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Revisamos la presentación de Jorge Padilla en ForoCompetencia del 30 de abril, donde sostuvo que el principal riesgo actual del derecho de la competencia es la pérdida de estándares institucionales compartidos producto de la polarización y moralización del antitrust. Como respuesta, propuso reforzar salvaguardas institucionales y mecanismos internos de revisión crítica para disciplinar el desacuerdo.
En su reciente presentación en ForoCompetencia (30 de abril), el economista y presidente de la consultora Compass Lexecon, Jorge Padilla, analizó la creciente polarización en el derecho de la competencia y sus efectos sobre la legitimidad institucional del antitrust. En particular, Padilla sostuvo que el principal riesgo actual no es el desacuerdo, sino la pérdida de estándares institucionales compartidos producto de la moralización del debate y la creciente desconfianza entre los distintos actores del sistema (para más detalle revisar columna CeCo de Jorge Padilla: “La política de competencia y la erosión de la razón pública”).
El expositor inicia su presentación narrando una historia sobre una galaxia lejana en la que coexistían vulcanos y terrícolas. Los primeros representarían una visión asociada a la cautela, la disciplina y la exigencia de prueba; los segundos, una aproximación más sensible a la desigualdad, la intuición y la convicción. En el pasado, ambos habrían convivido pacíficamente, aun cuando tenían discrepancias. No obstante, la paz se habría alejado de esta galaxia. Esto, no por la existencia de posiciones distintas, sino porque el debate habría dejado de entenderse como un desacuerdo legítimo, y habría pasado a ser un contraste entre “los buenos y los malos”.
En este sentido, la historia ficticia refleja tensiones crecientes dentro del derecho de la competencia, donde ciertas diferencias doctrinarias se han transformado en conflictos morales e identitarios que impiden que el diálogo fluya. Esto se explicaría por diversos factores.
Padilla aborda cómo las autoridades de competencia procesan evidencia y forman convicciones institucionales. Las agencias no operarían como actores neutrales, sino como instituciones sujetas a presión pública, incentivos reputacionales y sesgos cognitivos.
En particular, se distingue entre autoridades capturadas y autoridades motivadas. Enfocándose en las últimas, Padilla señala que éstas tenderían a sobreestimar riesgos anticompetitivos y desconfiar de explicaciones alternativas, es decir, serían asimétricamente escépticas.
A juicio del ponente, este fenómeno sería especialmente relevante en el derecho de la competencia, donde gran parte de las decisiones se adoptan bajo incertidumbre y son evaluadas no solo por el entorno técnico, sino también a partir del escrutinio político y mediático.
El derecho de la competencia habría dejado de ser un espacio de desacuerdo técnico para transformarse en un ámbito de polarización moral y política. En este contexto, el análisis económico dejaría de operar como un lenguaje común capaz de disciplinar el debate. Así, el razonamiento basado en efectos estaría siendo desplazado por presunciones estructurales y consideraciones vinculadas a la concentración económica y la distribución del poder.
Esto tendría efectos relevantes sobre el funcionamiento institucional del antitrust, incluyendo el debilitamiento de estándares probatorios, la ampliación de la discrecionalidad de las autoridades y la erosión de la legitimidad institucional.
Frente a este escenario, Padilla sostiene que no existe espacio para un consenso amplio sobre los objetivos del derecho de la competencia. En cambio, propone avanzar hacia un “acuerdo de segundo orden”, esto es, un consenso mínimo sobre salvaguardas institucionales que permitan disciplinar el desacuerdo.
En este sentido, se plantea que el antitrust debe seguir siendo administrable, controvertible, revisable, responsable y reflexivo, evitando que el conflicto doctrinario derive en lógicas facciosas.
Finalmente, se advierte que las autoridades de competencia tienden a reproducir análisis, teorías y enfoques ya consolidados de casos anteriores, generando dinámicas de inercia normativa y dogmática.
Como respuesta, se propone institucionalizar mecanismos internos de “abogacía del diablo”, orientados a cuestionar hipótesis predominantes y fortalecer la revisión crítica dentro de las agencias. Según el expositor, estas estructuras permitirían reforzar la legitimidad institucional y mejorar la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.
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