Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
Frente a las elecciones presidenciales que se avecinan en Chile, en CeCo nos propusimos aportar con una mirada descriptiva, neutra y comparativa, centrada exclusivamente en los programas de los candidatos, en sus aspectos económicos y de regulación, que pudieran tener incidencia en materias de libre competencia.
Para el programa del abanderado por el Partido Republicano, José Antonio Kast, a continuación, describimos someramente sus propuestas (i) para el sistema de protección de la libre competencia chileno; (ii) la relación entre Estado y Economía; (iii) medidas específicas para la pequeña y mediana empresa; y (iv) competencia en intereses y sectores específicos.
En su programa, José Antonio Kast propone revisar la legislación antimonopolios y las atribuciones de la FNE y TDLC “de manera de aumentar la seguridad de libre competencia en los mercados”.
En primer lugar, plantea fortalecer la FNE y el Tribunal y “aumentar las penas y multas para los delitos que atentan contra la libre competencia”. En el caso de la FNE, el candidato señala que, “a partir de los escándalos públicos de la última década”, resulta necesario aumentar los recursos, dotación y atribuciones de la Fiscalía para así, mejorar la fiscalización, investigación y sanción de los atentados contra la libre competencia.
La propuesta recuerda el Proyecto de Ley Anti-Colusión y de Fortalecimiento de la FNE del gobierno, que busca modificar el DL 211 con el fin de robustecer la investigación, persecución y sanción de carteles en Chile (para más detalles sobre el proyecto, ver aquí). Similar a la propuesta de Kast, la iniciativa actualmente en tramitación aumenta las sanciones para los delitos de colusión y otorga nuevas facultades intrusivas a la FNE, entre otros temas.
En su oportunidad, los abogados Pellegrini y Ramos (2020) señalaron “el sistema de competencia chileno es severo a la hora de sancionar colusiones, situándose dentro de los países con penas más estrictas para este tipo de ilícitos”. En este sentido, indicaron que “la falsa sensación de impunidad que se ha instalado en la opinión pública no puede ser el gatillante de esta propuesta normativa. Recordemos que el hecho de que al día de hoy nadie haya sido privado de libertad por casos de colusión se debe únicamente a que la modificación legal que reintrodujo las sanciones penales es reciente, del año 2016, y no tiene aplicación retroactiva”.
Por otro lado, si bien existe cierto consenso entre los expertos en cuanto a la conveniencia de dotar con más recursos y personal a la Fiscalía, no ocurre lo mismo en cuanto a la necesidad de un aumento de atribuciones. En la pasada cuenta pública de la FNE, el mismo Fiscal Nacional indicó: “Esto es bien simple, lo que necesitan las autoridades de competencia son más recursos, no necesariamente nuevas atribuciones” (ver nota CeCo, aquí). De acuerdo con Toro y Corvalán (2021), las medidas intrusivas otorgadas a la Fiscalía el año 2009 mediante la Ley N° 20.361 han tenido una “alta efectividad (…) no sólo para la detección de carteles, sino también para su persecución y condena”.
En el caso del Tribunal, el candidato propone dotarlo de más recursos “para hacerse cargo no sólo de las causas y poder juzgarlas adecuadamente, sino que también, para que pueda proponer los ajustes que requiera la legislación y la regulación, permitiendo una fiscalización más efectiva que prevenga este tipo de conductas y fortalezca la competencia”.
Al respecto, es importante recordar que el artículo 18 N° 4 del DL N° 211 otorga al TDLC la facultad de proponer recomendaciones normativas al Presidente de la República, a través del Ministro de Estado que corresponda, cuando estime que ciertos preceptos legales o reglamentarios son contrarios a la libre competencia o bien, cuando considere necesario que se dicten dichos preceptos para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se presenten en condiciones no competitivas. Esta es comúnmente conocida como la “facultad propositiva” del Tribunal.
El Tribunal ha ejercido esta facultad en múltiples ocasiones. Así, ha dictado las proposiciones de modificación normativa N° 19/2017 sobre los servicios asociados a la utilización de tarjetas de crédito y débito de aceptación universal como medios de pago; N° 18/2016 sobre intermediación de valores; N° 17/2015 sobre servicios asociados al suministro de energía eléctrica; N° 16/2015 sobre transacciones parciales de derechos de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico; N° 15/2014 sobre crédito prendario, entre otras.
El plan económico de José Antonio Kast se basa en cinco grandes pilares: (i) reducción del gasto público; (ii) creación de un Estado moderno al servicio de las personas; (iii) reducción de impuestos y eliminación de regulaciones que ponen freno a la inversión y el empleo; (iv) potenciar la sociedad civil; y (v) focalizar el gasto social en los que más lo necesitan sin desincentivar el trabajo.
Para el candidato, el motor de todo sistema productivo y, por ende, del desarrollo social, descansa en la empresa privada. Para que esta prolifere, Kast considera que requiere de condiciones como la libertad de emprendimiento, propiedad privada, respeto del Estado de Derecho y promoción de la libre competencia, principios que se enmarcan en un modelo de Economía Social de Mercado.
Junto con la reducción del tamaño del Estado y los impuestos, para Kast es menester eliminar las regulaciones estatales que limitan la inversión y el empleo. Paro lo anterior propone medidas como:
José Antonio Kast considera que son las PYMES y no las grandes empresas –“algunas anquilosadas en lógicas de defensa corporativa que distorsionan el funcionamiento del libre mercado”- son la base fundamental de una economía que prepondera la libertad y la responsabilidad individual.
De acuerdo con el candidato, en Chile existiría una gran concentración de la oferta, en donde las empresas grandes (1,1% del total) realizan el 86% de las ventas. Lo anterior, según Kast “sugiere una posición dominante de las grandes empresas y el riesgo de estar frente a mercados oligopsónicos”.
