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El pasado 16 de agosto, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) junto a Soprole y Prolesur -pertenecientes al mismo grupo empresarial-, presentaron un acuerdo extrajudicial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), suscrito en el marco de una investigación destinada a constatar el cumplimiento por parte de estas empresas de lo ordenado por el Tribunal en la Resolución N° 57/2019.
Este es el cuarto acuerdo que presenta la FNE al Tribunal relacionado con el mercado de la leche y pone término a la última investigación destinada a fiscalizar el cumplimiento de la Resolución N° 57 por parte de las principales empresas procesadoras del país.
Tal como explicamos en este mismo sitio, en mayo del 2020 la Fiscalía suscribió un acuerdo extrajudicial con Soprole y Prolesur (AE 18/2020 -ver nota CeCo, aquí-), meses después, en octubre del 2020, presentó otro con Watt’s (AE 19/2020 -ver nota CeCo, aquí-), mientras que en enero de este año, la FNE llegó a acuerdo con la empresa Nestlé (AE 20/2020 -ver nota CeCo, aquí-). Todos los acuerdos fueron aprobados por el TDLC.
El año 2004 el TDLC dictó la Sentencia N°7/2004 (Sentencia 7), en la que, junto con condenar a la empresa Nestlé por discriminación arbitraria de precios en contra de los proveedores de leche, estableció seis medidas que deben cumplirse en el mercado de adquisición y procesamiento de leche bovina. A juicio del Tribunal, dicho mercado presentaba características oligopsónicas, con importantes problemas en la determinación del precio y movilidad de los productores que debían ser corregidos.
En mayo de 2018 la Fiscalía inició una investigación (Rol Nº 2498-18 FNE, posteriormente desacomulada en las investigaciones Roles FNE N° 2588-19 y N° 2587-19) con el objetivo de identificar eventuales incumplimientos de diversas procesadoras a la Sentencia 7. Entre ellas, se encontraban Soprole y Prolesur que, en mayo del 2020, suscribieron un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía que puso fin a la investigación Rol FNE N° 2587-19 (ver nota CeCo, aquí).
En junio de 2019, la empresa Watt’s presentó una consulta (Rol N° NC-445-2018), solicitando al TDLC que se pronunciara sobre las condiciones que debían ser cumplidas en el mercado de recepción y compra de leche fresca y si debían continuar vigentes las medidas establecidas en la Sentencia 7.
Meses más tarde, el Tribunal dictó la Resolución N° 57/2019 (Resolución 57), la que, junto con confirmar la vigencia de las medidas establecidas en la Sentencia 7, estableció otras tendientes a impedir que se obstaculice la movilidad de los productores, pues se constató la existencia de ciertas condiciones comerciales que se asemejaban, en los hechos, a tratativas exclusivas.
En particular, la Resolución N° 57 estableció que las empresas no deben fijar bonos que premien de manera retroactiva por crecimiento de volúmenes anuales o por crecimiento de volúmenes en invierno, ni otorgar mejores condiciones de pago por duración o permanencia como proveedor de la respectiva procesadora. El TDLC ordenó también incluir en los contratos la posibilidad de que los productores puedan poner término unilateral a éstos, dando aviso con una antelación razonable y sin responsabilidad posterior.
Con el fin de fiscalizar el cumplimiento de las medidas establecidas en la Resolución N°57 por parte de Soprole y Prolesur, el 23 de enero de 2020 la Fiscalía inició, de oficio, la investigación Rol N°2602-2020.
En su investigación, la FNE comprobó que, desde la dictación de la Resolución N°57, las empresas han realizado una serie de modificaciones en las condiciones comerciales de compra de leche fresca establecidas en sus respectivas pautas de pago y contratos, tendientes a dar cumplimiento a dicha resolución.
En el caso de Soprole, entre otras cosas, la compañía finiquitó todos los contratos con sus productores y estableció un “Bono Entrega Programada” de liquidación y pago mensual, informando todas sus condiciones comerciales y requisitos en las pautas de pago -la estructura contractual anterior otorgaba un bono de liquidación y pago anual-.
