Derecho de competencia y desigualdad: ¿hay conexión?

Desigualdad, redistribución del ingreso y antitrust enforcement

¿Cuál es la relación que existe entre el derecho de la competencia y la desigualdad? En el marco del Antitrust Enforcement Symposium del 26 de junio de 2021, organizado por la Universidad de Oxford, esa es la pregunta que Ania Thiemann, experta en competencia de la OCDE y moderadora de esta actividad, invitó a los invitados de este panel (casi todos economistas) a explorar. A modo introductorio, Thiemann hizo presente que la OCDE también está intentando observar cómo la falta de enforcement del derecho de la competencia puede estar asociada a efectos negativos en términos de distribución del ingreso —y cómo ella puede afectar incluso la reactivación económica una vez que acabe la pandemia—.

La mayor parte de las intervenciones estuvo basada en trabajos escritos de los expositores. (Referiremos ellos cuando sea pertinente).

Christopher Decker (Centre for Socio-Legal Studies, Universidad de Oxford) presentó los resultados de un trabajo colectivo que busca evaluar, sobre la base de diversas bases de datos, qué tan cierta es la intuición de que el derecho de competencia afecta la desigualdad de ingresos y, si ello es efectivo, esclarecer las principales vías a través de las que se materializa ese efecto (véase Ariel Ezrachi, Amit Zac, Christopher Decker y Carola Casti ‘The Effects of Competition Law on Inequality –‎ Incidental By-product or a Path for Societal Change?’‎, disponible aquí).

Mediante un análisis en tres niveles [(i) vínculo entre calidad del sistema de competencia e indicadores de desigualdad (nivel macro); (ii) análisis cruzados entre industrias; y (iii) impacto de las decisiones de las agencias en la distribución], los actores concluyen que existe evidencia fuerte para sostener la tesis de que bajos niveles de enforcement favorecen mayores índices de desigualdad.

Sean Ennis (Centre for Competition Policy, University of East Anglia) presentó los resultados de un reciente trabajo escrito junto a Chris Pike y Pedro Gonzaga (véase Sean F. Ennis, Pedro Gonzaga and Chris Pike ‘Inequality: A Hidden Cost of Market Power’, disponible aquí). En él, los autores proponen un modelo para ilustrar cómo rentas más altas derivadas de poder de mercado (asociadas a precios más altos) pueden influenciar la distribución del ingreso y la riqueza.

Considerando los datos recabados por la OECD para ocho países, los autores concluyeron (asumiendo una serie de supuestos razonables), que el poder de mercado incrementa la riqueza del 10% más rico de la población entre un 12% y un 21%, a la vez que disminuye el ingreso del 20% más pobre entre un 14% y un 19%. Lo anterior sugiere que el derecho de competencia juega un rol en la reducción de la desigualdad económica.

Para el economista, existen algunos casos en que el derecho de la competencia puede hacer menos por la desigualdad (como en los casos en que el poder de mercado se explica por innovación y está asociado a patentes, por ejemplo) y otros, en cambio, en que puede hacer mucho. Ejemplar en este último sentido sería el incremento de la competencia en telecomunicaciones en México en los años noventa, que habría significado un aumento del ingreso mensual disponible del orden de 3% para las familias de más bajos ingresos).

Maarten Pieter Schinkel (Universidad de Ámsterdam) recalcó que la lucha contra la desigualdad y la pobreza es hoy fundamental. La competencia, en su opinión, se trata finalmente de igualdad de oportunidades.

No obstante, si el enforcement antitrust va a avanzar hacia la consideración de la desigualdad como un valor relevante, hay que distinguir su preocupación específica por la desigualdad de una preocupación por la distribución (igualdad) de resultados. En opinión del economista hay autores (no en este panel) que obvian esta importante cuestión.

Ése es —clarificó Schinkel— el objeto de su trabajo (ver Maarten Pieter Schinkel  ‘On Distributive Justice by Antitrust: The Robin Hood Cartel’, disponible aquí): a través de él pretende mostrar los riesgos asociados a que el derecho de la competencia se mueva en tal dirección. Así, un supuesto cartel “Robin Hood” (que discrimina precios cobrando más a los ricos para dar a los pobres) está lejos de resultar óptimo, incluso si se valoran sus efectos distributivos positivos. A través de otros instrumentos, en su opinión, se podrían lograr efectos distributivos mucho mejores, a la vez que mayor bienestar social.

Ioana Marinescu (Universidad de Pennsylvania) presentó los resultados de un trabajo conjunto con Eric Posner (véase Ioana Elena Marinescu and Eric A. Posner ‘Why Has Antitrust Law Failed Workers?’, disponible aquí).

