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Frente a las elecciones presidenciales que se avecinan en Chile, en CeCo nos propusimos aportar con una mirada descriptiva, neutral y comparativa, centrada exclusivamente en los programas de los candidatos, en sus aspectos económicos y de regulación, que pudieran tener incidencia en materias de libre competencia.
Para el programa del representante de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, a continuación, describimos someramente sus propuestas (i) para el sistema de protección de la libre competencia chileno; (ii) la relación entre Estado y Economía; (iii) medidas específicas para la pequeña y mediana empresa; y (iv) competencia en intereses y sectores específicos.
“El dilema es que el mercado deja de ser eficiente donde hay altos niveles de concentración, prácticas anticompetitivas o bajos niveles de innovación” –sostiene el programa de Sichel, al inaugurar su pilar económico-.
Este programa contempla un apartado especial para libre competencia, con medidas específicas de mejora del régimen chileno.
En el diagnóstico del candidato figuran la “lentitud” del sistema que atañe a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Corte Suprema, que debe ser corregida, y la existencia de limitaciones a la competencia que afectan a consumidores y PYMES.
Además de mencionar figuras tradicionales objeto de estudio en libre competencia –como la colusión-, Sichel realza algunas prácticas usualmente poco castigadas en nuestro sistema y que sin embargo afectarían a las PYMES. En este sentido, el programa hace hincapié en “servicios post venta o servicios técnicos únicos y las ventas atadas a compra de repuestos”, enfatizando entonces problemas en los llamados after-markets. A su vez, destaca los abusos en las condiciones comerciales de los grandes distribuidores hacia sus proveedores, con un guiño a la figura del abuso del poder de compra como ilícito competitivo.
En medidas específicas, Sichel propone fortalecer la capacidad investigativa de la FNE para la colusión. En lo que parece ser una propuesta de continuidad con respecto al proyecto de ley actualmente en trámite, presentado por el gobierno de Sebastián Piñera, sugiere aumentar los poderes sin detalles concretos (Ver también Nota CeCo aquí y la columna de nuestro Director “Deconstruyendo la Agenda Anti-Abusos en Libre Competencia”).
Al mismo tiempo, menciona la necesidad de desarrollar “capacidades en materias de aplicaciones de Big Data y algoritmos de precios y compensaciones que permitan detectar acciones de concertación de precios en diferentes mercados”. Estas medidas, en todo caso, tampoco serían una novedad especial en nuestro sistema, pero podrían significar mayores recursos para la agencia. Recordemos que la FNE creó recientemente su unidad de inteligencia dependiente de la División Anticarteles (ver el comunicado oficial aquí) y Ricardo Riesco, jefe del organismo, señaló también que estas herramientas ya están siendo utilizadas rutinariamente (GCR, “A Q&A with Ricardo Riesco”, 2021).
El programa también habla de la necesidad por incrementar las sanciones en esta materia, para mejorar su carácter disuasorio. Aspecto llamativo, si se toma en cuenta que el sistema chileno es ya bastante severo en este ámbito, como ha sostenido también el actual Fiscal Nacional Económico en base al estudio de regímenes comparados (ver Nota CeCo aquí).
La propuesta de Sichel señala la necesidad de aumentar las “multas máximas entre 10 a 20% de las ventas brutas, porque estimar beneficios sobre normales es muy difícil y por tanto controversial”. Esta sugerencia parece desconocer la normativa vigente en materia de sanciones, que explícitamente refiere las multas que pueden imponerse, de hasta el 30% de las ventas del infractor, o el doble del beneficio económico obtenido, o una suma fija de hasta 60 mil UTA si no puede determinarse lo anterior (artículo 26, letra c del DL 211).
Del mismo modo, insiste el programa en la necesidad de aumentar las sanciones “pecuniarias y no pecuniarias” a personas naturales, explicitando como nueva sanción “inhabilidad para ser director de una sociedad anónima, gerente o administrador de sociedades”.
