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● The American Bar Association held its 70th version of the international event «Antitrust Law Spring Meeting». In the context of the event, on April 6, the National Economic Prosecutor, Ricardo Riesco, was interviewed.
● In the interview, Riesco talked about the challenges he faces as the current chair of the agency in today’s context.
● Additionally, he addressed the relationship between the government, the media and the agency, pointing out the importance of the FNE’s attributions, especially its ability to publish market studies.
● Finally, he mentioned the importance of international collaboration between agencies to investigate and enforce anticompetitive practices.
Entre los días 5 y 8 de abril, la American Bar Association (ABA) realizó su 70° versión del evento internacional “2022 Antitrust Law Spring Meeting” en Washington DC, que contó con más de 60 sesiones abordadas tanto por abogados y economistas expertos en materias de libre competencia, privacidad de datos, protección al consumidor, entre otros temas.
El evento contó con la participación del Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, junto a otros expertos de derecho de la competencia y autoridades de competencia alrededor del mundo.
Previo a su exposición en el panel “Antitrust Compliance in Latin America”, el Riesco fue invitado a una entrevista dirigida por el abogado Theodore Voorhees -del estudio Covington & Burling LLP– junto a Lenisa Rodriguez Prado -comisionada del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil- para abordar los desafíos que han impuesto los cambios políticos y la pandemia al trabajo de las autoridades de competencia en cada país y las prácticas de coordinación internacional de cada agencia, entre otros temas.
Una de las primeras preguntas a las que se enfrentó Ricardo Riesco fue cómo ha dirigido a la Fiscalía en el último tiempo y los principales desafíos que ha enfrentado durante su liderazgo.
Como punto de partida, señaló la difícil tarea de manejar un amplio equipo altamente técnico y especializado. En la misma línea, se refirió a lo complejo que fue para la agencia cumplir con sus funciones durante la pandemia y el conflicto social que ocurrió en el país a finales de 2019. Sin embargo, también destacó que la Fiscalía “nunca dejó de investigar operaciones de concentración durante toda la pandemia, estamos muy orgullosos de eso”.
Luego, Riesco recalcó la importancia que tuvo para la FNE la dictación y entrada en vigencia de la ley 29.945 del año 2016, destacando principalmente las facultades en el control de operaciones de concentración y de la realización de estudios de mercado. “Hemos hecho muchos de ellos y han tenido un gran impacto en nuestros mercados, gobierno y población”, agregó.
Recordemos que la instauración del control de operaciones de concentración establecido por la reforma del 2016 (Ley 20.945) constituyó un avance regulatorio considerable dentro del régimen de protección de libre competencia chileno. Su regulación fue incorporada en el Título IV del DL 211. La reforma estableció un procedimiento administrativo ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que permite la comunicación, intercambio y colaboración entre quienes notifican la operación y la autoridad, y fijó plazos acotados del procedimiento de investigación. Para casos de prohibición, estableció también un procedimiento de revisión ante el TDLC y de manera excepcional, ante la Corte Suprema (ver nuestro glosario sobre fusiones aquí).
En cuanto a los estudios de mercado, a la fecha, al Fiscalía ha publicado seis estudios de mercado, donde ha evaluado tan diversos mercados como los de rentas vitalicias (2018), notarios (2018), textos escolares (2019), medicamentos (2020), compras públicas (2020) y gas (2021). El pasado diciembre de 2021, la Fiscalía anunció que efectuará un nuevo Estudio de Mercado, esta vez sobre el mercado fúnebre, el cual se compone principalmente de las funerarias y cementerios que operan en el país (ver nuestra nota CeCo al respecto aquí).
Por último, Riesco se refirió al actual debate constitucional y el trabajo de la convención constituyente en la redacción de una nueva Constitución. “Afortunadamente no han existido críticas a la institucionalidad de competencia en nuestro país, pero de igual manera es un gran desafío para nosotros en Chile y también para la Fiscalía”, sostuvo, y agregó que la palabra “competencia” ha estado presente en varios borradores de artículos para la Carta Magna (al respecto, revisar las Notas CeCo “Seguimiento constitucional y libre competencia: ¿Qué iniciativas se han aprobado en las comisiones de la Convención?” y “La regulación de la libre competencia por la Convención Constituyente”).
Otro tema que abordado durante la entrevista fue la relación de la política en materia de competencia y la labor diaria de las agencias, cuestión que se ha visto acrecentada en el último tiempo debido a la pandemia y a diversos conflictos sociales, de los que Chile no ha estado exento.
