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El objetivo de la libre competencia no parece tener un consenso claro. De hecho, en el último tiempo se ha vuelto a abrir el debate acerca de cuál debería ser el fin de la competencia y qué deben proteger las agencias (al respecto, ver notas CeCo “OCDE: Bienestar del consumidor y estándares alternativos” y “Efectos del movimiento neobrandeisiano en EE.UU. y Latinoamérica”).
Ahora bien, existen algunas ideas que —aunque debatibles—, parecen estar inmersas en la noción de que la protección de la competencia (o del proceso competitivo) es beneficiosa por sí misma. Hay abundante evidencia económica que demuestra cómo la protección de la competencia impacta positivamente en el desarrollo de las empresas, las posibilidades de consumo de las personas y, finalmente, en el bienestar general (al respecto, ver nota CeCo “Consensos básicos en la libre competencia a propósito de los aires de cambios”). Sin embargo, no existen estudios que midan —de forma empírica— cuál es el impacto del enforcement de las leyes de competencia, en la actividad económica de un país.
En esta nota revisamos el artículo “Antitrust enforcement increases economic activity”, de Tania Babina, Simcha Barkai, Jessica Jeffers, Ezra Karger, Ekaterina Volkova, en donde construyen una base de datos que agrupa todas las demandas antitrust del Departamento de Justicia (DoJ) de EE.UU. Así, cruzando dicha base de datos con información de distintos censos de EE.UU., las autoras evalúan el impacto que tiene el enforcement en variables reales que miden actividad económica (p. ej., salarios promedio, empleo y formación de nuevos negocios).
Así, el artículo presentaría la primera revisión sistemática de los efectos reales del enforcement en variables macroeconómicas (al menos en EE.UU.). Su conclusión es que el enforcement aumenta el nivel de actividad económica, particularmente en empleo y formación de nuevos negocios. El artículo incluso sugiere que pueden existir subestimaciones en estos resultados, de modo que el efecto positivo del enforcement podría ser aún mayor.
Para evaluar el impacto del enforcement en la actividad económica de EE.UU., los autores recolectan todas las demandas presentadas por la División antitrust del DoJ, entre 1971 y el 2018. Esta división es, junto con la Federal Trade Commission (FTC), una de las dos principales instituciones encargadas del enforcement en EE.UU. Tal como se observa en la Figura 1, los autores dividen las demandas del DoJ en 5 categorías.
Tabla 1: Cantidad de acciones de la División antitrust del DoJ, por categoría (1971-2018)
Fuente: Babina et al., (2023)
Los autores analizan las demandas relacionadas con: (i) infracciones horizontales, (ii) prácticas de exclusión, e (iii) infracciones verticales. Estas 3 categorías se refieren a conductas anticompetitivas que, generalmente, restringen la producción (lo que suele implicar un alza de precios), y pueden estar relacionadas con acuerdos de precios (lo que suele derivar en menor producción).
Por lo tanto, si el enforcement del DoJ es eficaz para detectar y corregir estos tres comportamientos, es posible esperar aumentos de la actividad económica real y una disminución de los precios en los años siguientes a aquellos en que aumentan las acciones del DoJ.
Ahora bien, en lo que se refiere a las acciones del DoJ en materia de fusiones, los autores no las consideran para evaluar el impacto del enforcement en la actividad económica. Esto pues las fusiones, en lugar de abordar comportamientos anticompetitivos pasados, se enfoca en posibles efectos futuros. Por lo tanto, la aplicación efectiva del enforcement en materia de fusiones no conduciría —necesariamente— a un aumento de la actividad económica.
Por otra parte, se debe señalar que restringir el ámbito del estudio a las demandas del DoJ, es decir, sin considerar las acciones que presenta la FTC, permite identificar con mayor precisión el enforcement del derecho de competencia en EE.UU. Esto, pues la División antitrust del DoJ tiene como mandato único la revisión de demandas relativas a tópicos de competencia, mientras que el mandato de la FTC es más amplio (p. ej., incluye la protección de los consumidores y prácticas comerciales desleales). Por otro lado, el DoJ puede perseguir las infracciones de competencia tanto en sede civil como penal, mientras que la FTC está limitada al ámbito civil.
Otro punto importante que consideraron los autores es que la FTC ha presentado, en 23 años (1996-2018), solamente 162 acciones relacionadas con competencia (en promedio, 7 por año), y agregan que la mitad corresponden a la industria de la salud.
El desafío empírico del estudio está en la correcta construcción del contrafactual (es decir, del grupo de control). En concreto, para determinar el efecto real que tiene el enforcement del DoJ en la actividad económica en una industria y Estado particular (p. ej., industria manufacturera en el Estado de Michigan), es necesario contar con una “unidad” Industria-Estado similar (p. ej., industria manufacturera en el Estado de Illinois), pero que tenga menos enforcement que la unidad Industria/Estado que se está evaluando.