El texto programático también alude a la necesidad de “investigar los monopolios legales”, haciendo énfasis en los Conservadores de Bienes Raíces, los Notarios y los procesos de Remates Judiciales. Recordemos que algunos de estos mercados también han sido objeto de los estudios de la FNE, cuyas recomendaciones aún descansan en el poder legislativo (ver Nota “Retrocesos del proyecto de notarios en la Cámara de Diputados y sus principales artífices”).
Asimismo, Sichel propone mejorar, sin señalar nada específico, las atribuciones del TDLC en materia de recomendaciones normativas (“toman actualmente demasiado tiempo”), y el ámbito de representación de la FNE (“no sólo ante el TDLC y los tribunales de justicia, sino ante otros organismos o entidades en los que se discutieren cuestiones que afectaren la competencia en mercados determinados”).
Por último, el programa de Sichel también se refiere a la necesidad de delimitar las causales del recurso de reclamación ante la Corte Suprema, para disminuir el número de fallos revisados por esta magistratura: “Ese es también el caso de los tribunales especiales como el TDLC y el Tribunal Ambiental, con cuya implementación surge una natural tensión respecto del fondo de las resoluciones ahí tomadas y el papel de la Corte Suprema. No acotar los ámbitos deriva en una mayor incertidumbre jurídica y en un uso ineficiente de la administración de justicia”.
“No tenemos miedo a decir que se necesita todo el mercado posible, porque es la forma más eficaz de asignar recursos en una sociedad. Y que eso debe ser acompañado de todo el Estado que sea necesario para regular, asignar recursos en aquellos segmentos donde el mercado no resuelve bien dicha asignación, proveer bienes públicos y hacer justicia” –así encabeza el pilar económico del programa de Sebastián Sichel–.
El Estado frente a la economía en el programa de Sichel tiene una función primordialmente reguladora, aunque también interviene con mayor fuerza en áreas específicas (p. ej. en materia de pensiones, salud, PYMES o medio ambiente). En este programa, el emprendimiento y la innovación aparecen como ejes primordiales.
Sichel sugiere ciertos puntos de intervención del Estado en la economía con ayudas estatales, para fomentar la pequeña y mediana empresa, la innovación, la regionalización y una economía circular, entre otros bienes de interés público. Estos incentivos se materializarían a través de subsidios directos, préstamos garantizados por el Estado, exenciones y beneficios tributarios y tratamientos diferenciados especiales en la normativa aplicable.
Además, en materia de ayudas sociales, el programa propone transferencias directas a las familias, pensadas para reducir las brechas de desigualdad en la población, sin afectar negativamente el crecimiento económico ni el empleo.
Aunque el candidato no propone una fórmula de Estado mínimo, sí apunta a una reducción de los ministerios y la racionalización de las funciones públicas. La creación de una agencia de evaluación de programas públicos; la digitalización de los servicios públicos y mejorar el acceso e interoperabilidad de las bases de datos de servicios públicos son iniciativas que se encaminan en esta misma dirección.
Como adelantamos, entre sus medidas más salientes y con presumible impacto en la competencia se encuentra el énfasis en la protección de las PYMES.
El programa de Sichel busca mantener los programas de recuperación económica ya vigentes al menos para el año 2022, en forma de fondos de financiamiento y garantías crediticias del Estado, como fórmulas transitorias.
Asimismo, fija una meta de “capacitación digital”, que significaría entrenar a 100 mil PYMES al año en herramientas tecnológicas.
El programa también se refiere al rol que pueden cumplir las compras públicas en promover a las PYMES. Para Sichel, “la acción del Estado no puede ser neutra” en este ámbito y puede aplicar mecanismos de discriminación positiva a favor de este tipo de empresas.
Siempre en el ámbito de las PYMES, el candidato Sichel espera que una parte de los fondos del sistema de pensiones también pueda contribuir a impulsar emprendimientos.
También propone unificar la acción de los organismos del Estado que fomentan la pequeña y mediana empresa (menciona FOSIS, SERCOTEC y CORFO).
De acuerdo a su programa, es una candidatura abierta a fomentar la creación de programas de financiamiento con “foco de género, permitiendo acelerar el acceso a financiamiento, educación emprendedora y redes”.
