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La presentación de Elisa Mariscal analizó el uso de evidencia de peritaje económico en libre competencia, destacando problemas del modelo británico, como sobrecarga probatoria y sesgos periciales cuestionados por el Competition Appeal Tribunal. Se enfatiza la necesidad de mayor independencia, claridad y mejores herramientas como cónclaves y hot-tubbing.
Elisa Mariscal’s presentation analyzed the use of economic expert evidence in competition law, highlighting issues with the British model, such as evidentiary overload and expert biases that have been challenged by the Competition Appeal Tribunal. She emphasized the need for greater independence, clarity, and better tools such as closed-door hearings and hot-tubbing.
En ForoCompetencia, la presentación de Elisa Mariscal (19 de marzo) abordó el rol de la evidencia económica en casos de libre competencia, destacando la experiencia del Reino Unido, su contraste con el sistema de Estados Unidos, y sus implicancias para América Latina. El foco estuvo en los desafíos que enfrentan los tribunales al evaluar evidencia técnica compleja y en la necesidad de reforzar la independencia de los peritos. Este debate se da en un contexto de tensiones institucionales, donde el Competition Appeal Tribunal (CAT), tribunal especializado en materias de competencia y economía de Reino Unido, ha cuestionado la calidad, volumen y parcialidad de la evidencia pericial.
La expositora afirmó la evidencia económica cumple un rol transversal en el proceso, y describió las etapas de su incorporación, estacando tres hitos: informes periciales, declaraciones conjuntas y cónclaves de peritos (estos últimos orientados a depurar controversias técnicas sin intervención de abogados).
Sin embargo, alertó que uno de los principales problemas está en el exceso de evidencia, reflejada en informes de incluso miles de páginas, dificulta su evaluación y puede llevar a que parte de ella deba ser descartada, aun sin haber podido procesarla.
En este contexto, la pregunta radica en si el juez puede jugar un rol de gatekeeper de la evidencia que presentan las partes. Al respecto, Mariscal contrasta dos modelos: el sistema Daubert, utilizado en Estados Unidos, en el que existe una etapa previa de admisibilidad a cargo del juez, quien testea la confiabilidad y aplicabilidad de la información, considerando determinados factores; y el sistema de “pesos” utilizado en Reino Unido, donde no hay un examen previo de admisibilidad, sino que toda la evidencia se admite y su valor se determina en juicio. El primer modelo ofrece un filtro que descarta toda aquella evidencia que no aporta y que distrae al juez; el segundo modelo ofrece flexibilidad, pero ha generado problemas prácticos por la sobrecarga de información y la polarización entre expertos, lo que en ocasiones deriva en el descarte total de informes. Al respecto, la expositora plantea la posibilidad de un sistema híbrido para Latinoamérica, que combine las ventajas de ambos modelos.
Un eje central de la discusión es la independencia del experto que aporta el informe, factor que es especialmente frágil cuando los informes son solicitados y presentados por una de las partes. En el sistema británico, los peritos tienen un deber hacia la corte (“duty to the court”), lo que exige imparcialidad y objetividad al momento de informar sobre un asunto de su expertise. No obstante, el CAT ha detectado informes percibidos como partidistas, falta de transparencia metodológica y resistencia a ajustar conclusiones frente a nueva evidencia.
Esto motivó una directiva en diciembre de 2025 por parte del CAT que introdujo límites de extensión, mayor exigencia de transparencia metodológica y un refuerzo del deber de independencia.
Se destacan dos mecanismos relevantes. Por un lado, los cónclaves y las declaraciones conjuntas, reuniones entre peritos sin la presencia de abogados en la cual se discuten los elementos técnicos del caso, tras lo cual se emite una declaración, lo cual permite identificar acuerdos y desacuerdos de forma estructurada, reduciendo la “batalla de expertos”. Por otro lado, el hot-tubbing, donde los peritos comparecen simultáneamente ante el tribunal y son interrogados directamente por los jueces, facilitando la comprensión de diferencias técnicas.
Ambas herramientas buscan hacer la evidencia más accesible, aunque exigen a los economistas mayores capacidades de síntesis y comunicación.
En ese mismo sentido, un problema clave es traducir análisis complejos en insumos útiles para el tribunal. Informes excesivamente técnicos o extensos pueden perder efectividad si no son comprendidos. Así, el economista enfrenta el desafío de equilibrar rigor técnico con claridad expositiva; de lo contrario, incluso evidencia sólida puede tener escasa incidencia en la decisión.
Las experiencias Estados Unidos y del Reino Unido ofrece aprendizajes relevantes: evitar replicar problemas de sobrecarga probatoria, fortalecer la independencia del perito y adoptar mecanismos como cónclaves o hot-tubbing. Asimismo, se propone avanzar hacia un manual regional de evidencia científica que estandarice criterios y facilite la labor judicial.
En este escenario, Chile fue destacado por aparecer bien posicionado para implementar innovaciones, especialmente a través del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). A ello se suman los casos de Argentina y México, como contextos apropiados para el desarrollo de estos mecanismos.
Asimismo, la expositora propone para la LATAM creación de un “reference manual on scientific evidence”, conjunto para todas las autoridades de competencia, que sirva como una guía complementaria a la autorregulación de los peritos.
En el marco de la exposición de Mariscal, y al llevar la discusión al caso chileno, es posible observar que, si bien las preocupaciones sobre objetividad y sobrecarga probatoria son atendibles, estas parecen menos problemáticas en Chile. Ello podría atribuirse a la existencia de múltiples instancias de control en el procedimiento ante el TDLC.
El sistema chileno incluye filtros desde la admisibilidad hasta la valoración de la prueba, con contraexamen y la valoración acorde a la sana crítica. En materia pericial, hay resguardos como inhabilidades, control judicial, observaciones y peritos adjuntos, como se puede apreciar en los artículos 411, 414, 417, 421 y 422 del CPC. Además, la integración técnica del tribunal fortalece su evaluación.
Un ejemplo reciente se puede apreciar en la causa C-451-2022, en la cual el Tribunal accedió a la solicitud de Mastercard, citando a una audiencia para nombrar un perito conjuntamente (puede leer más sobre esta decisión en la nota de CeCo “Peritos y confidencialidad: una respuesta “práctica” del TDLC”). Eventualmente, debido a la falta de común acuerdo entre las partes, el Tribunal pasó a designar el perito respectivo en virtud del art. 414 del CPC.
Así el modelo establece mecanismos que permiten depurar y ponderar la evidencia, equilibrando rigor técnico, bilateralidad de la audiencia y control judicial. Con todo, ningún sistema es perfecto. La presentación plantea un punto relevante para el ordenamiento chileno de libre competencia: las evaluaciones econométricas no se desarrollan en un vacío, sino en un contexto de intereses contrapuestos. Por ello, requieren un análisis crítico de su metodología y una fundamentación cuidadosa al momento de decidir su exclusión, consistente con el objetivo de tener una magistratura interdisciplinaria.
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