocada, sino como temeraria.

Una vez que eso ocurre, el derecho de la competencia deja de parecer una conversación académica. Se parece a una guerra cultural.

El coste de esta transformación no es meramente de exceso retórico, sino de deterioro institucional.

Cuando el derecho de la competencia se convierte en una guerra cultural, como es el caso, su estabilidad doctrinal se debilita. La discrecionalidad en la aplicación se convierte en norma. Los estándares se relajan allí donde deberían ser más estrictos. Se confía en las instituciones de manera selectiva. Y la propia pretensión de Estado de derecho del derecho de la competencia empieza a erosionarse.

Este último punto merece énfasis. El derecho de la competencia ejerce un poder delegado excepcional sobre la conducta privada. Su legitimidad depende de la adopción de estándares públicos, previsibles y revisables. Si esos estándares dejan de ser aceptados ampliamente y pasan a verse como instrumentos de ventaja facciosa, entonces el derecho de la competencia se arriesga a perder su legitimidad y, por tanto su, autoridad.

Estar de acuerdo en no estar de acuerdo

Los debates en torno al derecho de la competencia se han convertido en una riña familiar que tiene lugar en el dominio público. Los campos están demasiado consolidados, son demasiado distintos filosóficamente y están demasiado arraigados socialmente como para fusionarse en una síntesis armónica. No discrepan solo sobre los medios. Discrepan sobre los horizontes morales del derecho de la competencia.

Para muchos no intervencionistas, el derecho de la competencia es deliberadamente circunspecto. Su legitimidad proviene de sus límites. Debe dirigirse al remediar el daño al proceso competitivo y evitar convertirse en un regulador social general. En esa visión, la carga de la prueba, la administrabilidad del derecho y el control judicial de las decisiones de las autoridades son salvaguardias constitucionales, no irritantes técnicos.

Para muchos intervencionistas, en cambio, la concentración empresarial constituye un mal cívico y distributivo. La dominancia de mercado no es solo un hecho técnico. Es una forma de dominación política y/o sociológica inaceptable. En esa visión, el establecimiento de requisitos probatorios estrictos es un instrumento del poder oligárquico para atrincherarse.

Cada parte se vuelve paranoica y ve a la otra no solo equivocada, sino corrupta, capturada, autoritaria o moralmente degradada. La crítica externa se trata como ruido hostil. El disenso interno se trata como deslealtad. Solo se confía en las instituciones cuando producen los resultados deseados.

Esta es la psicología política de un área del derecho que ha dejado de considerarse a sí mismo un proyecto común. La tragedia es que esta paranoia termina por convertirse en una profecía autocumplida. Si cada parte espera abusos facciosos, cada una exigirá más herramientas para anticiparse a ellos. La otra parte, al observar esto, se sentirá confirmada en sus temores. Y así continúa la espiral.

El derecho de la competencia deja de ser un ámbito de la razón pública para convertirse en un escenario de guerra institucional preventiva.

Posiciones enfrentadas con tal carga moral no van a converger. No podremos hacer que terminen pensando igual. Así que el objetivo no puede ser abolir el conflicto. No hay espacio para el consenso.

Nuestra ambición pues debe ser más modesta y más urgente. Debemos pasar de un acuerdo de primer orden en lo sustantivo al acuerdo de segundo orden en lo institucional. No un acuerdo sobre qué debe maximizar o proteger en último término el derecho de la competencia. Sino un acuerdo sobre qué compromisos institucionales son necesarios para que, cualquiera que sea la parte que prevalezca, el derecho de la competencia siga siendo derecho y no armamento faccioso.

No más consenso sobre los fines. Consenso sobre las salvaguardias.

¿Cuáles son esas salvaguardias?

El derecho de la competencia debe seguir siendo administrable, controvertible, revisable, responsable y reflexivo.

