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Garrigues, en colaboración con el CentroCompetencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez, elaboró un informe con el balance de los cinco primeros años del control previo de concentraciones en el Perú. La Ley 31112 puso en marcha este sistema el 14 de junio de 2021, y su aplicación está a cargo del Indecopi.
Hasta agosto de 2026, la autoridad recibió 112 pedidos de autorización y admitió 100 a trámite. De ellos, aprobó 94, de los cuales 88 se resolvieron en la primera fase y 6 en la segunda, estos últimos con condiciones. Solo rechazó una operación, y las otras 5 seguían en evaluación en la primera fase. Para el análisis de plazos, Garrigues revisó las 76 resoluciones públicas admitidas a las que tuvo acceso. Ninguna superó el límite legal, y las 71 aprobaciones en fase 1 de ese grupo tardaron en promedio 48 días hábiles.
El informe también estima en US$67.831 millones el valor de 75 operaciones aprobadas hasta julio de 2026. Las 29 operaciones originadas fuera del país, con incidencia en el Perú, representan el 76,1% de ese monto. Por sectores, electricidad, gas y agua encabezó la lista con 19 operaciones, seguido de manufactura y de extracción de petróleo, gas y minerales, con 8 cada uno. En fase 1, los dos primeros se resolvieron un poco más rápido que el promedio general de 72,1 días calendario, con 71 y 70,2 días, respectivamente, lo que según el informe podría reflejar la mayor experiencia del Indecopi en esos sectores.
Por último, el documento sistematiza los criterios que aplicó la Comisión del Indecopi al definir mercados y al evaluar las barreras de entrada, los costos de cambio y la presencia de rivales. Además, detalla las condiciones que impuso en fase 2, como la cesión o el licenciamiento de marcas, la venta de activos y los cambios en contratos, y explica sus criterios sobre las cláusulas de no competencia. El informe cierra este análisis con la primera denegatoria bajo la Ley 31112, que correspondió a una operación del sector azucarero en 2024.
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