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El 12 de marzo de este año, la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) remitió un oficio a la Fiscalía Nacional Económica (“FNE” o “Fiscalía”) solicitando que informara su opinión respecto a la propuesta de modificación de la Norma de Carácter General 514 (“NCG 514”), que regula el Sistema de Finanzas Abiertas (“SFA”), de acuerdo con lo que así indica la Ley Fintec. El informe en cuestión se restringió exclusivamente a las disposiciones que afectan la promoción y defensa de la libre competencia, como así indica la legislación.
En este marco, la FNE concluyó que no veía mayores riesgos para la competencia, en cuanto se tratan de modificaciones que principalmente buscan modificar y simplificar la participación en el SFA por parte de los agentes de la industria Fintec. No obstante, tuvo ciertos reparos en cuanto a elementos puntuales de esta modificación, los cuales analizaremos a continuación.
El informe recuenta brevemente la evolución del ecosistema Fintec en Chile, el cual demuestra un dinamismo acelerado, debido a un crecimiento en el número de startups y en especial en torno a la cantidad de pagos por persona realizados anualmente. Pero también se han ido identificando riesgos competitivos sobre barreras de entrada por exigencias regulatorias, problemas de interoperabilidad, el peso de las grandes plataformas tecnológicas (Big Tech) y la seguridad de los datos.
La Fiscalía identificó que las modificaciones de la NCG 514 se tratarían de materias que configuran elementos estructurales del sistema, con potencial incidencia en la intensidad competitiva y en las condiciones de entrada y expansión de los participantes. Por lo mismo, examinó detenidamente tres aspectos que presentaban las mayores problemáticas en su diseño: 1) los plazos de entrada en vigencia e implementación; 2) la distribución de costos; y 3) las modificaciones relativas al mecanismo alternativo de interconexión.
Con respecto a los plazos de entrada en vigencia e implementación de la normativa, la propuesta modifica el cronograma original, extendiendo la etapa de preparación tecnológica previa a la vigencia del SFA. Esto se traduce en que el plazo de vacancia aumente de 24 a 36 meses, contados desde julio de 2024.
El impacto neto de esta modificación es que, aunque reduce algunos plazos de implementación posteriores a la vigencia, el resultado es un retraso efectivo para los agentes del mercado, de 3 y 11 meses el Grupo 1 (Bancos y emisores de tarjetas) y de hasta 8 meses para el Grupo 2 (otras instituciones proveedoras). A la FNE le genera preocupación dicha dilación, en cuanto afecta especialmente a los modelos de negocio que dependen de la interoperabilidad, destacando que la publicación de información estática tiene baja complejidad y no debería postergarse de forma uniforme con funciones más críticas como la iniciación de pagos.
Con respecto a la distribución de costos y reembolsos, la Fiscalía advirtió que la regulación sobre el SFA presenta definiciones ambiguas que generan riesgos para la competencia. Entre las principales preocupaciones destacan la falta de claridad sobre los costos reembolsables, la ausencia de criterios objetivos para determinar tarifas, la indefinición de las especificaciones técnicas del sistema y la incertidumbre respecto de la remuneración en los servicios de iniciación de pagos. Por lo demás, señaló que estos aspectos pueden favorecer conductas oportunistas, elevar barreras a la entrada y afectar especialmente a los actores de menor tamaño.
Con respecto a las modificaciones relativas al mecanismo alternativo de interconexión, la normativa original exigía un mecanismo alternativo para asegurar la disponibilidad si las APIs fallaban, y la propuesta simplifica este requisito. La FNE valoró la simplificación del mecanismo alternativo de interconexión al reemplazar la exigencia de un sistema alternativo por planes de contingencia individuales. Sin embargo, advirtió que esta modificación no debe comprometer la resiliencia del SFA ni la continuidad del servicio, especialmente porque eventuales fallas afectarían de forma desproporcionada a los proveedores de servicios basados en información y a los iniciadores de pagos. Asimismo, respaldó el descarte del web scraping como mecanismo alternativo por no cumplir con estándares internacionales de seguridad.
Con todo, la FNE formuló recomendaciones orientadas a que la implementación del SFA promueva efectivamente la competencia. En primer lugar, instó a evitar nuevas postergaciones en la entrada en vigor de la normativa, por considerar que retrasan los beneficios de la interoperabilidad y el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Asimismo, propuso una implementación gradual, priorizando funcionalidades de menor complejidad técnica y evaluando el desarrollo paralelo de las APIs de iniciación de pagos cuando ello sea factible.
También recomendó que la CMF defina con prontitud criterios objetivos y verificables para la distribución de costos y reembolsos, con el fin de otorgar certeza regulatoria y prevenir conductas oportunistas. Finalmente, valoró la simplificación del mecanismo alternativo de interconexión, pero enfatizó la necesidad de establecer planes de contingencia robustos que aseguren la resiliencia del sistema y eviten afectar desproporcionadamente a los nuevos participantes.
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