Era Digital y Pelea de Perros Grandes

Felipe Irarrázabal Ph. Director CeCo UAI.

Las principales empresas digitales del mundo -Amazon, Apple, Facebook, Google- debieran estar alertas, incluso nerviosas.

El Congreso de Estados Unidos está organizando un panel sobre las grandes empresas tecnológicas y su posible afectación al ambiente competitivo. Además, las autoridades de competencia de ese país, dirigidas por representantes designados por Trump, anunciaron que están llevando a cabo amplias investigaciones en esta materia. Trascendió que el Departamento de Justicia analizará Apple y Google, en tanto la Federal Trade Commission verá Amazon y Facebook. Por si esto fuera poco, al menos una candidata presidencial del partido demócrata ha planteado, como slogan de campaña, dividir a las empresas de alta tecnología, como se hizo el año 1911 con Standard Oil y en 1982 con AT&T.

¿Qué está pasando? Y más importante aún: ¿En qué va a terminar todo esto?

Las autoridades de competencia de Estados Unidos han tenido una vida mayormente alejada de la trifulca política -legítima aspiración de toda tecnocracia- a partir de la década del 70’, gracias a la influencia de la Universidad de Chicago.

La escuela de Chicago logró centrar la discusión de competencia en el bienestar de los consumidores y en la eficiencia. Sostuvo que no se trataba de emparejar canchas, derribar a los Goliat de la economía, ni proteger a competidores poco eficientes. Había que focalizarse solo en los consumidores y en parámetros cuantitativos, como el precio. Este paradigma, que destila prudencia, tecnicismo y fe en el mercado, considera preferible incurrir en el error de dejar libre a alguien culpable (falso negativo), que el de condenar a una empresa inocente (falso positivo), desde la convicción de que el primer error lo puede corregir el mercado, no así el segundo.

Según esta escuela, los esfuerzos de aplicación de la ley deben centrarse en perseguir carteles, de por sí inestables. En cambio, la objeción a fusiones debería ser muy excepcional y los casos de monopolización -llamados en Europa abusos de posición dominante– algo rarísimo o derechamente inexistentes.

En este ambiente regulatorio, las grandes empresas digitales pudieron expandirse gracias a su evidente esfuerzo y talento -aunque sin mayor supervisión de alguna agencia gubernamental-, beneficiando a sus consumidores y dinamizando la economía.

Apple, Google, Amazon, Microsoft y Facebook -en ese orden- son actualmente las empresas más grandes de la economía norteamericana, y han desplazado de ese sitial a Exxon, GE, Citigroup y Bank of America.

Estas empresas tecnológicas gozan de cierta popularidad, y no es para menos. ¿Quién podría prescindir del servicio que nos prestan, en algunos casos, sin cobrarnos -aparentemente- nada a cambio?

Pero el problema no está ahí -y no se trata de ser desagradecido-. El problema es que estas empresas tecnológicas podrían ser imbatibles e imposibles de desafiar -ni ahora ni posiblemente en el futuro- y que podrían estar ejerciendo ese poder abusivamente, como lo ha advertido la autoridad europea, quien acumula multas por sobre €8 billones en contra de Google.

Recientes informes encargados por las autoridades de competencia de Australia, Alemania, Francia, Israel y la Comisión Europea, han reconocido este desafío, así como el Centro Stigler de la Universidad de Chicago, que reunió a destacados académicos y profesionales, en su borrador de mayo de 2019.

La fuerza de las empresas tecnológicas arranca de su condición de plataforma con “cuello de botella”: todo pasa por ellas y la competencia es por el mercado y no en el mercado. Una vez que lo obtienen, se hacen imbatibles, siguen aumentando su poder, pueden abusar de sus contrapartes y competidores, llegan a conocer a sus consumidores con una profundidad aterradora y pueden también comprar a las empresas que podrían llegar a competirles, sin infringir las leyes de competencia, al menos en la forma como se ha estado aplicando en las últimas décadas en Estados Unidos.

Las causas de este poder incontrarrestable son varias. Primero, las enormes economías de escala y ámbito, que les permite producir a un costo marginal cercano a cero. Segundo, su condición de mercado de dos o más lados, en donde se monetariza la información personal de los usuarios. Tercero, las economías de redes, que nos obliga a estar en donde esté el resto. Y cuarto, las altas barreras de entrada principalmente generadas por la conducta del propio consumidor, que se queda con los resultados de la primera página, mantiene los settings sugeridos por el fabricante y prefiere quedarse con una sola empresa proveedora (single-home).

El Informe Chicago sugiere incrementar la aplicación de las leyes antimonopólicas en fusiones y en abusos de posición dominante respecto a las empresas digitales, incluso con la posibilidad excepcional de dividir empresas en dos. La autoridad debiera estar atenta a las políticas discriminatorias, exclusiones, precios predatorios, ventas atadas, restricciones verticales, etc.

No se trata, obviamente, de apalearlas como si fuesen piñatas sólo porque han sido exitosas y son grandes, sino de que entiendan que no pueden desertificar su entorno con malas artes, ni aún a pretexto de beneficiar a sus consumidores.

Pero el informe va más allá: llega a sugerir la creación de una nueva autoridad digital, con facultades para exigir la portabilidad de la información, estándares abiertos en micropagos e identidad digital, prohibición para atar productos y obligación de interoperabilidad y de compartir información. La nueva autoridad debiera resolver con eficiencia asuntos de privacidad, data, consumidores, además de compartir atribuciones de competencia con las autoridades tradicionales.

Frente a esta pelea de perros grandes que se avecina -que promete ser incierta y de larga duración-, uno se pregunta qué debería hacer Chile. Al menos, dos cosas puntuales. Por un lado, que la autoridad de competencia confeccione un estudio de mercado sobre la economía digital en Chile y la suficiencia de su regulación. Por el otro, que el Congreso apure la ley de privacidad, pues nuestros datos son la fuente principal del poder de las empresas tecnológicas.

Publicado en El Mercurio, 8 de septiembre de 2019.