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El pasado 3 de octubre, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) jugó sus cartas al presentar un requerimiento en contra de las empresas Dreams, Enjoy, y Marina del Sol, acusándolas de coludirse en los procesos de licitación para la renovación de permisos de operación de casinos (el “Requerimiento”) (rol C-518-2024). Según la FNE, esta práctica, denominada bid-rigging, habría tenido lugar entre mayo de 2021 y agosto de 2022, afectando gravemente la competencia en el sector de los casinos en Chile.
Cabe recordar que la industria de casinos ha estado marcada por diversas prácticas relacionadas con la competencia (incluyendo demandas judiciales) que conforman un historial y contextualizan el juicio recientemente iniciado por la FNE.
En agosto de 2019, Enjoy demandó a Dreams por competencia desleal ante el TDLC (rol 382-2019), por conductas cometidas en los años 2018 y 2019. Por su parte, en septiembre de 2021, Dreams demandó a Enjoy (por competencia desleal y abuso de posición dominante), y a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) -por presuntamente amparar la conducta de Enjoy (rol 429-2021) (ver nota CeCo: “Nueva disputa entre casinos por competencia desleal”). Esto, por conductas cometidas por Enjoy desde el año 2016 en adelante.
Al momento de la redacción de esta nota, el juicio iniciado por Enjoy se encuentra a la espera de dictación de sentencia, mientras que el iniciado por Dreams fue archivado (por no haberse notificado la demanda).
Ahora bien, a pesar de los enfrentamientos, en febrero de 2022, ambas compañías sorprendieron al mercado al anunciar su fusión, buscando generar una empresa chilena líder en la industria de casinos en Latinoamérica. Pero el idilio no prosperó: en 2023 las dos empresas anunciaron el término de su proyecto de fusión. Cabe notar que, al momento de esta decisión, la FNE aún se encontraba evaluando la operación y sus posibles medidas de mitigación (en Fase 2) y, además, se había hecho público el inicio de una investigación por colusión entre Dreams, Enjoy y Marina del Sol.
Corresponde ahora adentrarse en las conductas imputadas por la FNE: ¿cómo se barajó el mazo entre las requeridas (de acuerdo con la FNE)?
Actualmente, en la industria de los casinos operan 25 establecimientos, de los cuales 22 están regulados bajo la Ley de Casinos, mientras que los restantes son municipales. Las principales empresas del sector son Enjoy, con 8 licencias de operación; Dreams, con 7; y Marina del Sol, con 4. Según los registros de la SCJ, estas tres empresas concentran cerca del 90% de los ingresos de la industria entre 2017 y 2023. El siguiente gráfico muestra la magnitud de las participaciones de mercado de estos tres operadores durante el periodo 2017-2023.
Fuente: Requerimiento FNE, p. 27.
La FNE señala en su escrito que el mercado afectado por el acuerdo entre estas compañías está conformado por los Procesos Licitatorios de 2020 y 2021, cuyo objetivo fue otorgar o renovar permisos de operación en catorce localidades del país, por un período de 15 años. En este proceso, la SCJ, en tanto entidad reguladora, se encarga de la competencia por el mercado, permitiendo que el adjudicatario opere de manera exclusiva en cada localidad durante el periodo del permiso.
Es importante considerar que, con el fin de fomentar la competencia en este sector, la Ley N°20.856 (de 2015) modificó el criterio de adjudicación de las licitaciones. Así, se pasó de un modelo de subasta de “beauty contest”—que evaluaba los proyectos de manera integral, sin tomar en cuenta la oferta económica ofrecida al Estado—, a uno de “oferta económica”. Como lo sugiere su nombre, este segundo modelo prioriza la mejor oferta económica presentada.
Según el Requerimiento, este cambio llevó a Dreams, Enjoy y Marina del Sol a argumentar ante la SCJ que sus permisos debían renovarse bajo el antiguo modelo de subasta (pues ello les aseguraría la renovación, al considerar las inversiones ya realizadas). Sin embargo, la SCJ aplicó el nuevo modelo en las licitaciones de 2020 y 2021, decisión que fue respaldada por los tribunales (para profundizar, ver ficha de jurisprudencia NC-515-22).
