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El 5 de agosto de 2024, el Tribunal de Distrito de Columbia dictó sentencia en el procedimiento iniciado por la acusación del Departamento de Justicia (DOJ) en contra de Google, por monopolizar el mercado de las búsquedas en Internet.
En el fallo, el juez de distrito de Columbia (Amit Mehta) dictaminó que Google mantenía ilegalmente su monopolio en el mercado de búsquedas en internet, mediante una serie de contratos con empresas fabricantes de dispositivos inteligentes, empresas desarrolladoras de navegadores web y operadores inalámbricos. Dichos contratos tenían por objeto el pago por parte de Google a sus contrapartes de un porcentaje de ingresos por publicidad de búsqueda, a cambio de la fijación de Google Search como motor de búsqueda predeterminado. A juicio del juez Mehta, estos contratos distorsionaban el proceso competitivo a favor de Google (ver nota CeCo: ¿Qué significa la decisión antimonopolio de Google y a dónde nos llevará? (ProMarket) y columna de F. Irarrázabal).
Frente a la sentencia, Google anunció que apelará el fallo, mientras que se encuentra pendiente la definición de los remedios que se impondrán a la compañía, lo que debería ocurrir durante el mes de septiembre del año en curso.
Teniendo a la vista esta importante sentencia, en esta nota nos referimos brevemente a las causas que se encuentran actualmente en tramitación ante tribunales de EE.UU., relativas al enforcement de competencia en mercados digitales.
El caso Epic Games, Inc. v. Google LLC inició el 20 de agosto de 2020 con la denuncia de Epic Games contra Google por violar la Ley Sherman y la Ley Cartwright del estado de California. La demandante sostuvo que la big tech habría abusado de su posición de dominio utilizando su aplicación Google Play Store para cobrar tarifas excesivas a los desarrolladores de apps, sofocar la competencia y reducir la innovación (ver columna de M. Jacobs). Uno de los hitos que gatilló esta demanda fue la decisión de Google de prohibir la distribución del juego Fortnite (de Epic) en Google Play Store, a modo de represalia por infracción de sus políticas de pago.
Frente a la acusación, Google se defendió afirmando que las demandantes no podían demostrar daños anticompetitivos ni la existencia de acuerdos ilícitos con respecto a sus servicios de pago dentro de la aplicación.
El veredicto del jurado, pronunciado a fines de 2023, determinó que Google efectivamente infringió las leyes antimonopolio constituyéndose en un monopolista ilegal en el mercado de distribución de aplicaciones en smartphones con sistema Android, y de servicios de facturación dentro de la aplicación Google Play para compras digitales en todo el mundo (excluida China). Además, el veredicto determinó que los acuerdos de Google con los desarrolladores sobre la distribución de aplicaciones, las asociaciones comerciales con empresas de juegos como Activision Blizzard King, Riot Games y Supercell, y los acuerdos con los fabricantes de teléfonos inteligentes en relación con la preinstalación de aplicaciones de Google son anticompetitivos, verificando los daños denunciados por Epic Games.
Ante esta decisión, a través de un recurso, Google buscó la prosecución de un nuevo juicio para revertir el resultado, petición que le fue negada. Por su parte, Epic Games elaboró una propuesta de remedios para Google Play Store enfocados a promover la libertad de los consumidores a la hora de elegir la instalación de aplicaciones, así como una mayor libertad de contratación entre desarrolladores y consumidores.
Sobre esta decisión del jurado, también se pronunció la FTC a través de un escrito amicus, manifestando que Google debe hacerse responsable de los costos del daño a la competencia. Del mismo modo, el pasado 19 de agosto, Epic Games se pronunció renunciando a la defensa de la ilegalidad del acuerdo alcanzado con Google para así poder acelerar los recursos antimonopolio.
El 2023, el DOJ interpuso una demanda en contra de Google acusándola de monopolizar ilegalmente los mercados de tecnologías de búsqueda y publicidad en búsqueda, a través de adquisiciones en serie y la manipulación anticompetitiva de subastas (ver nota CeCo: DOJ demanda a Google por abusos en el mercado de la publicidad digital).
La demanda sostiene que Google habría monopolizado tecnologías clave de publicidad digital, denominadas como el “conjunto de tecnologías publicitarias” («ad tech stack«). Estas tecnologías serían imprescindibles tanto para los editores de sitios web (para vender anuncios) como para los anunciantes (para comprar anuncios y llegar a clientes potenciales).
Las demandantes alegan que durante los últimos 15 años Google ha emprendido una serie de conductas de carácter exclusorio, con el objeto de neutralizar o eliminar competidores en el sector de tecnologías publicitarias. Entre las conductas, se denuncia que la big tech, a través de una serie de adquisiciones, habría abusado de su posición dominante en los mercados de publicidad digital para forzar a más editores y anunciantes a utilizar sus productos, con lo que mermaría la libertad de elección de los consumidores para utilizar productos competidores.
