Antitrust en salud desde una perspectiva feminista (Ascola)

7.01.2026

CeCo EE.UU

Theodosia Stavroulaki Dr. Theodosia Stavroulaki is an assistant professor of Law at SLU law. Before joining the SLU LAW faculty, Dr. Theodosia Stavroulaki was an Assistant Professor of Law at Gonzaga University School of Law (2022-2024). Previously, Theodosia served as a Jaharis Faculty Fellow at the DePaul College of Law (2020-2022), Grotius Research Scholar at Michigan University School of Law, and Hauser Global Fellow at NYU School of Law. She also served as a visiting researcher at Georgetown Law School and at the London School of Economics.

Esta nota es publicada en el marco de un convenio entre CeCo y ASCOLA Latam. Ambas organizaciones acordaron cubrir parte de los artículos discutidos en la conferencia anual de 2025 de ASCOLA, celebrada en Chicago. Esta nota en particular corresponde a una traducción al español del artículo de Theodosia Stavroulaki, que será próximamente publicado en el Iowa Law Review.

Estados Unidos atraviesa actualmente una crisis de mortalidad materna, con una tasa muy superior a la de otros países desarrollados[1]. A pesar de gastar dos veces y media más por persona en salud que el promedio de la OCDE, las muertes maternas aumentaron de 860 en 2020 a 1.200 en 2021, lo que representa un alza del 40%[2]. Como resultado, en 2021 Estados Unidos ocupó el lugar 55 a nivel mundial en mortalidad materna, la peor posición entre los países desarrollados[3]. Estudios empíricos muestran además que las mujeres negras e hispanas se ven desproporcionadamente afectadas, lo que demuestra que la raza sigue siendo un factor clave de vulnerabilidad. Diversos factores contribuyen a estos resultados.

Uno de los problemas centrales es la fuerte relación entre los determinantes sociales de la salud y el bienestar materno. El acceso a servicios de salud, por ejemplo, reduce el riesgo de muertes asociadas al embarazo. Sin embargo, muchas mujeres negras —especialmente en zonas desatendidas— carecen de seguro médico, lo que aumenta la probabilidad de resultados adversos antes, durante y después del embarazo[4]. Si bien la expansión de Medicaid puede reducir las brechas de mortalidad materna entre mujeres negras y blancas, varios estados han optado por no ampliarlo[5]. Como era previsible, estos estados presentan tasas más altas de mortalidad materna. A ello se suma que la falta de acceso a vivienda de calidad y a alimentos saludables incrementa los riesgos para mujeres de menores ingresos y mujeres de color. Las malas condiciones habitacionales, por ejemplo, se asocian a mayores tasas de asma e hipertensión, enfermedades que elevan el riesgo de complicaciones del embarazo, como la preeclampsia[6].

Otro factor que contribuye a estas disparidades es la creciente presencia de desiertos de atención materna, es decir, zonas donde no existen servicios obstétricos. En 2020, más de ocho millones de mujeres en edad reproductiva vivían en condados sin acceso a un hospital con servicios obstétricos, en gran medida debido al cierre de hospitales rurales[7]. Los estudios muestran que las mujeres que viven en estos desiertos enfrentan una probabilidad de mortalidad materna un 9% mayor que aquellas que viven en zonas urbanas con mejor acceso[8]. Cada vez que una unidad obstétrica cierra, las familias deben recorrer largas distancias para recibir atención esencial.

Analizada desde la perspectiva del derecho antitrust, esta crisis revela una dimensión adicional, a menudo pasada por alto. Una ola de fusiones hospitalarias ha incrementado la concentración en el sector y, en muchos casos, ha reducido el acceso a servicios obstétricos en comunidades vulnerables. La investigación muestra que, tras las fusiones, los hospitales rurales suelen recortar servicios esenciales, incluida la atención obstétrica. Un estudio reveló que, aunque el 75% de los hospitales rurales ofrecían atención materna antes de fusionarse, esta cifra cayó en un 13% después de la fusión[9]. Estas reducciones agravan el problema de los desiertos de atención materna y contribuyen a los malos resultados en salud materna observados en todo el país.