Como resultado, las renovaciones quedaron a la suerte de las cartas (es decir, a la suerte de las ofertas económicas a presentar en la licitación).
En el Requerimiento, se expone que Dreams, Enjoy y Marina del Sol, a través de sus altos ejecutivos, acordaron que cada una ofertaría exclusivamente por la renovación de sus propios casinos, evitando competir entre ellas en las diferentes plazas. De hecho, en los sectores en donde habían considerado disputarse permisos, las empresas detuvieron la preparación de sus ofertas. En palabras del gerente general de Marina del Sol, el acuerdo se reduce a “el que tiene, mantiene” (Requerimiento, p. 5).
De este modo, conforme se acercaban las fechas de presentación de ofertas, los contactos entre los ejecutivos se hicieron más frecuentes y directos (incluyendo la app de mensajería encriptada Confide), explorando la posibilidad de no competir entre sí. En estos contactos se transparentaron decisiones estratégicas, como que Enjoy no disputaría nuevas plazas y que Marina del Sol no postularía en Punta Arenas. En el marco de estos acuerdos, el intento de fusión entre Dreams y Enjoy también jugó un papel clave, ya que redujo los incentivos para competir al considerar eventuales medidas de desinversión.
De acuerdo con el Requerimiento, estas tres empresas lograron su objetivo recurriendo a un as bajo la manga. Esto es, renovaron sus permisos de operación sin competir entre sí en ninguna plaza, tal como se muestra en la Tabla N°1 del Requerimiento:
Fuente: Requerimiento de la FNE p. 15 (el recuadro amarillo fue agregado por CeCo)
¿Qué beneficios les habría reportado a los casinos requeridos este acuerdo? Según la FNE, los casinos presentaron ofertas económicas considerablemente menores a las que habrían propuesto en un escenario competitivo, lo que perjudicó directamente los intereses del Estado (pues habría logrado una menor recaudación fiscal). Como se muestra en el Esquema N°1, las ofertas económicas de Dreams, Enjoy y Marina del Sol representaron un porcentaje mínimo de sus ingresos, en contraste con la licitación de 2018, que sí fue competitiva.
Esquema N°1
Fuente: elaboración propia
La FNE inició una investigación formal el 18 de abril de 2022 y, el 2 de agosto, realizó registros e incautaciones en los domicilios de altos ejecutivos. Ese mismo día, Marina del Sol solicitó acogerse al programa de delación compensada, formalizando su petición el 23 de diciembre. Esto derivó en el Requerimiento de la Fiscalía.
La FNE solicitó al TDLC imponer una multa de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA) equivalente a US$ 151,9 millones (141.267 millones de pesos). Esta es la multa más alta solicitada por la FNE hasta la fecha. De esa cantidad, US$ 112,4 millones ($104.532 millones de pesos) corresponden a Dreams, US$ 36,8 millones ($34.224 millones de pesos) a Enjoy, y el resto a los directores y presidentes de ambas empresas.
Además, la FNE solicitó la terminación de los permisos de operación obtenidos por las empresas involucradas, argumentando que estos fueron obtenidos mediante un acuerdo colusorio. En efecto, de acuerdo con el órgano persecutor, estos permisos, que tienen una duración de 15 años, podrían perpetuar los efectos de la colusión hasta 2038 y 2039. Por ello, la FNE propuso que los permisos se mantengan vigentes solo hasta que se adjudiquen a nuevos operadores en un proceso licitatorio competitivo, garantizando la continuidad de la actividad sin extender las consecuencias del acuerdo ilícito. Algunas voces, como los abogados Dafne Guerra (AZ) y Juan José García (Guerrero Olivos) ya han polemizado sobre esta medida sancionatoria, advirtiendo sobre el impacto negativo que esta podría tener sobre el programa de delación compensada.
Por su parte, Dreams reaccionó públicamente al Requerimiento lamentando estar «involucrada en este proceso», afirmando operar «siempre con estrictos estándares éticos». De manera similar, Enjoy aseguró haber actuado «de acuerdo con la legislación, respetando los principios de libre competencia». Por su parte, el Ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó como «muy contundente» la evidencia presentada por la fiscalía.
