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Confesiones avícolas
17.01.2024
CeCo Chile
10 minutos
Felipe Irarrázabal Ph. Director CeCo UAI.
Cuando llegué a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), a principios del 2010, lo primero que hice fue pedir lo más valioso y confidencial: el listado de las investigaciones vigentes. Confieso que quedé choqueado. No se veía nada muy promisorio. En la soledad de esa oficina roñosa de Agustinas -rodeada de palomas hambrientas-, leía y leía la lista, sin poder encontrar ese diamante en bruto que podía prometer un caso de alto impacto.
Luego de asumir la realidad -había que sembrar para luego cosechar- empezamos el arduo trabajo de limpiar la lista, descartando lo superfluo y disminuir el número de investigaciones para concentrarse en las que podían prometer.
Unos meses después, nos reunimos con un equipo investigador y les pedí que fueran a los supermercados a mirar las góndolas. Superada la resistencia inicial (eso de salir a la calle no era usual en ese entonces), el equipo volvió con las caras encendidas. Habían detectado, en tres cadenas, precios idénticos de distintos cortes de pollo de las principales productoras. Me mostraron las boletas -había que evidenciar estas coincidencias – de las compras que hicieron con su propio dinero. Los pollos los congelaron en el refrigerador del piso 13 de la FNE.
«(…) el caso pollos señalizó al mundo empresarial que tenía que tomarse en serio eso de la economía de mercado, lo que pasa necesariamente por evitar el camino fácil y corrosivo de las conductas colusorias«.
Precios idénticos pueden reflejar o competencia perfecta o colusión. Había que encontrar más evidencia. Pasaron unos días, y el equipo volvió con una prueba contundente: una entrevista del 2007 a los dueños de Don Pollo en la Revista del Campo, de El Mercurio. En esa entrevista se confesaba, a voz en cuello, lo inconfesable: “Para qué pelear con Súper Pollo, mejor es convivir. Como se dice: si tiene un enemigo muy poderoso, mejor únase a él. Con Ariztía y Agrosuper tenemos una asociación gremial muy fuerte a través de la cual hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado”. Nunca supe quien encontró esa joyita. Nadie de la FNE pudo resumir mejor el cartel del pollo, aunque varias veces los desafié a que lo hicieran.
Esas pruebas no eran suficientes para ganar un caso, pero sí podían permitir obtener una autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y de un ministro de la Corte de Apelaciones para llevar a cabo un allanamiento. La facultad de allanar, aprobada por la reforme del 2009, no había sido ejercida aún. Era una “terra ignota” para un servicio como la FNE y había que entender y aplicar los artículos del Código de Procedimiento Penal introducidos por la reforma al DL 211.
Bajo la dirección de Carabineros, pudimos allanar a primera hora de la mañana las oficinas de El Golf de la asociación de productores de pollo (APA) y de Don Pollo. El equipo de la FNE volvió exhausto al día siguiente con las pruebas documentales y ahí tuvimos que esperar un tiempo para que la policía hubiese guardado en imágenes los emails incautados, respetando en todo momento la cadena de custodia.
Ahí empezó un trabajo de hormigas. Hace poco habíamos adquirido un software para hacer posible la búsqueda, pero como no teníamos experiencia en su manejo, decidimos revisar uno a uno todo lo incautado. Recuerdo que me encerré en la sala de evidencia de la FNE unas dos semanas para revisar personalmente las cadenas de los emails que daban cuenta del cartel. Luego vinieron sesudas reuniones estratégicas para analizar las posibles teorías de daños, que cuadraran bien con la evidencia a presentar. Llegamos a escribir 16 versiones distintas del requerimiento, según recuerdo. Cada palabra era analizada milimétricamente. No podíamos asumir el lujo de “darnos gustitos” literarios o agregar “grasa” innecesaria.
Paralelamente, discurríamos sobre las distintas alternativas de defensa que los futuros requeridos podían esgrimir. Litigar es un juego de ajedrez. Pueden surgir múltiples sorpresas. También puntos ciegos que no se investigaron apropiadamente. Ahí contábamos con una ventaja: nosotros fijábamos los tiempos, al menos durante el período de investigación. No debíamos apurarnos, si eso implicaba improvisar luego de la presentación del requerimiento. Una vez presentado, venían los dolores de cabeza y de parto de todo litigio complejo. Y la FNE pasaba súbitamente de la gloria inicial del golpe del requerimiento a una posición defensiva frente a los avatares futuros del litigio. Como pasar de goleador a defensa, en cosa de días.
Sabíamos que nuestros contendores eran sofisticados y se iban a defender férreamente. Estaban en su derecho. Eran empresas poderosas, mucho más que las cadenas de farmacias, con conexiones en el Estado, en los medios de comunicación y con las asociaciones empresariales. Sabíamos que estábamos solos en esto. Era una investigación que había partido de oficio, sin denuncia previa ni menos delación compensada.
