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De cara a las elecciones presidenciales que se avecinan en Chile (noviembre), en CeCo nos propusimos revisar los programas de los candidatos a través de una mirada neutra, descriptiva y comparativa, enfocándonos en los aspectos económicos y regulatorios.
A continuación, presentamos una síntesis de las propuestas programáticas del candidato Eduardo Artés Brichetti, abanderado del Partido Comunista Acción Proletaria, en torno a cinco ejes principales: (i) Libre competencia; (ii) Rol del Estado en la economía; (iii) Sectores económicos; (iv) Política fiscal; y (v) Otros aspectos relevantes.
En su programa, Eduardo Artés no hace ninguna referencia directa al sistema de libre competencia chileno, ni a las facultades de la FNE o del TDLC. Su programa anterior (2021) también carecía de esta materia (ver nota CeCo: “Eduardo Artés: Programa en Libre Competencia y Economía”). Con todo, el candidato plantea transformaciones que reconfiguran profundamente el funcionamiento de los mercados.
El diagnóstico del candidato es que los monopolios y oligopolios “son la regla general de la economía”, donde solamente unas 150 empresas controlarían todos los mercados (p. 11). Ahora bien, la manera de hacer frente a la concentración económica propuesta por el candidato no es el fortalecimiento de la competencia, sino la estatización de los medios de producción (vía expropiaciones) y la regulación de precios y rentas.
El programa plantea que el sistema económico impuesto por la oligarquía y el capital extranjero ha mantenido a Chile en un “siglo de subdesarrollo y dependencia” (p. 10). Frente a ello, se propone alcanzar la “independencia económica” mediante la reorientación de la estructura productiva. Así, el programa señala que el Estado “debe pasar de ser un Estado subsidiario y desfinanciado a uno que tenga un papel protagonista en la economía y sea propietario de importantes empresas productivas (p. 17).
Esto implica la creación de un Gobierno Patriótico Popular, basado en un Estado planificador y productor, financiado en parte por las rentas de empresas públicas eficientes (p. 17). La arquitectura de este Gobierno Patriótico Popular descansa en tres pilares orientados a reindustrializar el país: (i) una “planificación quinquenal” centralizada; (ii) seguridad energética y alimentaria; y (iii) una reforma de la propiedad en sectores críticos.
Respecto al primer punto, Artés propone la implementación del Primer Sistema Nacional de Planificación Quinquenal, el que cuya primera etapa consistiría en la identificación de la capacidad productiva actualmente existente y de las brechas tecnológicas y educativas del país. Luego, se definirían metas de producción cuantitativas y cualitativas por sector, región y localidad. Una vez implementado, el programa sería revisado periódicamente a fin de sopesar sus logros y fallas, y ajustar sus prioridades. En este punto, Artés anticipa posibles sanciones internacionales y la obstrucción al acceso al sistema de pagos internacionales, y propone enfrentar estas dificultades apoyándose en la experiencia de países que han sorteado embargos mediante triangulación comercial (p. 11).
Ante la pregunta sobre qué áreas priorizar en la planificación de la producción, el programa responde que deben ser aquellas en las cuales “Chile cuenta con una base material” (p. 17). Estas serían la agroindustria, la energía, la minería, la construcción y la logística. El financiamiento para este proceso provendría principalmente de la (re)nacionalización de la gran industria, que permitiría agregar al erario nacional las rentas de las empresas estatales.
En materia de reforma de la estructura de propiedad, el programa plantea una reestructuración en torno a cuatro formas: (i) estatal (empresas en que el Estado tiene el 100% de la propiedad, predominante en áreas estratégicas); (ii) mixta (empresas cuya propiedad es compartida por el Estado y privados); (iii) privada (mayoritaria en número, pero subordinada a la planificación nacional); y (iv) cooperativa (empresas en que los propietarios son los trabajadores).
