¿Puede la formación económica cambiar las decisiones de los jueces?

7.10.2026

8 minutos

Mark Schnyder Tello Economista, Universidad Adolfo Ibáñez.

Hoy en día resulta difícil imaginar un caso de libre competencia que no haga mención a tópicos económicos. Conceptos como mercado relevante, elasticidad, poder de mercado y bienestar del consumidor son utilizados habitualmente por tribunales y autoridades del derecho. En definitiva, el análisis económico se ha transformado, cada vez, en un lenguaje más común entre los abogados.

La economía entrega a la libre competencia un conjunto de herramientas analíticas que permiten analizar diversos casos y mejorar la calidad de las decisiones. Sin embargo, esta disciplina también puede ayudar a entender los problemas jurídicos desde otra perspectiva. Esto plantea una pregunta académicamente poco estudiada: ¿la economía solamente entrega herramientas analíticas o puede modificar la forma en que las autoridades toman decisiones?

«El programa Manne muestra que el enfoque económico enseñado puede influir en la manera en que los jueces interpretan y aplican las normas».

Un estudio reciente de Ash, Chen y Naidu (2026) [1] aprovecha la experiencia del programa Manne en Estados Unidos para ayudar a responder dicha pregunta. El artículo sugiere que la exposición sistemática a determinadas ideas económicas puede modificar las decisiones que toman quienes aplican el derecho. Este análisis se vuelve particularmente relevante en un sistema en que los jueces no son meros aplicadores de leyes, y en donde las creencias normativas y positivas pueden influir en las decisiones.

A comienzos de 1970, un conjunto de pensadores, profesores, abogados y promotores de políticas públicas provenientes de la escuela de Chicago iniciaron un movimiento de economía y derecho. Su principal objetivo era incluir y difundir los principios económicos en la mayoría de las áreas del derecho. Asimismo, entendían que la economía puede clarificar la incidencia de las normas jurídicas y ofrecer un conjunto de principios normativos -en particular, la eficiencia económica- que los jueces pueden intentar aplicar en sus decisiones.

En este contexto, se fundó en 1976 el curso intensivo de entrenamiento de economía para jueces federales de Estados Unidos organizado por Henry Manne en el Centro de Derecho y Economía de la Universidad de Miami (LEC, por sus siglas en inglés). El programa se llevó a cabo una o dos veces por año entre 1976 y 1998, en donde todos los jueces federales podían postular bajo un proceso de admisión por orden de llegada (first-come, first-served), lo que significa que los organizadores no reclutaron a jueces específicos para formar parte de la capacitación. Para el año 1990, 40% de los jueces federales ya habían asistido al programa, por lo que rápidamente se convirtió en una iniciativa muy atractiva tanto para candidatos republicanos como demócratas.

A raíz de este evento, los autores del mencionado estudio se preguntan si la exposición a las ideas de economía y derecho provistas por el programa Manne cambió la forma en que los jueces federales estadounidenses decidían casos. Para responder a esta pregunta, se emplea una metodología de diferencias en diferencias, en donde los autores comparan las decisiones de los mismos jueces antes y después de participar en el programa Manne (grupo tratado) contrastándolas con las de jueces que aún no habían asistido (grupo de control). Esta estrategia ayuda a distinguir el efecto de la capacitación de las diferencias que ya existían entre los jueces. Una simple comparación entre asistentes y no asistentes podría ser engañosa, pues quienes decidieron participar podrían haber tenido desde antes un mayor interés por la economía o una mayor afinidad con las ideas del programa.

El artículo identifica tres resultados principales. En primer lugar, el programa aumentó el uso del lenguaje económico en las decisiones judiciales en los años posteriores a haber asistido al curso, lo que sugiere que la capacitación efectivamente modificó la forma de analizar los casos. En segundo lugar, los jueces emitieron fallos más conservadores en materia de regulación y se volvieron más propensos a votar en contra de las agencias federales encargadas de aplicar regulaciones laborales y ambientales. Los autores interpretan este resultado como una mayor inclinación hacia la desregulación. Esto demuestra que las ideas no sólo cambiaron el lenguaje empleado, sino también las decisiones tomadas. Finalmente, la asistencia a los cursos del entrenamiento Manne se asocia con sanciones penales más severas en los denominados tribunales de distrito, es decir que aumentó la probabilidad de imponer prisión.

Estos resultados muestran un cambio en la toma de decisiones de jueces en el corto plazo, sin modificar la ley y la afiliación política de estos. En otras palabras, también se aporta evidencia al debate sobre si los jueces actúan principalmente como operadores políticos o como meros aplicadores formales de la ley. Si sus decisiones estuvieran tomadas al pie de la letra por lo que dice la ley, una capacitación en economía no generaría un efecto en sus fallos. Del mismo modo, si respondieran únicamente a preferencias políticas, tampoco cabría esperar cambios sistemáticos tras el programa, ya que seguirían votando en favor de su bando político. Este artículo sugiere que los jueces ejercen un grado de discrecionalidad profesional dentro del cual nuevas ideas rigurosas pueden influir en la manera en que interpretan y aplican el derecho.