Durante la investigación, que duró 1 año, detectamos algunos desafíos que planteaba este caso. Como no queríamos dejar nada al azar, contactamos a reconocidos economistas para encargarles informes. Hablé con Alex Galetovic y con Ricardo Sanhueza, juntos a ellos revisamos toda la evidencia, con el encargo que ellos, de forma independiente, estudiaran cualquier otras tendencias o índices del mercado relevantes para el caso. También contactamos al economista Andrés Gomez Lobo, para que hiciera cálculos de daños del cartel, un ejercicio novedoso incluso a nivel internacional.
Como el cartel se había mantenido por muchos años, había un asunto jurídico que requería nuestra atención. En esos años el régimen de multa del DL 211 había mutado varias veces y era necesario determinar con precisión qué régimen debía aplicarse. Contactamos al abogado Antonio Bascuñán Rodríguez para que estudiara esta cuestión y así poder contar con un informe suyo para dejar en claro que era aplicable el régimen imperante en la última etapa del cartel, y con ello poder cobrar el máximo de la multa que contemplaba nuestra legislación: alrededor de US$30 millones de dólares por infractor (monto que nunca se había aplicado en casos anteriores).
Al día siguiente de la presentación del requerimiento, y en forma coetánea a que el TDLC publicara su resolución dando inicio al procedimiento, llamé al ministro de Economía. En ese entonces era Pablo Longueira, a quien no conocía mayormente y que tenía, como buen político, un despliegue mediático avasallador. La llamada duro menos de 1 hora. Hasta ese minuto, nadie del gobierno sabía de nuestra investigación -como debe hacerse por cualquier servicio persecutor serio- y menos de la presentación inminente del requerimiento. Le expliqué las aristas principales de la demanda y los pasos que seguían, un camino largo y sinuoso propio de los litigios delicados. Longueira entendió rápidamente la importancia del caso y un rato después lo veíamos en televisión, junto al ministro Joaquín Lavín, quien blandía en el aire un truto de pollo, dando sendas conferencias de prensa en La Moneda.
La FNE por su parte no hizo declaraciones adicionales a las oficiales -que eran fomes y cortas- y aunque me solicitaron múltiples entrevistas en la televisión y la radio, me abstuve de cualquier aparición mediática. Que hablara el requerimiento mismo. No queríamos caer en el juego mediático de aparecer como goleadores cuando la demanda no era más que nuestra opinión sobre la revisión de la evidencia. La decisión era del TDLC y luego de la Corte Suprema. Había que tener paciencia y aguantar los embates del litigio, que fueron muchos. Cualquier error nos podía costar caro, en especial respecto a los recursos que se presentaron ante el ministro de la Corte de Apelaciones, la investigación estéril ante la Cámara de Diputados, la arista penal maquillada que llevó a cabo ese Ministerio Público poco razonable y sin quilla, y un largo etcétera.
Por la envergadura del caso, asumí personalmente la defensa en los alegatos, tanto ante el TDLC como la Corte Suprema. Nos preparamos muy bien con el equipo y nos encerramos varios días a ver cómo presentábamos el caso. Ahí decidimos utilizar Prezi, una herramienta visual que nos permitía proyectar durante el alegato los documentos e emails escaneados, sin ninguna alteración de formato. Los alegatos fueron fácticos y al hueso. Nos concentramos en la exposición cronológica de las principales evidencias presentadas. Pocas ideas inspiradoras y frases con adjetivos.
Luego de 3 años desde la presentación del requerimiento, recibimos el fallo del TDLC con alegría y una sensación reconfortante de una culminación de trabajo bien hecho. Lo mismo con el fallo confirmatorio de la Suprema, que demoró 1 año en llegar, en donde además se impuso una multa adicional a la APA.
Supe por ahí que luego de la victoria, el equipo de la FNE hizo un asado con los pollos que habían comprado. Bien merecido, por cierto, y me imagino que estaban sabrosos a pesar de llevar tanto tiempo congelados.
Suficiente de anécdotas. Termino con mencionar los que serían, a mi juicio, los principales efectos del caso pollos para la economía de mercado de nuestro país. Pudimos demostrar que la FNE tenía estatura y fuerza para llevar adelante casos sofisticados y complejos, sin ayuda de ningún otro órgano estatal. Que lo que demandábamos tenía asidero en pruebas y que los requeridos merecían las máximas sanciones previstas por la ley. Además, como ocurre con los casos exitosos, pudimos reformar la ley y aumentar el piso de multa fijo -que era bajo, como quedó demostrado en el caso pollos- por un porcentaje sobre las ventas y aligerar los requisitos del tipo (eliminando eso de que el acuerdo les conceda poder de mercado). Quizás lo más importante: el caso pollos señalizó al mundo empresarial que tenía que tomarse en serio eso de la economía de mercado, lo que pasa necesariamente por evitar el camino fácil y corrosivo de las conductas colusorias.