Las fusiones hospitalarias también afectan la salud materna de manera indirecta a través de su impacto en el mercado laboral. Al reducir la competencia entre empleadores, las fusiones suelen traducirse en salarios más bajos y peores condiciones laborales para los trabajadores hospitalarios[10]. Esto es especialmente relevante porque la mayoría del personal de la salud —enfermeras, cuidadoras y técnicas médicas— son mujeres. Cerca del 91% de las enfermeras registradas, el 95% de las trabajadoras de cuidados y más de la mitad del personal de servicios de alimentación en hospitales son mujeres[11]. En consecuencia, la consolidación hospitalaria puede afectar de manera desproporcionada la estabilidad económica de las mujeres y, por extensión, su salud materna.

La relación entre nivel socioeconómico y salud ayuda a explicar esta conexión. Los salarios más bajos y las peores condiciones de trabajo limitan el acceso a vivienda adecuada y a alimentos nutritivos, determinantes clave de la salud y de los resultados maternos. Las malas condiciones habitacionales se correlacionan con asma e hipertensión, ambas asociadas a un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo. Además, cuando trabajadoras esenciales como las enfermeras sufren agotamiento y estrés debido al deterioro de las condiciones laborales, la calidad de la atención también se ve afectada. La evidencia surgida durante la pandemia de COVID-19 muestra que el agotamiento del personal sanitario, en particular de las enfermeras, se asocia a un aumento de errores médicos y a una disminución de la seguridad de los pacientes[12].

Estas cargas recaen con especial fuerza sobre las mujeres de color. Las mujeres negras están sobrerrepresentadas en los trabajos sanitarios peor remunerados y más físicamente exigentes, experimentando mayores niveles de agotamiento[13], insatisfacción laboral[14] e incluso tasas más altas de suicidio en comparación con sus contrapartes blancas[15]. El aumento de la consolidación de las operaciones de concentración solo amplifica estas desigualdades, ya que las fusiones tienden a deprimir los salarios y a deteriorar las condiciones de trabajo. Dado que las mujeres negras se concentran en los segmentos más vulnerables de la fuerza laboral sanitaria, enfrentan daños desproporcionados en términos económicos, físicos y maternos.

En síntesis, las fusiones hospitalarias perjudican el bienestar de las mujeres en comunidades desatendidas de tres maneras principales. Primero, reducen la disponibilidad de atención obstétrica, alimentando los desiertos de atención materna. Segundo, incrementan el poder de mercado de los hospitales en el ámbito laboral, lo que permite reducir salarios y calidad del empleo, con efectos especialmente gravosos para una fuerza laboral mayoritariamente femenina. Tercero, exacerban el agotamiento del personal sanitario, fenómeno vinculado a una menor calidad de la atención materna.

A la luz de estas preocupaciones, la investigación se pregunta si el derecho antitrust puede contribuir a mitigar los daños que enfrentan las mujeres al dar a luz en Estados Unidos. ¿Puede la aplicación del derecho de la competencia ayudar a las mujeres más vulnerables a mejorar sus condiciones socioeconómicas y, en última instancia, su salud?

Para abordar estas preguntas, el artículo propone tres medidas. En primer lugar, las autoridades y los tribunales deberían impugnar toda fusión que sea susceptible de reducir el acceso a servicios obstétricos, especialmente en zonas desatendidas. En segundo lugar, las fusiones solo deberían aprobarse con condiciones que aseguren que los servicios obstétricos no serán eliminados. En tercer lugar, las autoridades antitrust deberían ampliar su análisis para incluir los efectos de las fusiones hospitalarias sobre los salarios y las condiciones laborales en el sector de la salud.