En este sentido, el candidato propone generar condiciones favorables para las PYMES. Entre otras:
El programa de Kast busca abordar una serie de problemas de competencia que durante los últimos años han sido detectados en mercados como el de medios de pago, bancario, telefonía móvil, notarios y salud.
En primer lugar, Kast busca inyectar “más competencia en el Mercado de Pago Electrónico”. En concreto, “ponerle fin al monopolio de Transbank, generando mejores condiciones para los usuarios y una mayor penetración del dinero en sectores donde estos beneficios están postergados”.
Debemos recordar que Chile ya se encuentra viviendo una transición en su sistema de medios de pago. Reformas regulatorias buscan facilitar la apertura a nuevos actores e innovaciones tecnológicas y aumentar así la disponibilidad de medios a la población, tratando de preservar al mismo tiempo el equilibrio entre competencia, seguridad y eficiencia en la industria.
El pasado 6 de agosto, se publicó la Ley N° 21.365, que regula las tasas de intercambio de tarjetas de pago en el mercado chileno, antes desreguladas y fijadas por las marcas de tarjetas, labor que ahora recaerá en el Comité para la Fijación de Límites de Tasas de Intercambio (ver Nota CeCo, aquí). Al mismo tiempo, esta ley se dictó en un escenario en que se busca impulsar el avance de Chile hacia un modelo de medios de pago de cuatro partes (ver Nota CeCo, aquí).
Por otro lado, Kast propone generar “más competencia e información bancaria”. De acuerdo con el candidato, “la inmensa mayoría de los usuarios desconoce la información que recibe y no está preparado para enfrentar adecuadamente a un Banco a la hora de negociar un crédito, entender los cobros y mejorar las condiciones del servicio contratado”. Sin embargo, no especifica qué medidas pretende adoptar para reducir las asimetrías de información que existen en el sector bancario.
En tercer lugar, el candidato presidencial propone una “reforma al Sistema Registral de Notarios y Conservadores, eliminando trámites innecesarios, reformando el sistema de nombramientos, fomentando la competencia y digitalizando los procesos para facilitar la transferencia y el registro del dominio y desburocratizar el desarrollo productivo”.
La propuesta no hace referencia –pero coincide en ciertos puntos- al Estudio de Mercado sobre notarios realizado por la FNE el año 2018, el cual aborda aspectos cruciales que podrían modificar la estructura del mercado de los notarios: su sistema de nombramiento, la “desnotarización” de trámites, la introducción de competencia en el mercado por medio de la figura de los “fedatarios”, un nuevo sistema de fiscalización y auditoría, y la digitalización del sistema notarial.
En cuarto lugar, Kast propone “crear las condiciones normativas adecuadas para aumentar la competencia en servicios móviles (…) aprovechando mejor el espectro de radiofrecuencia asignados, mediante el fortalecimiento de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que contratan redes a los operadores con red”.
Los OMV corresponden a aquellos operadores que no cuentan con una red propia. De acuerdo con Agostini y Willington (2020), dentro de los factores clave que ayudaron a su crecimiento en Chile, se encuentran la eliminación de los planes que discriminaban según el destino de la llamada (Instrucción General Nº 2/2012 TDLC), la portabilidad numérica (Ley 20.471 del año 2010) y el fallo de la Corte Suprema que obligó a los operadores tradicionales a realizar ofertas mayoristas “económicamente razonables” y no discriminatorias a los OMV.
En materia de energía, el candidato propone separar la distribución de energía eléctrica de su comercialización, con el fin de “lograr la competencia en la compraventa de electricidad, lo que permitirá la oferta de productos y tarifas que beneficiarán a los usuarios finales con simetría de información”. Lo anterior, será gradual respetando los contratos entre los diferentes actores del sector. Además, sugiere promover un organismo que lleve las actuales funciones del Panel de Expertos “a un rol más allá de resolver desacuerdos entre firmas eléctricas, determinación de costos, precios y peajes de los servicios eléctricos”.
Finalmente, en materia de salud, Kast plantea que el Estado debe abogar por perfeccionar la competencia del sector. De acuerdo con el candidato, esto implica la “eliminación de prácticas que aumentan artificialmente los precios de bienes y servicios médicos”. Sin embargo, no explicita cuáles serían dichas prácticas.
El candidato propone facultar a la Superintendencia de Salud para que pueda recabar y publicar información referida a precios y resultados clínicos de los diversos prestadores de salud “con el propósito de otorgarle más transparencia al mercado de la salud” y regular a los seguros privados, “mejorando los instrumentos que proporcionen una mejor competencia y transparencia en sus precios y servicios”. Para esto, se definirán 5 líneas de Planes de Salud, las que deberán ofrecer obligatoriamente los aseguradores públicos y privados.
Respecto a medicamentos, el candidato propone una serie de medidas, algunas similares a las propuestas entregadas por la FNE el año 2020 en su Estudio de mercado sobre medicamentos (aunque el programa no cita dicho estudio). Por ejemplo, la homologación del registro de productos genéricos de países con idénticas o mejores controles de calidad y farmacovigilancia; reglar adecuadamente el procedimiento de certificación de bioequivalencia con plazos y etapas claras; el desarrollo de una política pública robusta de producción, organización y difusión de información del mercado de medicamentos por parte del ISP; remover algunas de las restricciones de venta directa de medicamentos en otros establecimientos comerciales que no sean farmacias; regular de manera detallada y estricta la elección y compra de medicamentos clínicos en el mercado público; entre otras.
Programa presidencial José Antonio Kast – Ver aquí.
