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Un rasgo interesante del contexto institucional británico es el diálogo que se genera entre el poder ejecutivo y la autoridad de competencia, la Competition and Markets Authority (CMA). No sólo la agencia puede proponer recomendaciones, como sucede en la jurisdicción chilena, sino también los ministros del gobierno –algo que acostumbran– formulan preguntas a la CMA, quien está obligada a responder. Se trata, en síntesis, de una interacción bidireccional.
En este intercambio, un documento fue dado a conocer la semana pasada como respuesta de la CMA a la carta del Ministerio de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) que solicitó el apoyo a la agencia sobre tres preguntas clave:
Con los efectos más duros de la pandemia sanitaria ya amainando, los ojos del foro internacional de competencia han tornado a mirar crecientemente uno de los grandes desafíos de nuestra era: cambio climático y economía sustentable.
La misma OCDE en sus últimas ediciones del Competition Day ha destinado jornadas enteras a explorar la interacción de herramientas de competencia con el fomento de una economía circular y sustentable (ver el panel del pasado 23 de febrero “Innovación Verde y Competencia” y el de la edición anterior en la nota CeCo “Sustentabilidad y Competencia: Día de la Competencia OCDE”).
En Reino Unido, la estrategia de “valor cero” (Net Zero Strategy) que impulsa la administración actual, forma parte del plan de “recuperación verde” de su economía y que se espera rinda frutos en el largo plazo como parte de los compromisos internacionales de ese país, hacia la descarbonización completa en el año 2050.
La percepción de que reglas del derecho de competencia puedan ser una limitante para, por ejemplo, alianzas entre empresas con finalidades medioambientales (o sustentables, en términos amplios) no es nueva ni exclusiva del Reino Unido. Para muchos, es un área que necesita mayores certezas y requiere estándares más precisos.
En el sistema comunitario europeo el asunto ha sido recientemente visitado en un extenso reporte de Richard Whish y David Bailey sobre colaboraciones de compra conjunta, preparado para la Comisión Europea, para entender la aplicación de las prohibiciones “por objeto” o “por efecto” de acuerdos restrictivos. En nuestro medio, uno los puntos alertados por Mario Ybar en su reciente artículo “Hoja de ruta para la libre competencia en Chile: Una propuesta”, es la falta de flexibilidad atribuida al instrumental institucional chileno hoy vigente.
La CMA, por su parte, ya había profundizado en la materia un año atrás, al publicar su guía sobre “acuerdos de sustentabilidad”, que comentamos en ese momento (Ver Nota CeCo «Los acuerdos de sustentabilidad medioambiental a ojos de la CMA británica»).
En esta nueva entrega reafirma su opinión: un acuerdo o práctica restrictiva de la competencia que produzca beneficios medioambientales a un grupo más grande de consumidores de aquellos que han sido afectados podría, en principio, ser aprobado. De acuerdo a la agencia, podrían satisfacer el criterio de beneficiar a una “porción justa” de consumidores (por una norma similar a la del 101 (3) del Tratado Europeo) y con ello quedar exentos de prohibición, en la medida que el grupo perjudicado se encuentre al mismo tiempo dentro del grupo beneficiado. La flexibilidad de la jurisprudencia, al menos, así lo respaldaría.
La CMA también repasa en este nuevo documento las iniciativas que ha emprendido, desde los ámbitos de la protección de la competencia y el consumidor, en pos de la sustentabilidad. Entre ellas:
Sobre esto último, la agencia es proclive a fomentar que el propio mercado y las compañías, en su interacción con consumidores, se vuelvan sensibles a decisiones que fomenten mayor sustentabilidad. La idea es integrar la sustentabilidad como una variable más de la competencia, que impacte en los insumos utilizados, los procesos de fabricación y en general, su interacción con el medioambiente (ver también, Facuse y Goecke, 2021).
La CMA advierte al gobierno que podrían intentarse reformas en el derecho de consumidores para incluir de manera categórica que la desinformación o engaño en los anuncios y etiquetas sobre cualidades medioambientales o sustentables puede infringir la normativa de protección de consumidores.
En la misma línea, sugiere proponer legislación para estandarizar términos comúnmente utilizados por productores en publicidad y en sus bienes. Lo que se entienda por “biodegradable”, “compostable”, “reciclable”, “carbono-neutral” o “cero emisiones”, serían ejemplos de este urgente ejercicio de definiciones.
La agencia británica tampoco descarta que sea preciso incorporar regulaciones para proveer información obligatoria en el etiquetado de productos y en la provisión de servicios sobre aspectos relacionados a la sustentabilidad de los productos y la cadena productiva involucrada.
La CMA anuncia los pasos que seguirá para robustecer su compromiso por una economía sustentable. De partida, indica que creará dentro de la agencia una Taskforce o unidad especializada en sustentabilidad –tal como lo hizo en materia de economía digital– para aumentar sus conocimientos en el área, desarrollar guías formales, mantener una red de expertos internos y externos, y depurar su propia estrategia en la materia.
La autoridad también efectuará a partir de 2023, al menos una vez al año, un estudio de mercado en industrias que resulten primordiales para lograr las metas de emisión cero.
La última parte del documento de la agencia británica ahonda brevemente en una cuestión todavía más profunda: si acaso la competencia no estará alentando, como tal, patrones de sobreconsumo en las personas, muchas veces contraproducentes a las ideas de sustentabilidad. Si el bienestar del consumidor es medido (únicamente) en términos de “precios más bajos” o “mayor cantidad” de productos a su disposición, las políticas de competencia y de protección del consumidor podrían ser ciegas o ineficaces ante el daño medioambiental.
Las empresas muchas veces buscan que consumidores compren a toda costa y por cualquier vía, incluso bienes que no necesitan. La CMA reconoce que las prácticas de las compañías pueden incluso alentar “patrones oscuros” del comportamiento humano, que se traduzcan en sobreconsumo de bienes y servicios. Prácticas del tipo “compre hoy y pague después”, “muestras gratis” o “lleve gratis por la compra de X” también podrían ser expresiones de la misma paradoja.
Aunque la CMA se abstiene de recomendar medidas muy drásticas en este frente, como prohibiciones estrictas, sí enfatiza que el Gobierno británico podría explorar en el uso de técnicas tipo “nudge” para fomentar patrones de consumo más sustentables, o incorporar temas de “consumo sustentable” en las campañas de educación a consumidores.
Las incursiones de la CMA británica en cuestiones “de avanzada” de los debates de libre competencia han tendido a posicionarla como una agencia de vanguardia y de referencia obligada al mismo tiempo. Así lo destacó William Kovacic meses atrás. En este mismo sitio hemos visitado sus trabajos más recientes en materia de algoritmos, protección de datos, control de concentraciones y regulación de la economía digital, por mencionar algunos.
Documentos relacionados:
CMA – Environmental sustainability and the UK competition and consumer regimes: CMA advice to the Government (14 de marzo, 2022).