• Administrable — porque, si el derecho no puede aplicarse de forma previsible, la discrecionalidad se expande sin disciplina.
• Controvertible — porque, si las partes no pueden impugnar de manera significativa el caso planteado contra ellas, la aplicación se convierte en afirmación moral antes que en justificación jurídica.
• Revisable — porque, si los tribunales no pueden evaluar razones y evidencia, las autoridades dejan de ser legítimas y pasan a la tiranía.
• Responsable — porque, si la decisión de intervenir queda expuesta a incentivos reputacionales, ganancias privadas o favoritismo faccioso, la legitimidad se pudre desde dentro.
• Reflexivo — porque las instituciones que no pueden aprender acabarán confundiendo consistencia con acierto.

Aceptar estas salvaguardias no es una rendición ideológica. Es una forma de pragmatismo constitucional que dice a ambos campos: conservad vuestros valores, conservad vuestros argumentos, conservad incluso vuestro vocabulario moral si queréis, pero sometedlos a procedimientos que sobrevivan al desacuerdo.

Pero ¿cómo, en la práctica, pueden instituciones fuertemente moralizadas volverse reflexivas? ¿Cómo pueden dichas autoridades resistir la fuerza gravitatoria de sus propias narrativas?

Inercia decisoria y abogacía del diablo

La aplicación del derecho de la competencia es secuencial y cumulativa. Las autoridades no comienzan cada caso desde una tabla rasa. Arrastran juicios anteriores, marcos interpretativos, teorías del daño, plantillas de remedios, hábitos internos, identidades profesionales y memorias institucionales.

Con el tiempo, esta forma de proceder genera inercia normativa y dogmática.

Se reduce el coste de adoptar narrativas familiares al tiempo que se eleva el coste de aceptar narrativas alternativas. Se transforma juicios contingentes en rutinas y presunciones. Se convierten hipótesis de trabajo en ortodoxia oficiosa. Toda decisión previa se toma como natural, obvia, incluso moralmente necesaria.

Esta trayectoria autorreferente va más allá del precedente jurídico. No es inercia política. Es el resultado de un sesgo cognitivo derivado de un rígido proceso de aprendizaje institucional. La autoridad no decide conscientemente volverse dogmática. Simplemente empieza a heredarse a sí misma. Y esa es una de las cosas más peligrosas que puede hacer una institución.

¿Por qué las salvaguardias existentes no resuelven este problema?

Porque en su mayoría operan demasiado tarde.

• El control judicial tiene lugar después de que la teoría del daño se ha solidificado, después de que se han invertido recursos, después de que las reputaciones se han vinculado a un marco explicativo. El tribunal puede aceptar o rechazar, pero no puede resucitar fácilmente las explicaciones alternativas que la autoridad nunca consideró plenamente.
• Las consultas públicas suelen estar enmarcadas por los propios supuestos previos de la autoridad. Los interesados responden a las preguntas formuladas; rara vez redefinen el marco. Así, la consulta refuerza frecuentemente la narrativa dominante en vez de perturbarla.
• La revisión interna queda limitada por la homogeneidad profesional. Formación compartida, misión compartida, lenguaje compartido, incentivos compartidos: todo eso produce continuidad y no apertura. Es una mera excusa para el atrincheramiento del pensamiento grupal.

Así pues, si el problema está aguas arriba, el remedio también debe estar aguas arriba. No basta la revisión después del compromiso, es necesaria la impugnación antes del compromiso.

Ese es el argumento a favor de la abogacía del diablo.

Permítanme decir con claridad qué es y qué no es.

• No es obstrucción adversarial.
• No es sabotaje ideológico.
• No es control externo disfrazado de reforma interna.
• No es parálisis.

Por el contrario, es una función interna estructurada, autónoma y definida por roles, cuya tarea es construir y defender la explicación alternativa más sólida y plausible frente a la teoría del daño preferida por la autoridad.

Su propósito es la comparación.

• ¿Cuál es la mejor explicación posible de ausencia de daño o de daño alternativo a partir de los hechos?
• ¿Qué evidencia falsaría la teoría preferida?
• ¿Qué supuestos soportan realmente el edificio?
• ¿Qué efectos contraproducentes del remedio estamos ignorando?
• ¿Qué contrafactuales están insuficientemente desarrollados porque resultan inconvenientes y no porque sean inverosímiles?