El Fiscal abordó dicho tópico recalcando la independencia de la agencia de competencia y la consciencia que posee sobre la repercusión de sus decisiones en diversos ámbitos.
Para profundizar en lo anterior, nuevamente hizo referencia a la importancia que han tenido los diversos estudios de mercado que ha realizado el organismo en el ejercicio de sus funciones, que suelen ser considerados por el Gobierno de turno y traducidos rápidamente en proyectos de ley (el estudio de mercado del gas es un buen ejemplo de esto; ver nuestra nota CeCo al respecto aquí).
Por otro lado, un fenómeno que se ha visto generalizado últimamente y que también fue analizado, es la creciente inflación que han venido sufriendo los países a causa del contexto internacional.
Frente a ello, la respuesta de muchos gobiernos ha sido la de proponer proyectos de ley para controlar los precios, dotando con ello de un mayor poder de intervención al Estado en la economía, lo que a juicio de Riesco no es algo que vaya a detenerse pronto.
A lo largo de toda su exposición, Riesco profundizó más en la facultad de realización de estudios de mercado por parte de la Fiscalía, calificándola como su “herramienta más poderosa”.
El fiscal recalcó que esta es una facultad que permite analizar detenidamente los mercados estudiados, relacionándose con organismos sectoriales competentes, diversas autoridades y todos los agentes del mercado específico, tanto públicos como privados. Todo lo anterior, con el fin de determinar si es que el mercado objeto del estudio funciona de manera correcta o si es necesario efectuar cambios estructurales en el mismo.
Como ejemplo, mencionó el Estudio de Mercado del Gas realizado por la Fiscalía, que tuvo amplio impacto en la prensa y en la población en general (al respecto, revisar Notas CeCo “Puntos clave del Informe Preliminar de la FNE sobre el Mercado del Gas” y “Las críticas y respuestas en torno al Informe Final de la FNE sobre el Mercado del Gas”). De acuerdo al Fiscal, “el gobierno reaccionó muy bien [al estudio] y en unos meses presentó un proyecto de ley aceptando todas nuestras recomendaciones”.
Sin embargo, también reconoció que la realización y publicación de estudios de mercado puede traer complejos efectos en la población. “La parte más difícil es que, cuando la prensa reporta sobre eso, […] puede no entender que no cada falla de mercado es consecuencia de un cartel”, sostuvo.
Por lo mismo, Riesco mencionó que, en su trabajo, la FNE debe ser extremadamente cuidadosa con las palabras que utiliza, pero aun así reconoció que no pueden controlar la opinión de la prensa. “Nos limitamos a hacer nuestro trabajo de la forma más profesional posible”, confesó.
Según el Fiscal, cuando la FNE busca hacer un cambio estructural en un mercado, el Estado suele querer tomar el lugar de empresas privadas. En su opinión, este es un desafío para los estudios de mercado que se hagan en el futuro, pues “queremos tener una buena regulación y una buena regulación requiere de tiempo y esfuerzo, no es algo tan simple”.
Finalmente, Riesco se refirió a las relaciones de la FNE con organismos y agencias de competencia foráneas.
Al respecto, destacó las excelentes relaciones que se han formado y mantenido con el Department Of Justice (DOJ) de Estados Unidos. De la misma forma, opinó que “el éxito que la Fiscalía chilena ha tenido en la persecución de carteles en la última década es en parte gracias a la asistencia del DOJ y estamos muy agradecidos por ello”. Como ejemplo, mencionó la colaboración del DOJ y el FBI en el último caso de colusión en el mercado del transporte de valores, donde ayudaron a desencriptar un pendrive con material probatorio clave (al respecto, revisar Nota CeCo “Interrogantes que abre el requerimiento de la FNE por la colusión de empresas de transporte de valores”).
Además, mencionó que la Fiscalía constantemente monitorea las labores y decisiones adoptadas por las principales jurisdicciones del mundo en el ámbito de mercados digitales. “Incluso si no tenemos nuestras propias reglas o directrices, solemos analizar los precedentes y directrices de autoridades extranjeras”, agregó.
Por último, hizo énfasis en la necesidad de “encontrar un terreno común tanto en cuestiones de fondo como en cuestiones de procedimiento” para abordar mercados digitales, en donde suelen participar empresas transnacionales.
