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El pasado 5 de mayo de 2026, la Comisión Europea emitió su Informe sobre la política de competencia de 2025, que detalla las principales actividades y acciones de la Comisión en materia de protección de la competencia. El Informe se enmarca dentro de una transformación estratégica, guiada por sus políticas de la Brújula para la Competitividad y el Pacto por una Industria Limpia, a través de las cuales la Comisión busca pasar de una regulación reactiva, a una acción proactiva, con tal de poder alcanzar diversos objetivos regulatorios.
A continuación, se repasan los principales hitos y tendencias del Informe, que dan cuenta de la actividad de la Comisión en materia de modernización y simplificación normativa, así como de las acciones de enforcement de las normas de competencia.
Uno de los grandes desafíos contemporáneos del derecho de competencia a nivel global se refiere al desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (“IA”). En efecto, el Informe dedica gran parte de sus secciones al análisis y aplicación del Reglamento de Mercados Digitales o Digital Markets Act (“DMA”).
En términos de fiscalización, la Comisión cursó sanciones a grandes transnacionales tecnológicas. Ese es el caso de Apple por prácticas de anti-steering; Meta por modelos de publicidad incompatibles con el DMA; y Google por degradación de contenido de medios de comunicación. Asimismo, la Comisión inició investigaciones vinculadas a los servicios de computación en nube, entre las que se incluye una evaluación respecto de si Amazon y Microsoft deben ser designadas como gatekeepers en dichos servicios (ver nota CeCo “Competencia en la infraestructura de inteligencia artificial: una mirada desde la OCDE”).
Por otro lado, la Comisión impuso una multa de 2.950 millones de euros (la más alta del año) a Google por conductas de self-preferencing en servicios de tecnología de publicidad gráfica en línea (Google Adtech), en detrimento de proveedores competidores, anunciantes y editores.
No obstante, la autoridad también mantuvo diálogos normativos y consultas públicas con los actores del mercado, con miras a fomentar el cumplimiento temprano, crear confianza institucional y evaluar la eficacia de la DMA.
En materia de control de operaciones de concentración, durante el 2025 la Comisión recibió 384 notificaciones y adoptó 325 decisiones, de las cuales el 97% se aprobó sin condiciones. Paralelamente, se inició una revisión integral de sus Directrices sobre concentraciones horizontales y no horizontales, con el objetivo de proporcionar un marco más predecible y duradero que refleje las transformaciones que están afectando la dinámica competitiva en múltiples mercados.
Entre los factores que motivan la revisión se encuentran la rápida digitalización, las ventajas competitivas derivadas del control de grandes volúmenes de datos, la IA, la globalización y la descarbonización. La revisión, iniciada mediante consulta pública y desarrollada en colaboración con las autoridades nacionales de competencia, incorpora elementos como la innovación, las inversiones, la resiliencia y la capacidad competitiva mundial, y se espera que las Directrices revisadas sean adoptadas durante 2026 (ver nota CeCo “Los nuevos enfoques de la Comisión Europea en el control de fusiones”).
Un aspecto significativo del Informe es la intensa actividad sancionadora de la Comisión en materia de carteles durante el 2025. Entre las decisiones más relevantes se encuentran la multa de 458 millones de euros a 15 fabricantes de automóviles y a la European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) por un cartel de más de 15 años en el reciclado de vehículos; así como la sanción de 329 millones de euros a Delivery Hero y Glovo por operar un cartel que incluía acuerdos de no captación de empleados y reparto de mercados geográficos, constituyendo la primera vez que la Comisión sanciona un cartel que afecta directamente al mercado laboral (ver nota CeCo “¿Divide y vencerás? El requerimiento de la FNE contra Glovo y Pedidos Ya por reparto de mercado”).
Una dimensión relevante en el actuar de la Comisión fue la integración de los objetivos del Pacto por una Industria Limpia, tratando de convertir a la Unión Europea en un líder mundial en tecnologías verdes.
Las acciones más directamente relacionadas con este aspecto son el marco de ayudas estatales, a través de las cuales se busca permitir un apoyo más expedito y a gran escala de la descarbonización de la Unión Europea, reconociendo al Estado como inversor estratégico de ese futuro libre de emisiones netas. En ese sentido, también se mencionan los miles de millones de euros destinados a iniciativas como parques eólicos en Francia, regímenes de descarbonización industrial en Alemania, Finlandia y España y la fabricación de tecnologías limpias en Hungría e Italia.
Asimismo, destaca el primer dictamen de la Comisión en relación al mercado agrícola, el cual fija precios de orientación para seis variedades de uva vendidas en transacciones de vino a granel, el que configura una hipótesis de acuerdo de colaboración compatible con las normas de competencia, en pos de objetivos de sustentabilidad.
Por último, en consonancia con la comunicación “Una Europa más sencilla y rápida”, el Informe se refiere a los procesos de modernización y simplificación de diversos cuerpos normativos en áreas de ayudas estatales, concentraciones y defensa de la competencia, orientados a mantener una prosperidad y competitividad de la UE frente a los cambios climáticos, geopolíticos y tecnológicos.
En ese sentido, se destaca la actual revisión del marco procedimental en sede de libre competencia, que busca simplificar los procedimientos y acelerar investigaciones, y del Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología y sus Directrices; así como el proceso de elaboración de las Directrices sobre la explotación abusiva de posición dominante mediante prácticas excluyentes.
En definitiva, el Informe permite observar un horizonte de actuación amplio pero coherente para la Comisión Europea, en el que conviven la creciente complejidad de los mercados (impulsada por la digitalización, la inteligencia artificial y la urgencia de la transición energética) con la necesidad de simplificar sus propios instrumentos normativos y procedimentales, no como una renuncia a su rigurosidad, sino como una estrategia para preservarla frente a mercados que evolucionan con mayor rapidez que la regulación tradicional.
Esta aparente paradoja revela, en realidad, una misma dirección estratégica: pasar de una fiscalización reactiva a una actuación proactiva, anticipada y dialogante con los actores del mercado.
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