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El 15 de julio de 2026, ForoCompetencia realizó un nuevo desayuno virtual con la presentación de Daniel Sokol, profesor de la University of Southern California, titulada «Regulation, AI and competition». La sesión inauguró una serie de tres exposiciones sobre regulación digital comparada, que continuará con la experiencia china y la europea. Sokol ofreció la mirada estadounidense sobre una discusión abierta en buena parte del mundo, incluida América Latina: si conviene someter a las grandes plataformas de AI a un régimen de obligaciones previas o si basta con perseguir sus conductas una vez ocurridas.
El expositor partió por la diferencia institucional. Estados Unidos no cuenta con un régimen regulatorio para plataformas digitales, y a diferencia de la Unión Europea, el Reino Unido, Japón y China, no ha sido por falta de intentos legislativos. El proyecto conocido como American Innovation and Choice Online Act (AICOA) se ha reintroducido en varias oportunidades y ha ido perdiendo apoyo en cada una de ellas, sin llegar nunca a votación en sala. Las iniciativas sobre acceso a tiendas de aplicaciones y aquella dirigida a favorecer a los medios de prensa corrieron igual suerte. Sokol asimiló a la captación de rentas que a su juicio prosperó con el código australiano de medios, pero que no funcionó en Estados Unidos.
Además, atribuyó parte de ese fracaso al éxito de los litigios sobre «App Stores». Cuando la aplicación posterior de las normas entrega resultados visibles, el argumento de urgencia que sostiene a la regulación previa (ex ante) pierde fuerza. Agregó que el momento actual estadounidense carece de una teoría generalizable que ordene la política de competencia, tras la pérdida de influencia del pensamiento neobrandeisiano.
Sokol dedicó el tramo central a refutar la afirmación de que en Estados Unidos no hay persecución efectiva contra las big tech. Advirtió que la respuesta depende de qué se mida y, propuso revisar directamente el resultado de los casos. De ese análisis extrajo un patrón: mientras que las negativas de contratar y los deberes de contratar rara vez prosperan, las teorías de exclusividad, venta atada y empaquetamiento sí lo hacen, porque se anclan en contratos que admiten prueba documental directa.
Los documentos internos ayudan a construir el relato del caso con expresiones de ejecutivos que resultan devastadoras en juicio, pero Sokol insistió en que lo anterior, por sí solo, no basta, ya que el análisis económico sigue siendo determinante. En esa línea, sostuvo que la definición de mercado conserva un peso decisivo. En los casos sobre buscadores web y sobre venta de entradas, las participaciones eran altas y duraderas;en cambio, en el requerimiento de la FTC contra Meta el mercado se había transformado..
Cerró con dos observaciones institucionales. En primer lugar, varios de los casos litigados durante la administración demócrata fueron iniciados bajo la anterior, lo que revela una continuidad que el debate público suele pasar por alto. En segundo lugar, los fiscales generales estatales han ganado protagonismo por tres razones: más financiamiento, el atractivo político de estas materias y una desconfianza creciente hacia el gobierno federal.
Un punto que Sokol destacó como desatendido es el de las medidas correctivas, ya que nadie repara hasta después de ganar el caso. Las medidas estructurales siguen siendo excepcionales. En el caso sobre búsqueda web, el Departamento de Justicia solicitó una desinversión, pero el tribunal optó por medidas conductuales con supervisión de un comité técnico.
Sokol observó que el propio Departamento calificó el resultado como significativo, mientras la prensa financiera lo interpretó como favorable a la demandada, y que la coexistencia de ambas lecturas sugiere una decisión defendible. Sobre las desagregaciones estructurales sostuvo que el registro empírico no respalda el entusiasmo del debate público. Añadió que las medidas propias de la aplicación posterior son ajustadas al caso y acotadas en el tiempo, lo que constituye una virtud del sistema y no un defecto de diseño, porque corregir una regla equivocada resulta mucho más difícil una vez establecida.
El núcleo del argumento apareció al revisar qué sabemos sobre los efectos de la regulación previa. Sokol afirmó que aún no existen papers que midan los resultados del DMA. La evidenciadisponible es puramentecualitativa aportada por terceros, y da cuenta de costos de cumplimiento elevados, funciones retenidas o retrasadas para los usuarios europeos, y menor innovación. Lo que falta es precisamente el estudio que mida los beneficios para los consumidores, que era el objetivo declarado del reglamento.
Frente a ese vacío, contrapuso el caso chino, donde sí existe medición. China adoptó un esquema comparable antes y con mayor rapidez, lo que permite un diseño de diferencias en diferencias más robusto. Este reportó que las industrias cubiertas registraron menos inversión de capital de riesgo y una menor entrada de nuevos competidores. Si el propósito era producir más competencia, su conclusión fue que el intento falló.
Ilustró la asimetría con un episodio de una conferencia académica, donde un representante de la Comisión Europea afirmó que decidieron regular. Sin embargo, la respuesta de los economistas fue señalar que la pregunta correcta era otra: si los daños identificados habían sido resueltos.
Consultado por los asistentes, Sokol sostuvo que la inteligencia artificial está alterando las tres piezas del análisis simultáneamente. En la definición de mercado, porque la personalización creciente llevaría al extremo hipotético de que cada usuario constituya su propio mercado, lo que cuestionaría la utilidad del ejercicio mismo. En la conducta, porque modifica el comportamiento de los usuarios respecto a las opciones que vienen por defecto. En las medidas correctivas, porque el mercado continúa evolucionando mientras se litiga.
El dato con que cerró este punto es que la legislación europea sobre inteligencia artificial, en su versión inicial, no contemplaba la inteligencia artificial generativa. Lo presentó como prueba de la dificultad de fijar reglas cuando la tecnología avanza más rápido que el procedimiento legislativo.
Ante una pregunta sobre las iniciativas pendientes en varias jurisdicciones de la región, el expositor entregó su respuesta más constructiva. Lo primero que exigió fue el debido proceso, es decir, quienes resulten designados deben contar con oportunidad real de defenderse y con derecho a impugnar la designación. Reconoció que ello tensiona el objetivo de rapidez que suele invocarse para justificar estos regímenes, pero argumentó que las partes tienen derechos que no se subordinan a la celeridad administrativa. Además, agregó la exigencia de transparencia y el rechazo a limitaciones excesivamente amplias, tanto en la cobertura como en las conductas prohibidas.
En sus comentarios finales, Sokol propuso cambiar el foco. Los casos más exitosos no han sido históricamente los que involucran a las empresas más visibles, sino aquellos en que se logró acreditar una conducta concreta, lo que ocurre con frecuencia en relaciones entre empresas y en sectores de menor atractivo mediático. Sugirió volver a mirar los precios altos derivados de conductas anticompetitivas, tras años de atención concentrada en mercados de precio cero, aunque advirtió que se trata de una posición políticamente incómoda.
Sokol no se refirió al caso chileno, pero su planteamiento interpela al DL 211 en un punto preciso. El DL 211 responde por la vía institucional la pregunta sobre quién decide, mediante un tribunal especializado de integración mixta sujeto a revisión de la Corte Suprema, y sus procedimientos no contenciosos permiten pronunciamientos anticipados sin designar destinatarios permanentes de obligaciones. Finalmente, la pregunta que deja abierta la presentación es la que Sokol dirige a quienes promueven regímenes previos: qué evidencia existe sobre sus resultados.
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