Es esperable que las industrias no evolucionan de la misma forma en el tiempo. En efecto, hay shocks que pueden afectar, de manera distinta y en sentidos diferentes (de forma positiva o negativa) la actividad económica. Por ejemplo, una innovación disruptiva en la industria automotriz afectará positivamente la oferta de vehículos. Este impacto positivo en la oferta de vehículos también tendrá efectos en el empleo. Ciertamente, si la innovación permite producir más vehículos, es posible que este sector requiera más trabajadores en la fábrica, y el empleo aumente. No obstante, si la innovación permite automatizar procesos, también puede existir un impacto negativo en el empleo.
Entonces, los autores comparan los resultados de la actividad económica en una industria “A” en un Estado “X”, con la misma industria “A” pero en un Estado “Y”. Esta comparación permite identificar cambios tecnológicos y de demanda que pueden afectar solamente a nivel industria, pero separando el impacto en la actividad económica.
Por otro lado, también es posible pensar que el shock en innovación (o cualquier otro shock) afecte de forma distinta a los distintos Estados. Para hacerse cargo de lo anterior, los autores utilizan efectos fijos a nivel Estado e industria (esta técnica econométrica permite controlar por cosas invariantes en el tiempo). Así, la unidad de análisis es una industria “A”, en un Estado “X”, en un año “t”. De este modo, los autores observan los cambios de enforcement (cambios en la proporción de demandas presentadas por el DoJ) en una unidad “industria-Estado-año”, y la influencia de dichos cambios en la unidad en cuestión.
Considerando la construcción del grupo de control, los autores no consideran las industrias con dominancia a nivel nacional, ya que estas impactan en más de un Estado.
Con la información que capturan los autores, es posible observar que el foco del DoJ está concentrado en diferentes industrias, dependiendo de la época evaluada.
Figura 2: Proporción de demandas del DoJ por industrias (1971-2018)
Fuente: Babina et al., (2023)
Como es posible observar en la Figura 2, el DoJ presentó una proporción mayor de demandas en la industria manufacturera en la época previa a 1980. Entre 1980 y 1990 las prioridades del DoJ parecen haber cambiado, aumentando la proporción de demandas en contra de empresas relacionadas con la construcción, llegando a un 75% de las demandas en 1982. Entre el 1990 y el 2000, el DoJ volvió a un patrón similar al de la década del 70, enfocando su enforcement en la industria manufacturera, pero con un mayor volumen de casos. Luego del 2000, no existe un patrón claro hasta la crisis financiera (2007), en donde aumentó de forma importante el número de demandas en el sector “FIRE” (Financial, Insurance, Real Estate).
Los autores encuentran un impacto positivo del enforcement en los niveles de empleo y la formación de nuevas empresas.
Figura 3: Efecto del enforcement en empleo y formación de nuevas empresas
Fuente: Babina et al., (2023)
En concreto, tal como es posible observar en la Figura 3, el efecto promedio permanente (en el largo plazo) en el empleo (panel izquierdo) es de un incremento del 5,4%. Por su parte, la formación de nuevas empresas (panel derecho) aumentó, en promedio, en un 4,1%. Por otro lado, los autores también detectaron un aumento en la nómina de sueldos que excede el aumento de trabajadores, lo que sugiere un incremento de los salarios promedio.
Adicionalmente, los autores también señalan que los efectos positivos del enforcement sobre las variables económicas estudiadas podría ser aún mayor. Esto pues habría 3 formas en que el efecto del enforcement puede estar subestimado (es decir, podría ser mayor).
Primero, el análisis que se realiza no es capaz de capturar los efectos de la disuasión general. En efecto, es probable que los esfuerzos que realizan las agencias para detectar algún ilícito de competencia repercutan en una reducción de las conductas anticompetitivas por parte de las empresas a nivel general (y no solo respecto a las empresas que fueron demandadas).
En segundo lugar, debido a las dificultades que existen para construir un grupo de control creíble, el análisis que realizan los autores no es capaz de analizar el efecto del enforcement para las empresas dominantes a nivel nacional (el que puede tener un impacto aún mayor en la actividad económica).
Por último, pueden existir spillovers que cambien el comportamiento de las empresas en otros Estados. En paralelo a la presentación del DoJ de una demanda en una industria “A”, en un Estado “X”, empresas de la misma industria “A” pero en un Estado “Y” pueden cesar una práctica anticompetitiva similar al conocer la demanda judicial en el otro Estado. De ser así, esto puede conducir a una mayor competencia en el grupo de control, lo que subestimaría los verdaderos efectos del enforcement en la industria objetiva.
Babina, T., Barkai, S., Jeffers, J., Karger, E., & Volkova, E. (2023). Antitrust enforcement increases economic activity. National Bureau of Economic Research.