La propiedad estatal se expandiría a través de expropiaciones. El programa indica que el Estado se reserva la potestad de expropiar empresas “cuando la nación lo juzgue necesario” (p. 12). Sin perjuicio de ello, la primera prioridad sería la de recuperar la gran minería, bajo la premisa de que Chile debería fijar el precio del cobre en el mercado internacional y apropiarse de su renta para financiar la industrialización.
Luego de la minería, el programa contempla la expropiación de monopolios estratégicos no mineros, incluyendo una serie de sectores tales como la banca, los seguros y las pensiones, el comercio exterior, los “monopolios de distribución”, la generación y distribución de energía y combustibles, la producción y distribución de alimentos, el transporte, las comunicaciones, la siderurgia, el cemento, la petroquímica y la celulosa.
Respecto al mecanismo de expropiación, el programa señala que estas “serán compensadas económicamente” y el monto se determinaría caso a caso. Ahora bien, el programa también indica que no se otorgará compensación cuando la empresa expropiada obtuvo beneficios “sustancialmente superiores a los costos de inversión y a las contribuciones realizadas a la sociedad”, incluso advirtiendo que la empresa podría ser obligada a pagar al Estado una compensación por los daños sociales y ecológicos causados durante el tiempo en que operó (p. 12).
Respecto al espacio que cabe al sector privado en el modelo propuesto por Artés, el programa señala que el capital privado (nacional o extranjero) tendrá “la posibilidad de participar en las empresas del Estado o poseer empresas enteramente privadas, en tanto se sometan a las condiciones fijadas por la sociedad de acuerdo con los programas de planificación estatal” (p. 12). Entre estas condiciones se encuentran el tope máximo de ganancias, la obligación de reinvertir en infraestructura e investigación, y la escala salarial fijada a nivel nacional (p. 12).
El programa de Eduardo Artés prioriza la alimentación y la energía como ejes de la industrialización. En materia de alimentos, propone reorientar la producción hacia las necesidades internas mediante la ya señalada planificación quinquenal, esto con el fin de aumentar la seguridad alimentaria. En esa línea, la gran propiedad agrícola y acuícola pasaría mayoritariamente al Estado, con participación de los trabajadores, mientras que la pequeña y mediana propiedad, junto con las cooperativas, serían plenamente aceptadas y protegidas, pero regulándose estrictamente la compraventa para evitar reconcentración.
En materia de pesca, se plantea imponer límites severos a la pesca industrial —en especial extranjera—, combatiendo la ilegalidad y revisando tratados vigentes. Asimismo, se prevé la estatización de empresas agroacuícolas estratégicas, el fortalecimiento del riego, la ampliación de la superficie cultivable y la incorporación de tecnologías emergentes. El programa también contempla resguardar y ampliar las tierras comunitarias indígenas y, en casos calificados, asignar tierras a pequeños productores con el objetivo de garantizar abastecimiento, precios justos y soberanía alimentaria (p. 15).
En cuanto a la energía, la seguridad e independencia energética se consideran condiciones esenciales para industrializar el país. El Estado tendría un rol preponderante a través de la estatización de grandes generadoras, la revisión de los acuerdos de ENAP y las metas de la planificación quinquenal (enfocada en ampliar la capacidad disponible). Se evaluará el desarrollo de nuevas fuentes de energía con un criterio pragmático: promover las energías renovables—resolviendo problemas de intermitencia y huella ecológica— y apostar por la energía nuclear debido a su alta eficiencia y potencial estratégico. El plan busca expandir rápidamente la capacidad de generación, reducir la dependencia de los mercados internacionales y coordinar esta expansión con la transmisión y el almacenamiento, de modo de asegurar precios razonables y respaldo a la industria (p. 14).
Finalmente, en minería, se plantea la (re)nacionalización del cobre, litio, hierro, silicio y otros recursos, con control mayoritario estatal y participación de los trabajadores, abriendo espacio a esquemas mixtos sin perder el control público. El objetivo es superar el extractivismo y avanzar hacia encadenamientos de valor mediante la fundición, refinación y manufactura de cátodos, precursores de baterías y derivados del silicio, con el fin de otorgar mayor valor agregado a los recursos del país (p. 19).
