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La política de defensa de la competencia constituye un componente central del funcionamiento eficiente de las economías de mercado. Su objetivo principal es prevenir conductas empresariales que restrinjan la rivalidad entre firmas —como acuerdos colusorios, abusos de posición dominante o fusiones anticompetitivas— y promover estructuras de mercado que favorezcan la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.
“La política de competencia constituye un elemento fundamental para promover un crecimiento económico sostenido, mejorar la productividad y proteger el bienestar de los consumidores.”
Desde una perspectiva económica, la libre competencia desempeña un papel clave en la asignación eficiente de recursos y en la generación de incentivos para la innovación. Como señala Tirole (1988), los mercados competitivos tienden a disciplinar el comportamiento de las empresas, reduciendo la capacidad de fijar precios por encima del costo marginal y limitando las rentas asociadas al poder de mercado. En ausencia de competencia efectiva, las empresas pueden restringir la producción, elevar los precios y generar pérdidas de bienestar social.
En el Perú, la defensa de la libre competencia está consagrada en la Constitución Política de 1993, que establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite. Sin embargo, la existencia de normas formales no garantiza, por sí sola, la presencia de mercados competitivos. El funcionamiento efectivo de la competencia depende también de la calidad institucional, de la regulación sectorial, de las barreras de entrada y de la estructura productiva de la economía.
En el contexto de las próximas elecciones presidenciales, el debate sobre política económica suele centrarse en temas macroeconómicos o fiscales. No obstante, la política de competencia constituye un elemento fundamental para promover un crecimiento económico sostenido, mejorar la productividad y proteger el bienestar de los consumidores. Por esto, es relevante analizar el rol de la libre competencia en el desarrollo económico del Perú, y proponer una agenda de políticas públicas que podría considerar el próximo gobierno.
Desde hace décadas, la teoría económica ha vinculado competencia con eficiencia. En un mercado perfectamente competitivo, los precios igualan los costos marginales, lo que permite una asignación eficiente de recursos. Sin embargo, cuando una empresa tiene poder de mercado, puede reducir la producción para aumentar los precios, lo que ocasiona pérdidas de bienestar llamadas pérdidas irrecuperables de eficiencia (Varian, 2014).
Además de los efectos estáticos sobre precios y cantidades, la competencia también genera efectos dinámicos asociados a la innovación y el progreso tecnológico. Schumpeter (1942) argumenta que el proceso competitivo impulsa la “destrucción creativa”, mediante la cual nuevas empresas introducen innovaciones que reemplazan tecnologías y modelos de negocio existentes. Literatura más reciente ha mostrado que la relación entre competencia e innovación puede ser compleja, pero, en general, la presión competitiva tiende a incentivar la inversión en investigación y desarrollo (Aghion et al., 2005).
En las economías emergentes, la competencia desempeña un papel crucial en la productividad total. Investigaciones comparativas muestran que en mercados con mayor rivalidad empresarial se observan niveles más elevados de eficiencia productiva, ya que las empresas menos eficientes son reemplazadas por competidores más eficaces (Syverson, 2011).
En este sentido, la política de competencia no solo debe considerarse un medio para sancionar conductas anticompetitivas, sino también una herramienta para fomentar un entorno económico que facilite la entrada de nuevas empresas, impulse la innovación y eleve el rendimiento de los mercados.
El sistema peruano de defensa de la competencia se ha desarrollado principalmente a partir de la década de 1990, en paralelo con las reformas de liberalización económica. La autoridad encargada de aplicar la legislación de competencia es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (“INDECOPI”), organismo que investiga y sanciona prácticas anticompetitivas y evalúa concentraciones empresariales.
Durante muchos años, el Perú fue uno de los pocos países que carecían de un régimen general de control previo de fusiones. Esta situación cambió en 2019 con la aprobación de la ley que establece un sistema obligatorio de notificación de operaciones de concentración empresarial que superen determinados umbrales.
El control de operaciones de concentración constituye una herramienta preventiva de la política de competencia. A diferencia de las sanciones por conductas anticompetitivas —que actúan ex post—, la revisión de fusiones busca evitar que determinadas operaciones generen estructuras de mercado excesivamente concentradas que reduzcan la competencia (Motta, 2004).
A pesar de estos avances, la institucionalidad de competencia en el Perú enfrenta varios desafíos. Uno de ellos es la coordinación entre la autoridad de competencia y los reguladores sectoriales. En sectores como telecomunicaciones, energía, agua o transporte, organismos especializados como OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS u OSITRAN cumplen funciones regulatorias que pueden interactuar con la política de competencia.