El abogado del diablo no pide a la autoridad que deje de aplicar la ley. Le pide que se gane su propia legitimidad. Esa es la diferencia entre autoridad y arrogancia.

Esta propuesta aspira a producir una intervención regulatoria bajo incertidumbre más robusta, más disciplinada, más revisable y más legítima.

La autoridad sigue al volante. Pero se le exige afrontar explicaciones rivales antes de que el compromiso público convierta la revisión en algo humillante. Se la obliga a comparar, no solo a afirmar. Se la obliga a exponer supuestos, no solo a apoyarse en ellos. Se la obliga a aprender, no solo a repetir.

En ese sentido, la abogacía del diablo es el análogo institucional de la humildad. No debilidad. Humildad.

Se basa en la creencia de que, en ámbitos complejos, el derecho a coaccionar debe ejercerse por instituciones que actúan como si pudieran estar equivocadas. Y ese es exactamente el espíritu que el derecho de la competencia necesita ahora.

La autoridad de competencia no debería pensar en sí misma como un oráculo que guarda verdades asentadas. Debería pensarse como una institución de aprendizaje bajo incertidumbre radical.

Eso significa normalizar el disenso. Reducir el coste reputacional de revisar posiciones. Registrar los supuestos controvertidos. Realizar evaluaciones retrospectivas. Recompensar no solo la victoria, sino la actualización honesta. Crear estructuras en las que el error pueda descubrirse antes de convertirse en doctrina.

Los tribunales no están para sustituir a las autoridades. Están para reforzar la disciplina epistémica: para insistir en que las autoridades afronten con justicia las alternativas y expliquen por qué su teoría preferida es más sólida. Cuando esa disciplina interna existe, los tribunales pueden deferir con mayor confianza. Cuando no existe, deben exigir más.

Así que la contestación interna y la revisión externa no son enemigas sino complementarias. Y juntas forman la arquitectura práctica del acuerdo de segundo orden que describí antes.

Conclusión

Permítanme concluir.

Primero, las autoridades, actuando bajo incertidumbre y guiadas por una misión, pueden derivar hacia supuestos pesimistas y escepticismo motivado incluso sin corrupción.

Segundo, cuando esas tendencias se extienden por todo el campo, el derecho de la competencia se moraliza, se polariza y se vuelve resistente a la evidencia. Empieza a parecerse a una guerra cultural.

Tercero, debemos abandonar la fantasía de una reconciliación completa y construir en su lugar un acuerdo de segundo orden: un marco constitucional de salvaguardias dentro del cual el desacuerdo profundo pueda persistir sin destruir la legitimidad.

Cuarto, ese acuerdo debe institucionalizarse dentro de las propias autoridades, mediante impugnación interna estructurada, abogacía del diablo y un compromiso con convertirse en instituciones reflexivas de aprendizaje en lugar de creyentes dependientes de su trayectoria.

El derecho de la competencia nunca estará libre de ideología.

Nunca estará libre de desacuerdo moral.

Nunca estará libre de conflicto.

Pero debe seguir siendo capaz de disciplina.

Debe seguir siendo capaz de decir: esta es la teoría, esta es la evidencia, este es el contraargumento, esta es la incertidumbre, esta es la razón por la que seguimos adelante y esto es lo que nos haría reconsiderar.

Eso no es timidez.

Eso es lo que confiere dignidad al derecho coactivo.

Si el derecho de la competencia ha de sobrevivir a esta era de polarización, no lo hará condenando a los vulcanos al silencio, ni pidiendo a los terrícolas que renuncien a su desasosiego moral.

Solo sobrevivirá si ambas partes aceptan que, en un orden pluralista, ningún campo tiene derecho a gobernar únicamente mediante certeza moral.

No deriva, sino disciplina.

No certeza, sino humildad.

No guerra, sino derecho.

Muchas gracias.

También te puede interesar

El efecto “Lina Khan”

Los fines de la libre competencia, según los ministros Rojas y Paredes

¿Requiem para los neobrandesianos? Sobre la lucha de trincheras de la libre competencia