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*Esta nota corresponde a una traducción al español de esta publicación original de Promarket.org, de fecha 21 de marzo de 2024. Esto se realiza en el marco de un convenio de re-publicación suscrito entre CeCo y ProMarket (Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business).
Los «trolls de patentes» están acumulando carteras de patentes, no para producir bienes, sino para extorsionar a empresas innovadoras que utilizan estas tecnologías como insumos para el pago de acuerdos extrajudiciales. Por ello, Roslyn Layton argumenta que el «Advancing America’s Interest Act» es un paso importante para proteger a los innovadores estadounidenses y la economía de los Estados Unidos.
El esencial sistema de protección de patentes de Estados Unidos, un impulsor clave del dinamismo económico, está bajo asedio. Las patentes proporcionan a individuos y empresas un incentivo para innovar al otorgarles un monopolio finito sobre su invento. Sin embargo, los litigantes de patentes están abusando de este sistema. Lo anterior, al dirigirse a empresas innovadoras que utilizan tecnologías patentadas como insumos de productos, extrayendo dinero a través de acuerdos extrajudiciales. Esto último dificulta la investigación y el desarrollo, y disminuye las ventas de productos hasta que se resuelva el caso o se decida de otra manera.
Los litigantes de patentes, también conocidos como «trolls de patentes», operan mediante su involucramiento con entidades de afirmación de patentes financiadas por fondos de inversión (PAEs) o entidades no- practicantes que no innovan ni fabrican productos ellas mismas, pero adquieren patentes para construir carteras de extorsión. Estos litigantes de patentes utilizan la minería de datos para detectar dónde se despliegan estas patentes -a menudo y sin saberlo, por proveedores de externos en una cadena de suministro compleja que comprende los miles de insumos que componen un dispositivo electrónico típico- y luego demandan al fabricante final por infracción. Los trolls de patentes luego explotan las investigaciones de la Sección 337 (importaciones injustas) en la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC) para presionar a dichas empresas para que paguen millones de dólares en acuerdos extrajudiciales. La ITC fue creada en 1916 para detener la importación de productos falsificados y nunca tuvo la intención de convertirse en el dominio de facto de litigios de patentes, incluso si las cadenas de suministro globales llevan a que muchas de estas tecnologías patentadas se importen.
Los costos inmediatos de litigios iniciados por entidades no practicantes (NPE), se estimaron en $29 mil millones por año en costos directos en efectivo en 2012, con costos agregados que destruyen unos $60 mil millones en valor de empresas anualmente. El número y la proporción de demandas de NPE solo han aumentado desde entonces. Ahora suman 400 casos al año, cuadruplicando lo que era hace apenas una década. Las NPE representaron el 63% de todos los casos de litigios de patentes en 2022.
Estos masivos costos son soportados por inventores estadounidenses y empresas innovadoras, reduciendo su capacidad para financiar la investigación, contratar empleados y construir nuevas instalaciones. Los consumidores estadounidenses sufren entonces, por la reducción en la oferta de productos innovadores y por los precios más altos.
Afortunadamente, el proyecto de ley bipartidista «Advancing America’s Interest Act» (AAIA), actualizado y reintroducido en el Congreso 118º, propone detener el abuso en el uso de patentes. Esto, mediante la modernización de la ITC, y la recuperación de su propósito original, lo que se logra incluyendo disposiciones que señalan cómo demostrar que la patente en litigio se utiliza para productos reales en los Estados Unidos (no simplemente como parte de una cartera de patentes) y la inclusión de estándares de interés público para proteger la salud, el bienestar y las condiciones de competencia.
La tercera edición (2022) del informe principal de la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (PTO), «Propiedad Intelectual y la Economía de EE.UU.», señala lo que está en juego en la aprobación de la AAIA. Las industrias intensivas en propiedad intelectual (semiconductores, productos farmacéuticos, software, herramientas y máquinas avanzadas, etc.) representaron el 41% del producto interno bruto de EE. UU. ($7.8 billones) y el 44% de los empleos (62.5 millones de empleos) en 2019. Los trabajadores en industrias intensivas en propiedad intelectual tienen más probabilidades de ganar salarios más altos, tener seguros de salud y planes de jubilación patrocinados por el empleador, y ser veteranos. Además, el 90% de las exportaciones de EE.UU. involucran el uso de propiedad intelectual. En pocas palabras, las ganancias de estas industrias permiten a las empresas pagar bien a los trabajadores, invertir en investigación y crecer.
Sin embargo, la explotación del sistema de patentes amenaza estos logros. Los economistas de la Universidad de Chicago y la Reserva Federal, Ufuk Akcigit, Sina Ates y Craig A. Chikis, muestran en un nuevo artículo que los casos de patentes abusivas se han triplicado en las últimas dos décadas, lo que ha tenido efectos negativos para el empleo y la economía. Los investigadores muestran las maneras en que las distorsiones del sistema de patentes y la litigación descontrolada asociada perjudican a los estadounidenses: reducción de la difusión de nuevas ideas y tecnología, crecimiento económico más lento, menos startups y empleos y falta de innovación.
Defender una patente puede costar de $3 a $5 millones. Las pequeñas empresas soportan una carga desproporcionada del costoso abuso de patentes, lo que afecta una cuarta parte de sus gastos en I+D. Muchos litigantes de patentes se concentran intencionalmente en empresas con ingresos anuales inferiores a $100 millones y presentan demandas que coinciden con «la víspera de un evento de financiamiento o adquisición» para así capitalizar aún más las vulnerabilidades de las nuevas empresas y alcanzar un acuerdo sin resistencia. Estas estrategias depredadoras frenan el emprendimiento y la innovación justo cuando la competencia tecnológica de EE.UU. con China se intensifica.