En el programa se establece que, salvo CODELCO, el Estado no posee empresas productivas relevantes, de modo que su financiamiento dependería de la recaudación de impuestos y la contratación de deuda. Así, se propone convertir al Estado en productor, con grandes empresas públicas como principal fuente de ingresos (capturando sus utilidades), acompañadas de una reforma tributaria drástica y progresiva (p. 17).
En cuanto al actual sistema tributario chileno, el candidato lo clasifica como regresivo y funcional a los grandes grupos económicos. Propone un nuevo régimen inherentemente progresivo, que alivie la carga impositiva de trabajadores, pequeños y medianos comerciantes, campesinos y pueblos originarios, y aumente la tributación de grandes empresas y fortunas particulares. Para ello se proyectan impuestos a la gran herencia, a las transferencias de capital, a la salida de utilidades al extranjero y al patrimonio de las élites económicas (p. 19).
Asimismo, se busca reducir gradualmente el IVA hasta eliminarlo, fortalecer la capacidad del SII frente a la evasión y la elusión —calificadas como “robo al fisco”— y diseñar mecanismos para impedir que las empresas exportadoras evadan su carga real mediante manipulación contable (p. 19).
En materia de política monetaria, el programa sostiene que la lucha contra la inflación no puede descansar en medidas ortodoxas —como reducción del gasto público o de la oferta monetaria—, que suelen recaer en perjuicio de las mayorías. En cambio, la principal medida antiinflacionaria será el aumento sostenido de la producción, garantizado a través de los planes quinquenales. Para complementar este eje, el Gobierno Patriótico Popular impulsaría un respaldo en oro para la moneda chilena, acompañado de la nacionalización de las mineras que lo explotan y de una estrategia de acumulación de reservas. También se contemplan mecanismos de control del circulante mediante tasas de interés, redistribución del crédito y limitación de la usura, junto con instrumentos excepcionales como moneda digital, fijación de precios en sectores con alzas excesivas, bonos en especie (energía, agua, calefacción) y sistemas de intercambio sin dinero en contextos de boicot o inflación aguda. Asimismo, se proyecta crear un sistema de pagos interbancarios nacional como alternativa al SWIFT y la posibilidad de integrarse a plataformas internacionales como SPFS (Rusia) o CIPS (China), con el fin de reducir la dependencia del centro financiero estadounidense y europeo (p. 18).
Un punto importante del programa de Eduardo Artés, es realizar una “Asamblea Constituyente genuina”, con una “hoja en blanco” y participación directa de organizaciones sociales (trabajadores, pueblos originarios, PYMES, estudiantes, mujeres, disidencias y fuerzas armadas y de orden). La Constitución establecería a la Asamblea de los Pueblos como poder superior de poder, eliminando al Senado e instaurando un sistema parlamentario unicameral (p. 20).
En materia de pensiones, se propone eliminar el sistema de AFP, reemplazándolo por un esquema solidario, universal y obligatorio administrado por el Estado, sin lucro y con mayores aportes de personas con altos ingresos (buscando con ellos pensiones suficientes y previsibles). Además, el Estado cubriría hasta el 100% de cotizaciones que corresponderían a las PYMES (según su tamaño e ingresos), con implementación gradual financiada por nacionalizaciones(p. 29).
En lo que se refiere a relaciones internacionesles, Artés propone una política exterior antiimperialista, orientada a romper la subordinación histórica de Chile a Estados Unidos, la Unión Europea y organismos internacionales asociados a sus intereses. En su lugar, plantea estrechar vínculos con países que impulsan procesos de independencia nacional o socialistas, tales como Cuba, la República Democrática Popular de Corea, China, Vietnam y Laos. También se propone fortalecer lazos con el bloque BRICS (p. 10).
Fuente: Elaborada por CeCo en base al programa, fijando como tope máximo 40 palabras y eliminando stopwords (palabras frecuentes que no aportan significado, como artículos, preposiciones, conjunciones y pronombres).