Este artículo es el primero en explorar la dimensión antitrust de la crisis de mortalidad materna en Estados Unidos. Sostiene que la implementación de estas propuestas permitiría a las autoridades y a los tribunales estadounidenses contribuir a mitigar la crisis y a mejorar la salud materna de millones de mujeres.

[1] https://www.commonwealthfund.org/publications/issue-briefs/2024/jun/insights-us-maternal-mortality-crisis-international-comparison

[2] https://perelelhealth.com/blogs/news/maternal-health-crisis

[3] https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/maternal-mortality/2021/maternal-mortality-rates-2021.htm

[4] https://www.thehastingscenter.org/to-reduce-maternal-health-disparities-expand-medicaid/

[5] https://www.whijournal.com/article/S1049-3867(20)30005-0/fulltext

[6] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9809179/

[7] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1049386719302506

[8] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1049386719302506

[9] https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2021.00160?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed%2F

[10] https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol119/iss4/3/

[11] https://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/RI-Left-Behind-201810.pdf

[12] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7962434/

[13] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2155825624000309

[14] https://journals.lww.com/jonajournal/abstract/2021/06000/disparities_in_nurse_job_dissatisfaction_and.5.aspx

[15] https://nursing.osu.edu/news/2021/05/10/clinician-burnout-demands-urgent-action-improve-population-health-and-ensure

También te puede interesar

Fusión, Fusiones, Estándar de bienestar del consumidor, Deicriminación, Equidad de genero, Derecho de la competencia, Feminismo, Genero, Inclusion, Enforcement, Desigualdad, Antitrust, Consumer welfare, Mercado laboral

Cómo el estándar de bienestar del consumidor propaga las desigualdades raciales y de género

Ecosistema, Economía Digital, Apple, DMA, Google, Plataforma

La disrupción de la IA y la destrucción creativa - Una perspectiva desde la política de competencia

Mujeres y mercados laborales: lo que el derecho de la competencia puede hacer por la equidad de género

Sobreoferta estratégica en el music streaming: ¿un desafío antimonopolio oculto?

¿Tiene el derecho de la competencia algún rol en la equidad de género?

This note is published within the framework of an agreement between CeCo and ASCOLA Latam. Both organizations agreed to cover part of the articles discussed at ASCOLA’s 2025 annual conference, held in Chicago. This particular note is a Spanish translation of Theodosia Stavroulaki’s article, which will be published soon in the Iowa Law Review.

America is currently experiencing a maternal mortality crisis, with a rate far higher than that of other wealthy nations.[1] Despite spending two and a half times more per person on healthcare than the OECD average, maternal deaths increased from 860 in 2020 to 1,200 in 2021—a 40% rise.[2] As a result, in 2021 the U.S. ranked 55th globally for maternal mortality, the worst among developed countries.[3] Empirical studies further show that Black and Hispanic women are disproportionately affected, demonstrating that race remains a significant indicator of vulnerability. Several factors contribute to these outcomes.

A critical issue is the strong link between social determinants of health and maternal well-being. Access to healthcare services, for instance, reduces the risk of pregnancy-related deaths. Yet many Black women, especially in underserved areas, remain uninsured, increasing the likelihood of adverse outcomes before, during, and after pregnancy.[4] Although expanding Medicaid can reduce disparities in maternal mortality between Black and White women, several states have opted not to expand it.[5] Unsurprisingly, these states experience higher maternal mortality rates. Additionally, lack of access to quality housing and healthy food increases risks for lower-income women and women of color. Poor housing conditions, for example, are associated with higher rates of asthma and hypertension—conditions that elevate the risk of pregnancy complications such as preeclampsia.[6]

Another factor contributing to these disparities is the growing prevalence of maternal care deserts—areas where obstetric services are unavailable. In 2020, more than eight million women of reproductive age lived in counties lacking access to an obstetric hospital, largely due to rural hospital closures.[7] Studies show that women living in maternal deserts face a 9% higher probability of maternal mortality compared to women in urban areas with better access.[8] Each time an obstetric unit closes, families must travel long distances to receive essential care.

