El nuevo mensaje de Washington para los agentes antimonopolio: la política sobre la independencia

19.08.2026

CeCo EE.UU

8 minutos

Michael E. Jacobs Investigador de CeCo. J.D., Georgetown University Law Center; M.A., University of Wisconsin-Madison; B.A., University of Chicago. Director de Litigios de Antitrust Internacionales, CFM Lawyers LLP.

Durante décadas, las autoridades de antitrust en Estados Unidos han instado a sus homólogos en América Latina y otros lugares del mundo a construir instituciones de competencia protegidas de las presiones políticas cotidianas. A través de asistencia técnica, acuerdos comerciales, cooperación bilateral y organizaciones como la OCDE y el ICN, los funcionarios estadounidenses han promovido consistentemente una propuesta simple: el enforcement efectivo de las leyes de antitrust requiere instituciones que puedan tomar decisiones basadas en evidencia económica en lugar de conveniencia política. Presentaron agencias independientes lideradas por expertos que no podían ser removidas de sus cargos sin causa como un sello distintivo de una política de competencia madura.

La reciente decisión de la Corte Suprema estadounidense en Trump v. Slaughter, que bendijo la destitución por parte del presidente Trump de la comisionada de la Federal Trade Commission (FTC), Rebecca Kelly Slaughter, altera fundamentalmente ese mensaje. La decisión ignoró o tergiversó el registro histórico y desmanteló un precedente de noventa años en Humphrey’s Executor v. United States (1935), que reconocía la autoridad del Congreso para establecer comisiones regulatorias independientes. En el contexto estadounidense, el fallo tendrá efectos de gran alcance en el equilibrio de poderes entre la presidencia y el Congreso.

No obstante, el impacto de la decisión probablemente se extenderá mucho más allá de Estados Unidos. La segunda administración Trump ha visto una reversión extraordinaria en el modelo institucional que Washington pasó décadas fomentando en todo el mundo. La nación que alguna vez defendió autoridades independientes de competencia ahora adopta en casa un sistema en el que la política antimonopolio está cada vez más sujeta a control político. De hecho, la administración Trump no ha hecho ningún esfuerzo por ocultar ese objetivo. Para ellos, es una característica, no un error.

Este cambio es notable porque la FTC ha ocupado durante mucho tiempo una posición constitucional distintiva en el sistema de Estados Unidos. A diferencia de departamentos ejecutivos como el Departamento de Justicia, que están encabezados por secretarios de gabinete que sirven a voluntad del Presidente, la FTC fue diseñada por el Congreso como un órgano bipartidista de expertos. Los comisionados reciben mandatos fijos, no pueden pertenecer más de tres al mismo partido político, e históricamente solo podían ser removidos por ineficiencia, negligencia en el deber o mala conducta. Desde el principio, hace más de cien años, el Congreso pretendía que estas protecciones aseguraran que las decisiones de aplicación fueran guiadas por la ley y el interés público en lugar de consideraciones electorales.

La decisión de la Corte Suprema revoca ese entendimiento. Al permitir que los comisionados sean removidos porque ya no gozan de confianza presidencial, la Corte transforma efectivamente a la FTC en una agencia cuyo liderazgo depende de la lealtad política en lugar de la independencia legal. Aunque los comisionados pueden seguir poseyendo experiencia técnica, la seguridad en sus cargos ahora depende de mantener la confianza del ocupante de la Casa Blanca. Y creo que es seguro decir que el actual presidente de la agencia, Andrew Ferguson, se ha esforzado en hacer demostraciones poco decorosas de su lealtad al ocupante actual. A raíz de este fallo, cabe esperar que veamos aún más de esto, al menos durante el transcurso de una presidencia que ya parece haberse prolongado durante décadas.