La coexistencia de la regulación sectorial y la política antitrust requiere mecanismos de coordinación institucional claros, ya que la regulación puede influir significativamente en la estructura competitiva de los mercados. En algunos casos, regulaciones mal diseñadas pueden generar barreras de entrada que limitan la competencia.
El caso más notorio es la controversia legal entre INDECOPI, OSITRAN y el operador del puerto de Chancay (Cosco Shipping). En abril de 2025, la Comisión de Libre Competencia del Indecopi emitió su informe sobre el Megapuerto de Chancay y concluyó que no existen condiciones efectivas de competencia en los servicios que ofrece el terminal. Por su lado, en setiembre de 2025, Cosco Shipping interpuso una demanda judicial cuestionando el análisis económico de Indecopi, lo que abre una nueva etapa de litigio: ¿Chancay debe ser tratado como un monopolio natural?
Finalmente, en enero de 2026, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó expresamente que el OSITRAN se abstuviera de regular, supervisar, fiscalizar o sancionar las operaciones del terminal. La única excepción admitida es la intervención tarifaria, pero solo si el Indecopi determina previamente y con decisión firme la ausencia de competencia en los servicios a usuarios finales, conforme al Reglamento del Sistema Portuario Nacional. Esta última sentencia ha sido apelada por OSITRAN.
Uno de los factores que determinan el grado de competencia en una economía es la estructura de los mercados. En algunos sectores, especialmente aquellos con economías de escala o altos costos de entrada, se observan niveles relativamente elevados de concentración.
Sin embargo, la concentración no es necesariamente equivalente a la falta de competencia. Como señalan Sutton (1991) y Tirole (1988), la intensidad competitiva depende también de factores como la facilidad de entrada de nuevas empresas, la existencia de sustitutos cercanos y las estrategias competitivas de las firmas.
En el caso peruano, existen varios factores estructurales que pueden limitar la competencia efectiva en algunos mercados. Uno de ellos es la presencia de barreras regulatorias a la entrada. Así, procedimientos administrativos complejos, requisitos burocráticos o regulaciones sectoriales restrictivas pueden elevar los costos de entrada para nuevos competidores.
Otro factor relevante es el alto nivel de informalidad en la economía. La informalidad reduce la base de empresas que operan dentro del marco regulatorio formal, lo que puede limitar la efectividad de las políticas de competencia. Cuando una parte significativa de la actividad económica se desarrolla fuera de la formalidad, los mecanismos institucionales de regulación y supervisión tienen un alcance limitado.
Asimismo, la geografía económica del país, caracterizada por mercados regionales fragmentados y altos costos logísticos en algunas zonas, puede generar estructuras de mercado menos competitivas en determinadas regiones.
La transformación digital de la economía plantea nuevos retos para la política de competencia en todo el mundo. Las plataformas digitales, los mercados en línea y los modelos de negocio basados en datos han generado estructuras de mercado distintas a las observadas en los sectores tradicionales.
En muchos mercados digitales, las empresas pueden beneficiarse de fuertes economías de red, lo que significa que el valor del servicio aumenta a medida que aumenta el número de usuarios. Este fenómeno puede conducir a dinámicas de “ganador se lleva todo”, en las que una o pocas plataformas dominan el mercado (Rochet y Tirole, 2003).
Además, muchas plataformas operan como mercados de dos lados o mercados multired, donde interactúan distintos grupos de usuarios —por ejemplo, consumidores y comerciantes—, lo que complica el análisis tradicional de precios y poder de mercado.
Para las autoridades de competencia, estos cambios requieren adaptar herramientas analíticas y criterios de evaluación. En algunos casos, prácticas empresariales que podrían parecer benignas en mercados tradicionales pueden generar efectos de exclusorios en entornos digitales.
Aunque las grandes plataformas tecnológicas son más evidentes en economías avanzadas, la digitalización también está revolucionando los mercados en América Latina, abarcando áreas como el comercio electrónico, los servicios financieros digitales y el transporte.