Actualmente, el caso está pendiente y el juicio se encuentra programado para el mes de septiembre del año en curso.
El 19 de agosto de 2021, la Federal Trade Commission (FTC) presentó una versión final de su demanda contra Meta -en ese entonces Facebook Inc.- alegando que la compañía mantiene ilegalmente su monopolio en redes sociales personales. La FTC afirmó que Meta ha seguido una estrategia sistemática para eliminar o contraer la competencia, afectando la elección de los consumidores (ver nota CeCo: Arreglos a la carga durante el viaje: cambios a la demanda de la FTC contra Facebook).
La autoridad alega principalmente dos tipos de conductas: (i) la adquisición estratégica de competidores, como Instagram y Whatsapp, con fines anticompetitivos, limitando a competidores emergentes e innovadores; y, (ii) la imposición de condiciones anticompetitivas a desarrolladores de software de terceros en el acceso a interconexiones valiosas de la plataforma, como las interfaces de programación de aplicaciones (APIs).
Frente a la denuncia, Facebook contestó refiriéndose a la autorización previa de la FTC de las adquisiciones de Instagram y Whatsapp, tras haberse descartado riesgos anticompetitivos.
En la actualidad, las últimas actuaciones de las partes han estado dirigidas a solicitar que el procedimiento se vea en juicio sumario (por parte de Facebook) o en juicio sumario parcial (por parte de la FTC).
El 26 de septiembre de 2023, la Federal Trade Comission de EE.UU., junto con otros 17 estados, presentaron una demanda en contra de Amazon por presuntas conductas de monopolización en dos mercados relevantes: online superstore market y online marketplace services. Este es un caso icónico para la FTC de Khan, pues ella saltó a la fama tras escribir un artículo bastante crítico respecto de Amazon (ver nota CeCo “Amazon según Lina Khan”).
Dicha monopolización se habría producido mediante el bloqueo de la competencia y el ejercicio de un poder monopólico para aumentar artificialmente los precios, y mediante la disminución de la calidad de los productos y la restricción a la innovación, dañando así tanto a los consumidores como a las empresas competidoras estadounidenses.
En este caso, la FTC evaluó 5 aspectos relevantes para analizar los daños a la competencia: (i) Dualidad de Amazon como vendedor (first-party Retail) y como plataforma (third-party Retail); (ii) el Superstore online; (iii) los servicios de publicidad; (iv) el programa de suscripción Prime; y (v) los servicios fulfillment (FBA).
Gracias a dichos elementos, Amazon habría generado una activa política anti-descuentos, vigilando y sancionando a los vendedores que ofrecían productos a menor precio en otros sitios. Además, la empresa habría condicionado al acceso a la categoría “Prime” solo a quienes utilizaran el sistema de fulfillment de Amazon.
Para subsanar los daños identificados, la demanda solicitó al tribunal “cualquier remedio equitativo preliminar o permanente, incluyendo, entre otros, los remedios estructurales” que sean necesarios para reestablecer la competencia en los mercados y detener las conductas anticompetitivas (Demanda, p. 152 y 153) (más detalles sobre la demanda están en la Nota CeCo “FTC versus Amazon: ¿Un nuevo hito en el enforcement de los mercados digitales?”).
Ante lo anterior, en diciembre del año 2023, Amazon respondió solicitando que se desechara el caso entero, y apuntó a que el derecho de competencia no busca castigar el comportamiento económico que beneficia a los competidores. Agregó, además, que no es un monopolista, sino que compite con miles de empresas tradicionales (brick & mortar), lo que le ha forzado a innovar.
El juez distrital que conoce del caso, John Chun, fijó el mes de junio de 2025 como la fecha en que se debería conocer del caso, en un juicio sin jurado.
En marzo de 2024, el DOJ, junto a 16 estados, demandó a Apple por infringir las leyes antimonopolio, al crear y utilizar un ecosistema cerrado en torno al iPhone, con el objeto de monopolizar el mercado de los smartphones. Las conductas de Apple tendrían como consecuencia coartar la libertad de los consumidores para elegir y cambiarse de smartphone, capturando a los clientes de Iphone. Esto tendría como consecuencia una disminución en la innovación en aplicaciones, productos y servicios, y la imposición de costos extraordinarios a desarrolladores, empresas y consumidores.
En la demanda, tercera de la DOJ en contra de Apple en los últimos años, la autoridad acusó a Apple de intentar mantener ilegalmente un monopolio en el mercado de smartphones al imponer restricciones contractuales y retener puntos de acceso críticos para los desarrolladores, afectando gravemente la interoperabilidad.
Ante la demanda, Apple solicitó al tribunal de distrito desestimar la acusación, toda vez que ésta no determinaría correctamente cómo y en qué mercado relevante la compañía habría alcanzado un poder monopólico. Asimismo, sostuvo que el escrito tampoco ofrecía prueba de conductas anticompetitivas ni de los efectos que éstas podrían provocar en los mercados.
Actualmente la causa se encuentra pendiente de entrada a juicio.