Por su parte, Prolesur dejó de utilizar contratos con productores, de modo que la pauta de pago pasó a ser el único instrumento en que constan las condiciones de compra de leche publicadas por la empresa; reemplazó la bonificación de entrega programada por el “Bono volumen de entrega estable”, que incorporó una estructura que incentiva una menor estacionalidad de las entregas de leche, a través de bonos de pago mensual durante todos los meses del año; entre otras.
Sin embargo, la Fiscalía también identificó algunos espacios de mejoras a las cuales se refieren los compromisos adoptados por la empresa en el marco del acuerdo extrajudicial.
En el acuerdo extrajudicial suscrito entre la FNE, Soprole y Prolesur, en conformidad al artículo 39 letra ñ) del Decreto de Ley N°211, las empresas se obligaron a excluir, tanto de sus pautas de precios como de sus contratos, “toda cláusula que pudiera obstaculizar la movilidad a los productores de lecha fresca que pueda resultar de facto en una tratativa exclusiva”.
En concreto, las empresas asumieron cuatro compromisos que deberán ejecutarse dentro de 30 días desde la resolución que apruebe el acuerdo:
Transcurridos 30 días desde que la resolución que aprueba el acuerdo extrajudicial quede firme y ejecutoriada, Soprole y Prolesur deberán publicar una nueva pauta que incorporaría todos los cambios antes señalados, la que entrará a regir 30 días después.
Sumado a lo anterior, cada una de las empresas adoptó compromisos particulares. En el caso de Soprole, la compañía se comprometió a modificar una serie de bonos contenidos en sus pautas de pago. Dichas modificaciones se deberán realizar de modo que la estructura de los bonos no considere como factor de cálculo de la bonificación, ni para ningún efecto, las entregas realizadas por el productor en períodos pasados, sean o no de los meses de invierno.
Por su parte, Prolesur se obligó a no considerar para el cálculo del denominado “Bono volumen de entrega estable” –o el que lo reemplace en el futuro-, ningún antecedente de entregas históricas ni de periodos pasados, sean estos meses de invierno o verano. De esta manera, la bonificación se hará efectiva contra el cumplimiento de una programación de entrega de volumen mensual, ofrecida por el productor para un período determinado. Para estos efectos, se establecerá un margen de tolerancia a los desvíos en la entrega efectiva de leche en relación a lo programado, liquidándose y pagándose en cada uno de los meses respectivos.
El pasado 9 de septiembre, se realizó una audiencia vía remota ante el Tribunal, para exponer el contenido del acuerdo.
El abogado de la Fiscalía, Víctor Santelices, se refirió a los acuerdos extrajudiciales suscritos entre la Fiscalía y diversas procesadoras de leche fresca e indicó “en esta oportunidad, estamos dando término a una actividad fiscalizadora de la Fiscalía Nacional Económica, vinculada al adecuado funcionamiento del mercado de abastecimiento de leche fresca”.
En este sentido, señaló que “los compromisos contenidos en el presente acuerdo extrajudicial cautelan adecuadamente la libre competencia; van en línea con las directrices contenidas en la resolución 57 respecto de impedir la existencia de cláusulas o condiciones que aumenten la fidelidad de los productores y que impidan una libre movilidad de los mismos; son además coherentes con aquellos compromisos que fueron adoptados por las demás procesadoras en los acuerdos extrajudiciales mencionados al inicio de esta presentación y que fueron debidamente aprobados por este honorable Tribunal”.
Por su parte, los abogados de Soprole y Prolesur, Luis Eduardo Toro y Francisco Javier Bórquez, respectivamente, fueron enfáticos en señalar que la aprobación del acuerdo extrajudicial cerraría un capítulo importante de cumplimiento de la Sentencia 7 y la Resolución 57, sin que queden temas pendientes al respecto.
En efecto, el 1 de septiembre pasado, el TDLC aprobó la conciliación alcanzada por la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), Soprole y Prolesur, poniéndole termino al juicio (Rol C N° 398-20) iniciado el año pasado por Fedeleche, luego de que la Federación presentara una demanda en contra de ambas empresas, fundada en el eventual incumplimiento de la Sentencia 7; discriminación arbitraria de precios contrarios a la libre competencia; e imposición de cláusulas anticompetitivas (ver nota CeCo, aquí).
Representante de Soprole: Luis Eduardo Toro
Representante de Prolesur: Francisco Javier Bórquez
FNE – Acuerdo Extrajudicial. Ver aquí.