Los avances de INDECOPI se desarrollan en cuatro frentes. Primero, reconocimiento conceptual de la economía digital y de las plataformas como objeto de política de competencia. Segundo, estudios de mercado sectoriales que ya incorporan problemas de acceso, interoperabilidad y ecosistemas. Tercero, coordinación institucional con el BCRP y discusión en los foros de la OCDE sobre pagos digitales. Cuarto, capacitación y fortalecimiento técnico: en 2025, el Centro Regional para la Competencia en América Latina (RCC) de la OCDE, alojado en INDECOPI, seguía organizando talleres regionales sobre la aplicación del derecho de competencia, lo que refuerza las capacidades analíticas, aunque no equivalga por sí solo a precedentes duros.
Considerando los desafíos descritos, el fortalecimiento de la política de competencia debería formar parte de la agenda económica del próximo gobierno peruano. En primer lugar, es necesario fortalecer las capacidades institucionales de la autoridad de competencia. Esto implica asegurar la autonomía técnica, los recursos adecuados y la estabilidad institucional para que las decisiones regulatorias se adopten con criterios económicos rigurosos.
En segundo lugar, debería profundizarse en la política de abogacía de la competencia. Este instrumento consiste en que la autoridad de competencia evalúe las regulaciones vigentes y emita recomendaciones para eliminar las normas que generen barreras innecesarias a la entrada de nuevas empresas.
En tercer lugar, es importante reforzar la lucha contra los carteles empresariales. La colusión puede generar sobreprecios significativos en mercados clave, afectando tanto a los consumidores como al Estado en los procesos de contratación pública.
De acuerdo con la OECD (2017), combatir las licitaciones colusorias debe ser prioridad para el Perú, ya que la mitad del gasto del Estado peruano se realiza a través de las contrataciones públicas[1] y estas representan el 11,6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país[2].
Finalmente, para que los sectores clave de la economía peruana puedan operar en condiciones de competencia efectiva, es necesario que los principios de defensa y promoción de la competencia se integren de manera transversal en los diferentes sectores públicos: en el proceso de elaboración normativa en los distintos niveles del Estado, en las políticas de los ministerios involucrados en el desarrollo productivo y comercial del Perú, en las políticas de innovación y promoción empresarial, en los procesos de contratación pública de bienes y servicios, en la acción de los organismos reguladores y en la gestión de las empresas públicas, entre otros ámbitos.
La libre competencia constituye un elemento esencial para el funcionamiento eficiente de la economía y el bienestar de los consumidores. La evidencia económica sugiere que los mercados competitivos promueven precios más bajos, mayor innovación y una asignación más eficiente de recursos.
En el Perú, la política de competencia ha experimentado avances importantes en las últimas décadas, en particular con la introducción del control previo de las concentraciones empresariales. Sin embargo, aún persisten desafíos institucionales y estructurales que limitan el desarrollo de mercados plenamente competitivos.
En el contexto de las próximas elecciones presidenciales, incorporar la política de competencia en el debate sobre el desarrollo económico puede contribuir a una agenda más orientada a la productividad, la innovación y la eficiencia económica. El fortalecimiento de las instituciones de competencia, la eliminación de barreras regulatorias innecesarias y la adaptación a los desafíos de la economía digital constituyen elementos clave para construir mercados más dinámicos y abiertos.
En última instancia, una política de competencia efectiva no solo protege a los consumidores, sino que también crea condiciones para un crecimiento económico más sostenible e inclusivo.
Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., & Howitt, P. (2005). Competition and innovation: An inverted-U relationship. Quarterly Journal of Economics.
Motta, M. (2004). Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press.
OECD. (2017). Public Procurement in Peru. Reinforcing Capacity and Co-ordination. OECD Public Governance Reviews. OECD Publishing, Paris.
Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2003). Platform competition in two-sided markets. Journal of the European Economic Association.
Schumpeter, J. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy.
Sutton, J. (1991). Sunk Costs and Market Structure. MIT Press.
Syverson, C. (2011). What determines productivity? Journal of Economic Literature.
Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. MIT Press.
Varian, H. (2014). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach.
[1] Entendidas como las compras de bienes y contratación de servicios por parte de entidades públicas.
[2] Por ejemplo, en el marco del Covid -19, de acuerdo con un reportaje periodístico de Ojo Público, el Perú destinó más de S/ 442 millones en compras públicas sin resguardar la competencia, lo que evidencia la importancia de que las distintas entidades de la administración pública incorporen los principios de la competencia en las compras públicas para que el Estado obtenga una adecuada combinación de precio-calidad en el desarrollo de sus compras que beneficie con ello a los consumidores. Ver noticia en: https://ojo-publico.com/1805/covid-19-peru-destina-millones-para-compras-sin-competencia
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