Además, las decisiones que toman los jueces federales en muchos casos son finales y tienen impacto en los futuros jueces que deben seguir esos precedentes. El estudio también identifica que los jueces que atendieron el programa redactaron con mayor frecuencia la opinión principal en casos y que dichas opiniones fueron citadas más a menudo en comparación a los jueces que no asistieron a la capacitación. Asimismo, la Corte Suprema estuvo de acuerdo en más ocasiones con las decisiones tomadas por los jueces federales que asistieron al programa en contraste con los que no asistieron.

Los autores destacan el caso Square D Co. v. Niagara Frontier (1985) como un ejemplo ilustrativo de la influencia de la economía en la libre competencia. En este litigio por colusión para fijar tarifas de transporte entre Estados Unidos y Canadá, el juez Henry J. Friendly, quien había participado en el programa Manne, rechazó la posibilidad de imponer daños punitivos adicionales a los responsables. Su justificación fue que la indemnización compensatoria ya generaba incentivos suficientes para disuadir futuras infracciones, un argumento que evalúa las reglas según sus efectos sobre los incentivos y la eficiencia. En lugar de imponer más castigos a los infractores por la gravedad de su conducta, la lógica económica permite evaluar si existen incentivos suficientes para una disuasión eficiente. La decisión fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema, convirtiéndose en un antecedente vinculante para los tribunales. Este caso refleja tanto la utilización de un razonamiento económico basado en incentivos como su influencia sobre una decisión concreta en materia de libre competencia. Sin embargo, no constituye un ejemplo del tercer resultado del estudio, referido particularmente a sanciones penales dictadas por tribunales de distrito.

En conclusión, si bien los debates sobre libre competencia suelen centrarse en leyes, instituciones y procedimientos, la experiencia del programa Manne recuerda que las personas que aplican las reglas también importan. Las ideas que reciben durante su formación pueden influir en cómo interpretan la evidencia, evalúan los mercados y resuelven conflictos. Cuando pensamos en instituciones solemos pensar en organismos o procedimientos, pero este estudio recuerda que las ideas también forman parte de las instituciones, porque moldean la manera en que las personas interpretan y aplican esas reglas.

En particular, la economía debería enseñarse como una manera general de pensar, en lugar de como un conjunto específico de enseñanzas puntuales. En este caso, el aprendizaje consistió en la exposición sistemática a herramientas y formas de razonamiento económico impartidas por algunos de los economistas más influyentes de la época, con el objetivo de guiar y fundamentar las decisiones de los jueces. El enfoque del programa Manne destacaba la importancia de los incentivos y la eficiencia económica, junto con una mirada crítica sobre las regulaciones que eventualmente podían generar costos adicionales.

En la actualidad, una capacitación similar sería necesariamente distinta. El análisis basado en incentivos y eficiencia económica seguiría siendo relevante, puesto que permite entender de qué manera una regla puede cambiar el comportamiento de los agentes y hacerlo al menor costo posible. Sin embargo, una capacitación de este tipo también debería incluir los aportes realizados por áreas como la economía del comportamiento, que muestra cómo los agentes pueden reaccionar de manera distinta de lo que sugiere la teoría. En efecto, los sesgos cognitivos, la falta de información e incluso la forma en que esta información se presenta a los tomadores de decisiones puede inducirlos a actuar de una manera diferente de la inicialmente esperada.

En consecuencia, una formación de este estilo no solo debería permitir inferir teóricamente el comportamiento esperado a partir de una regla o norma, sino también medir sus efectos. Así, la evidencia y la evaluación cuantitativa cobran especial relevancia a la hora de examinar con datos el efecto, idealmente causal, de una regla sobre un comportamiento de interés. Si, tal como evidencia el programa Manne, la formación económica influye en la manera en que los jueces toman decisiones, entonces no solo importa que aprendan economía, sino también qué enfoques, supuestos y herramientas acompañan dicha enseñanza. En definitiva, aunque la economía ya forma parte del análisis de la libre competencia y la regulación, el programa Manne muestra que el enfoque económico enseñado puede influir en la manera en que los jueces interpretan y aplican las normas.

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[1] Ash, E., Chen, D., & Naidu, S. (2026, Febrero). Ideas Have Consequences: The Impact of Law and Economics on American Justice. The Quarterly Journal of Economics, 141(1), 845-887. Retrieved from https://doi.org/10.1093/qje/qjaf042