Viewed through the lens of antitrust law, this crisis reveals an additional, often overlooked dimension. A wave of hospital mergers has increased consolidation in the industry and, in many cases, reduced access to obstetric services in vulnerable communities. Research shows that following mergers, rural hospitals frequently cut back on essential services, including obstetric care. One study found that although 75% of rural hospitals provided maternal care before merging, this number dropped by 13% afterward.[9] These reductions worsen the maternal desert problem and contribute to the poor maternal outcomes seen across the country.

Hospital mergers also affect maternal health indirectly through their impact on the labor market. By reducing competition among employers, mergers often result in lower wages and poorer working conditions for hospital workers.[10] This is particularly consequential because the majority of healthcare workers—nurses, care workers, and medical technicians—are women. Nearly 91% of registered nurses, 95% of care workers, and over half of food-service workers in hospitals are female.[11] Consequently, hospital consolidation can disproportionately affect women’s economic stability and, by extension, their maternal health.

The link between socioeconomic status and health helps explain this connection. Lower wages and poorer working environments limit access to quality housing and nutritious food—key determinants of health and maternal outcomes. Poor housing conditions correlate with asthma and hypertension, both of which heighten the risk of pregnancy complications. Moreover, when essential workers such as nurses suffer from burnout and stress due to worsening labor conditions, the quality-of-care declines as well. Evidence from the COVID-19 pandemic shows that provider burnout, particularly among nurses, is associated with increased medical errors and diminished patient safety.[12]

These burdens fall especially heavily on women of color. Black women are overrepresented in the lowest-paid and most physically demanding healthcare jobs and experience higher levels of burnout[13], job dissatisfaction[14], and even suicide rates compared to their White counterparts.[15] Increased consolidation only amplifies these inequities, as mergers tend to depress wages and degrade working conditions. Because Black women are concentrated in the most vulnerable segments of the healthcare workforce, they face disproportionate harm—economically, physically, and maternally.

In sum, hospital mergers harm women’s well-being in underserved communities in three major ways. First, they reduce the availability of obstetric care, fueling maternal deserts. Second, they increase hospitals’ labor market power, enabling reductions in wages and job quality—effects that fall heavily on a predominantly female workforce. Third, they exacerbate provider burnout, which is linked to lower-quality maternal care.

In light of these concerns, my research asks whether antitrust law can mitigate the harms women face when giving birth in America. Can antitrust enforcement help vulnerable women improve their socioeconomic conditions and, ultimately, their health?

To address these questions, my research offers three proposals. First, enforcers and courts should challenge any merger likely to reduce access to obstetric services, especially in underserved areas. Second, mergers should be approved only with conditions ensuring that obstetric services will not be cut. Third, antitrust enforcers should broaden their analysis to include the effects of hospital mergers on wages and working conditions in the healthcare sector.

This article is the first to explore the antitrust dimension of the maternal mortality crisis in the United States. It argues that implementing these proposals would allow enforcers and U.S. courts to help mitigate the crisis and improve maternal health for millions of women.

[1] https://www.commonwealthfund.org/publications/issue-briefs/2024/jun/insights-us-maternal-mortality-crisis-international-comparison.

[2] https://perelelhealth.com/blogs/news/maternal-health-crisis.

[3] https://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/maternal-mortality/2021/maternal-mortality-rates-2021.htm.

[4] https://www.thehastingscenter.org/to-reduce-maternal-health-disparities-expand-medicaid/.

[5] https://www.whijournal.com/article/S1049-3867(20)30005-0/fulltext.

[6] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9809179/.

[7] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1049386719302506.

[8] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1049386719302506.

[9] https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2021.00160?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed/

[10] https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol119/iss4/3/.

[11] https://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/RI-Left-Behind-201810.pdf.

[12] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7962434/.