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Frente a las elecciones presidenciales que se avecinan en Chile, en CeCo nos propusimos aportar con una mirada descriptiva, neutral y comparativa, centrada exclusivamente en los programas de los candidatos, en sus aspectos económicos y de regulación, que pudieran tener incidencia en materias de libre competencia.
Para el programa del abanderado por el Partido Progresista de Chile, Marco Enríquez-Ominami, a continuación, describimos someramente sus propuestas (i) para el sistema de protección de la libre competencia chileno; (ii) la relación entre Estado y Economía; (iii) medidas específicas para la pequeña y mediana empresa; y (iv) competencia en intereses y sectores específicos.
En el programa presidencial 2022-2024 de Enríquez-Ominami no logramos identificar propuestas relativas al régimen de libre competencia chileno.
En el programa 2013-2017 el candidato se refirió a la alta concentración que existía en sector bancario, salud privada, administración de fondos de pensiones y medios de comunicación y señaló que: “La legislación anti-monopolios es muy inefectiva para detener estos procesos y la regulación de la competencia es muy débil y condescendiente con las empresas grandes y mega-empresas”.
En este sentido, Marco Enríquez-Ominami propuso una revisión de la ley antimonopolios “incluyendo las fusiones de empresas y fortalecimiento del Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica”, sin ahondar en el punto. En cualquier caso, recordemos que nuestro país cuenta desde 2016 con un régimen de control de operaciones de concentración, a cargo de la FNE.
Marco Enríquez-Ominami aboga por un Estado garante de derechos sociales, para el cual “se requiere un Estado proactivo y emprendedor, que supere el dogma neoliberal del Balance Estructural y recurra, cuando corresponda, al endeudamiento fiscal para posibilitar la transferencia directa de recursos para las familias y los emprendedores, y la sustentación material de medidas a escala de la emergencia”.
En contexto de crisis actual propiciado por el Covid-19, el candidato considera que “las grandes empresas que importe rescatar, por su posición estratégica o por la cantidad de empleos que generan, el único camino aceptable es que el Estado pase a tomar control de parte o toda su propiedad accionaria”.
En algunas materias, el candidato propone la participación directa del Estado en la economía. Por ejemplo, en materia de vivienda, Enríquez-Ominami postula que el Estado actúe como agente constructor de viviendas, a través de una empresa o un servicio de carácter nacional y descentralizado de construcción.
Asimismo, el presidenciable también aboga por la fijación de precios en determinados mercados. Por ejemplo, en relación a la pandemia, dispone el control de precios sobre las mascarillas, a fin de que el Estado regule su costo de venta, asegurando siempre la calidad y especificaciones. Por su parte, en materia energética, el candidato postula el congelamiento de precios de cuentas de luz en base a los meses más bajos del año.
Para Marco Enríquez-Ominami resulta clave el apoyo a las PYMES frente a la crisis económica y social. En este sentido, considera necesarios estímulos monetarios fiscales robustos como créditos más favorables; bonos directos para nuevos microempresarios y emprendedores; y apoyos en garantías como FOGAPE, y subsidios directos para las empresas damnificadas por la pandemia.
En el programa presidencial 2022-2024 de Enríquez-Ominami no logramos identificar propuestas relativas a temas de competencia en mercados particulares. Sin embargo, en los programas 2013-2017 y 2017-2021 encontramos ciertas alusiones al respecto.
En el programa del año 2013, el candidato identificó una alta concentración en el sector bancario, salud privada, administración de fondos de pensiones y medios de comunicación. Por lo mismo, propuso “definir una política efectiva de fomento a la competencia que reduzca las barreras a la entrada promovida por las empresas dominantes”, sin ahondar en cuál podría ser dicha política.
El 2017, el programa se enfocó en la concentración que existe en el mercado de las comunicaciones en Chile (medios escritos, televisión, radio). De acuerdo con el candidato “Chile requiere de una intervención del Estado de manera que el mercado de las comunicaciones no se transforme en un monopolio u oligopolio”. En este sentido, propuso terminar con la concentración, mediante la regulación de la adquisición y concentración vertical y horizontal de los medios; corregir los mecanismos de asignación de recursos publicitarios públicos; garantizar la oferta pública; mejorar la infraestructura comunicacional en regiones, entre otros.
En materia de salud, el programa del 2017 propuso una nueva política nacional de fármacos, la cual, entre otras cosas, prohibía y fiscalizaba la integración vertical entre farmacias, Isapres y clínicas.
Documento “Propuestas para un gobierno de emergencia y transición” (última consulta: 6 de octubre de 2021)