Es importante destacar que los autores consideran cómo las NPE podrían beneficiar al mercado, y reconocen que existen actores legítimos, como universidades y hospitales. Idealmente, las NPE podrían facilitar una mejor asignación de patentes. Lo anterior, por ejemplo, actuando como intermediarios en el mercado secundario, mejorando así su eficiencia, lo que a su vez fortalecería la innovación y el crecimiento económico. Aquellas empresas que no logran comercializar sus invenciones pueden monetizarlas vendiéndolas a NPE, las que luego pueden licenciar dichas patentes a aquellos que necesitan la tecnología subyacente para su propio esfuerzo innovador. Con todo, parece ser raro encontrar tecnología licenciada por una NPE.
En cualquier caso, la ITC funciona como un tribunal de patentes alternativo. Si bien la ITC no otorga indemnizaciones monetarias, tiene un arma más poderosa, la orden de exclusión. Esta consiste en la capacidad de detener el comercio del artículo que presuntamente infringe la patente mientras se lleva a cabo una investigación de la ITC. Las órdenes de exclusión pueden bloquear millones, si no miles de millones de dólares en importaciones. La defensa en dicho tipo de juicio puede costar miles de millones de dólares, y puede dejar fuera del negocio a los demandados. Por lo tanto, la mayoría de los casos se resuelven con un pago al troll de patentes.
Los dispositivos electrónicos son un dominio clave para las NPE, ya que cualquier teléfono inteligente contiene miles de patentes individuales. Los fabricantes de dispositivos estadounidenses Apple, Motorola, Google, Garmin, HP, Microsoft, InFocus, InfoSonics y Purism no son ajenos a los casos de infracción de patentes. Sin embargo, los casos de la Sección 337 también tienen como objetivo a fabricantes taiwaneses y coreanos (TSMC, LG, Samsung, entre otros). Irónicamente, cuando se bloquean las importaciones de estas empresas como parte de una investigación, los beneficiarios inadvertidos son los fabricantes de dispositivos alineados con el gobierno chino como Xiaomi, Lenovo, Oppo, OnePlus.
La ITC fue establecida para proteger a las industrias estadounidenses, primero, de las prácticas comerciales injustas de parte de falsificadores extranjeros y, segundo, de los productos importados que infringen la normativa de patentes. Las órdenes de exclusión de la ITC solo deben emitirse en nombre del interés público. Al modernizar la ITC y restaurar su propósito original, la AAIA protegerá a los legítimos inventores estadounidenses de litigantes extorsionistas.
La AAIA ha pasado por una evaluación y revisión importante e incluye dos disposiciones clave. Por un lado, los demandantes deben demostrar que la patente en cuestión condujo a un producto que incorpora la patente solo después de que ésta fue licenciada al demandante, no antes. Esto evitaría la actual práctica de acumular y litigar carteras de patentes armadas por propietarios que no tienen la intención de participar en el desarrollo o la comercialización de productos. Las entidades que presenten casos de la Sección 337 deben tener la carga de demostrar un vínculo directo entre sus patentes y su desarrollo de productos reales en EE.UU. Este requisito es esencial para distinguir entre verdaderos innovadores y aquellos que se aprovechan del sistema con el afán de lucrar.
Una segunda disposición del proyecto de ley obligaría a la ITC a rendir cuentas en mayor medida al exigirle que considere el interés público antes de emitir una orden de exclusión. Esto dificultaría que los infractores más flagrantes abusen de la ITC con la esperanza de ejercer la «opción nuclear» de la ITC de bloquear importaciones que contengan elementos que presuntamente infringen patentes mientras se lleva a cabo una investigación. La ITC estaría obligada a considerar el daño potencial a los consumidores, la economía y la competencia antes de emitir la orden de exclusión.
No es inusual que las instituciones comerciales y de patentes fundadas en siglos anteriores sean examinadas y reformadas periódicamente. «Hay un claro precedente histórico para nuevas olas de cambio tecnológico y organización industrial que impulsan la necesidad de revisitar y adaptar ciertos principios del régimen de protección de propiedad intelectual de la nación», señalan los autores de la Fed y de la Universidad de Chicago. Lo que dicen es correcto: la creación de políticas que reduzcan el incentivo de abusar es crucial.
Los autores sugieren soluciones más allá del proyecto de ley, como procesos más duros. Esto, en cuanto al examen previo a la concesión de una patente y en cuanto a la revisión posterior a dicha concesión. Proponen, además que se exija transparencia en la litigación de patentes que incluya la divulgación de las fuentes de financiamiento de terceros. Muchos PAE dependen de dinero de inversores extranjeros o de fondos soberanos que les permiten atacar a empresas estadounidenses.
Las protecciones de los derechos de propiedad de EE.UU. fueron diseñadas para incentivar la innovación e impulsar el dinamismo económico. El Congreso tiene evidencia experta que documenta que los inventores de hoy están a merced de litigantes de patentes codiciosos. Este problema ha estado creciendo durante dos décadas, y hay legislación para resolverlo. No hay excusa para la demora.
Roslyn Layton
Roslyn Layton es Investigadora Visitante en el Centro de Comunicación, Medios y Tecnologías de la Información de la Universidad de Aalborg, donde obtuvo un doctorado en economía empresarial y regulación de Internet. Su investigación actual compara modelos de negocio de recuperación de costos de banda ancha en todo el mundo.
*Esta traducción al español fue realizada con el apoyo de la herramienta Chat GPT, de Open AI.