La autora enfatizó que, lejos de ser mercados perfectos, muchos mercados laborales corresponden a mercados monopsónicos: los empleadores pagan menos a los trabajadores porque estos últimos carecen de una amenaza real de rechazar la oferta (o renunciar) y optar por otro trabajo de más alta paga en el mercado. Pese a que esta situación es análoga con las preocupaciones usuales del derecho de la competencia en relación a mercados de productos, la litigación (o siquiera la preocupación por estos efectos en análisis de casos) es escasa.

En opinión de la economista, esto carece de justificación, toda vez que desde la perspectiva de la libre competencia no hay diferencias sustantivas entre una situación y otra. Así, Marinescu y Posner formulan en su trabajo propuestas para que el derecho de la competencia se haga cargo más eficazmente de los monopsonios del trabajo y deje de fallarle a los trabajadores.

Ioannis Lianos (Presidente de la Comisión de Competencia de Grecia y académico del University College London), principió su intervención celebrando que se diera una discusión por la desigualdad en el seno del derecho de competencia. Previno, no obstante, que en su opinión es riesgosa la falta de claridad acerca de qué es lo que se pretende igualar.

Así, Lianos recalcó que existen muchas discusiones asociadas a la desigualdad, en un sentido amplio, que pueden ser relevantes para el rol de las agencias de competencia, las que alcanzan, por ejemplo, la paridad de género a nivel de los participantes del enforcement (la agencia, las y los abogados, la academia). Incluso cuando nos desplazamos a la desigualdad asociada a las acciones de enforcement —recalcó— existe un grado importante de indeterminación que es necesario clarificar. Desigualdad de ingresos es lo más obvio, por ejemplo, pero no es la única dimensión.

En opinión de la autoridad habría que distinguir a lo menos tres preguntas sobre el particular, cada una en distintos niveles: (i) qué cosa puede considerarse relevante igualar; (ii) qué sinergias generales existen entre el derecho de la competencia y la distribución de ello; (iii) cuál es el efecto específico de determinadas acciones de enforcement en la distribución de aquello que es relevante y cómo ello debiera afectar decisiones o prioridades de enforcement.

La alocución final quedó en manos de Thomas Phillippon, profesor de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y autor de un celebrado trabajo que analiza cómo varios mercados en Estados Unidos pasaron de ser un ejemplo en competitividad a transformarse en el coto de agentes poderosos que destinan más recursos a la influencia política que a la innovación (The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets, Harvard University Press 2019; ver aquí).

Phillippon manifestó que es necesario distinguir los efectos directos e indirectos del monopolio (y el monopsonio) en la distribución del ingreso. En cuanto a los efectos directos, los resultados agregados por alza en los precios pueden ser enormes, e impactan de modo diferenciado a los hogares que ocupan distintas posiciones en la escala de ingresos. Como el capital está mucho más desigualmente distribuido que el trabajo, los efectos perjudiciales en la distribución del ingreso no debiesen sorprender. Consistemente, los efectos de la falta de competencia entre los oferentes de puestos de trabajo (efectos directos del monopsonio) son importantes también.

Los efectos indirectos del monopolio y el monopsonio, en tanto, son comparativamente más difíciles de medir. La cuestión más significativa es cómo afectan ambos fenómenos los patrones de inversión. A este último nivel, los datos sugieren un efecto ambiguo en la distribución del ingreso. Las beneficiados en este ámbito serían en principio las personas de clase media, siendo menos significativos los efectos en los sectores de ingresos más bajos.

Para Phillippon, dos grandes preguntas asociadas a los efectos la falta de competencia debe ser investigadas con mayor detalle. En primer lugar, los efectos asociados a menor innovación. En segundo lugar, los efectos asociados a la captura del poder político por aquellas firmas que ostentan poder monopólico. Para el economista, es claro que el poder monopólico tiende a traducirse en lobby a las autoridades públicas, lo que tiene un impacto negativo en el desarrollo de otras políticas públicas de efecto redistributivo positivo. Tal como ocurre con las pérdidas asociadas a innovación, no obstante, los efectos perjudiciales del monopolio a este respecto, aunque esperables, resultan muy difíciles de cuantificar con precisión.

*Los trabajos de los participantes de esta actividad debieran, en principio, publicarse próximamente como contribuciones en un futuro número del The Journal of Antitrust Enforcement.

Enlaces relacionados:

Marinescu, Ioana Elena and Eric A. Posner. ‘Why Has Antitrust Law Failed Workers?’, disponible aquí.

Schinkel, Maarten Pieter. ‘On Distributive Justice by Antitrust: The Robin Hood Cartel’, disponible aquí.

Ennis, Sean F.; Pedro Gonzaga and Chris Pike. ‘Inequality: A Hidden Cost of Market Power’, disponible aquí.

Ezrachi, Ariel; Amit Zac, Christopher Decker and Carola Casti.  ‘The Effects of Competition Law on Inequality –‎ Incidental By-product or a Path for Societal Change?’‎, disponible aquí.

Phillippon, Thomas. The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets (Harvard University Press, 2019). Ver sitio del editor aquí.

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