Otra medida para el fomento de las PYMES es la creación de una nueva zona franca en la Región de la Araucanía.
En materia energética, el programa señala la importancia de priorizar las energías eficientes y limpias y entre sus propuestas, contar con una ley de eficiencia energética robusta, que oriente un Plan Nacional para coordinar los esfuerzos públicos y privados. También se refiere en energía a la necesidad de habilitar y sentar las bases para el desarrollo del hidrógeno verde, aprovechando las ventajas comparativas del país en este ámbito.
Otra de las medidas concretas que propone el programa de Sichel en materia medioambiental, y que tendría un impacto en ámbitos de libre competencia, es la ampliación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (o Ley REP) a nuevas industrias para que los fabricantes se hagan cargo de los residuos derivados de sus productos y cita como ejemplo la industria textil (sobre Ley REP y libre competencia, ver las Notas de CeCo “Ley REP: Primer sistema colectivo de gestión de residuos sometido al control del TDLC” y “Medio Ambiente y Libre Competencia: ¿acople pacífico?”).
Similar a lo reseñado en el apartado de PYMES de su programa, Sichel también estima que las compras públicas pueden instrumentalizarse para apoyar “emprendimientos con certificación medioambiental, empresas B, empresas con propósito, promoción del desarrollo sostenible y especialmente aquellos que vengan de procesos circulares”.
Entre las novedades del programa de Sichel en materia de trabajo, plantea la necesidad de otorgar derechos colectivos a los trabajadores independientes que operan en plataformas digitales. De esta forma, los usuarios de estas aplicaciones –hoy considerados como actores independientes- podrían ver mejorada su protección social, y conseguir derechos laborales como la sindicación, la negociación colectiva y la huelga (En este mismo sitio, ver Nota CeCo sobre los trabajadores independientes en Europa aquí).
En materia de digitalización de la población, la candidatura de Sichel propone la creación de espacios digitales comunitarios, que provean internet y dispositivos de conexión de manera gratuita. En general, también propone avanzar hacia “ciudades inteligentes”, para mejorar el uso de los recursos y reducir la contaminación.
En materia de infraestructura, señala el “fomento para el despliegue de redes de alta velocidad en todo el país”; “Pilotos 5G y nuevas medidas de impulso y despliegue y la adopción 5G”; una “Propuesta Normativa para ciberseguridad 5G”; y una “Estrategia Cloud: espacios compartidos del dato”.
Para mejorar la accesibilidad y uso de internet, el programa señala la necesidad de una “alianza público-privada, con la intención de llegar con internet domiciliario casi al 100% de la población”. En este eje, figuran “Gobernanza de internet”; “Internet como derecho”; “Susidio a la demanda”; “Transformación digital del sector público”; “Transformación digital de la empresa”; y una “Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial” entre las medidas a implementar.
Tanto en materia de pensiones como en salud, Sebastián Sichel hace propuestas que suponen también un grado de intervención del Estado en mercados puntuales.
Su programa apunta a la creación de un plan universal de salud, que todas las aseguradoras tendrían la obligación de ofrecer. Este plan tendría un precio fijo para todas las personas que formen parte de la misma aseguradora.
Sichel propone fomentar la libertad de elección entre distintas aseguradoras, y que se erradiquen “prácticas como la selección por riesgos, el alza arbitraria de primas, la cautividad de los usuarios y la exclusión según preexistencias”.
En el ámbito de las pensiones, el programa de Sichel aborda poner fin al modelo de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para dar paso a uno nuevo, en donde el cotizante pueda optar entre colocar sus fondos en instituciones sin fines de lucro, con fines de lucro y una administradora estatal “que compita en igualdad de condiciones para ofrecer el servicio de gestión de cuentas, de inversiones o ambos simultáneamente”. En cualquier caso, el candidato también propone avanzar hacia la posibilidad de asegurar una pensión básica universal mejorando la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario del Estado.
Sebastián Sichel: Programa de Gobierno 2022-2026 “Las personas en el centro”.