«Al permitir que los comisionados sean removidos porque ya no gozan de confianza presidencial, la Corte transforma efectivamente a la FTC en una agencia cuyo liderazgo depende de la lealtad política en lugar de la independencia legal.«

Los partidarios de la decisión Slaughter argumentan que un mayor control presidencial mejora la rendición de cuentas democrática. Sostienen que el poder ejecutivo debe ser ejercido en última instancia por funcionarios responsables ante los votantes y que las agencias independientes diluyen la responsabilidad política. El Congreso —que también responde ante los votantes— decidió estructurar la FTC de manera diferente al crear la agencia, buscando aislar a las autoridades de la influencia política inmediata. Dicho esto, la independencia nunca tuvo la intención de eliminar la rendición de cuentas. Los comisionados siguen sujetos a revisión judicial, supervisión del Congreso, restricciones legales y escrutinio público. La independencia protege la integridad de la toma de decisiones técnicas frente a la tentación de recompensar a aliados políticos o castigar a opositores políticos.

Irónicamente, estos son precisamente los argumentos que los funcionarios estadounidenses han promovido desde hace mucho tiempo en el extranjero. En Latinoamérica, Estados Unidos ha alentado consistentemente a los gobiernos a fortalecer la independencia institucional de las autoridades de competencia. Se aconsejó a los países que crean o reforman agencias antimonopolio adoptar términos fijos para los comisionados, procedimientos de nombramiento transparentes, gobernanza no partidista cuando sea apropiado y protección contra despidos arbitrarios. La decisión de la Corte Suprema ahora socava esa credibilidad institucional.

Las autoridades profesionales estadounidenses sin duda seguirán enfatizando la aplicación basada en la evidencia y el análisis económico sólido en sus discursos a sus colegas internacionales. Sin embargo, esas recomendaciones inevitablemente tienen menos fuerza persuasiva cuando es precisamente Estados Unidos el que ha disminuido la independencia de una de sus principales autoridades de competencia. En ese contexto, los gobiernos extranjeros pueden razonablemente preguntarse por qué deberían preservar salvaguardas institucionales que Estados Unidos ha decidido debilitar.

Esta inconsistencia es particularmente notable porque muchas jurisdicciones en la región han pasado décadas intentando reducir la interferencia política en la regulación económica. Los bancos centrales independientes, las comisiones electorales autónomas y las autoridades profesionales de competencia a menudo han sido vistos como componentes esenciales del desarrollo económico. Aunque estas instituciones no siempre han funcionado perfectamente, su objetivo subyacente ha sido eliminar ciertas decisiones técnicas de la negociación política inmediata.

Las consecuencias van más allá de la ley antimonopolio. La FTC tiene responsabilidades sustanciales que involucran la protección del consumidor, la privacidad, la seguridad de datos y las tecnologías emergentes. El razonamiento de la Corte también puede afectar a otras comisiones regulatorias independientes que el Congreso estructuró deliberadamente para equilibrar la experiencia con la rendición de cuentas democrática. Por lo tanto, la cuestión constitucional más amplia no concierne solo a una agencia, sino a la futura arquitectura del estado administrativo de EE. UU.

Sin embargo, para los observadores en otros lugares, la lección más importante es institucional más que constitucional. Durante muchos años, Estados Unidos argumentó que los mercados duraderos requieren instituciones duraderas. La experiencia técnica, la transparencia y la independencia no eran obstáculos para la democracia, sino complementos esenciales para ella. La decisión Slaughter señala un retroceso de esos principios. Sugiere que el control político ahora tiene prioridad sobre la independencia institucional, incluso en áreas donde la continuidad y la experiencia tradicionalmente se han considerado indispensables.

La ironía es difícil de ignorar. En el mismo momento en que muchas democracias en desarrollo en todo el mundo continúan trabajando para construir instituciones autónomas capaces de hacer cumplir la ley de competencia sin interferencia política, Estados Unidos ha decidido debilitar una de las suyas. Washington puede seguir ofreciendo consejos sobre “mejores prácticas”, pero su ejemplo ahora cuenta una historia diferente. La democracia constitucional más antigua del mundo ha concluido que el enforcement independiente de las leyes de antitrust es menos importante que el control presidencial. Para países que pasaron décadas siguiendo el modelo estadounidense, esa probablemente sea una lección que pocos esperaban recibir.