COPESA vuelve a tocar la puerta del TDLC para que dicte ICG que determine mecanismos de remuneración de plataformas digitales a medios de comunicación

Durante 2025 COPESA (propietario de importantes medios de comunicación como La Tercera, Pulso y Paula) demandó a Google por abuso de posición dominante en los mercados de búsqueda y publicidad (y, ese mismo año, Cooperativa y El Mostrador también demandaron a Google (causas roles C-524-2025 y C-525-2025, respectivamente), siendo dichas demandas acumuladas a la de COPESA).

Lo anterior, entre otras razones, porque Google presuntamente: a) se habría apropiado de los contenidos de COPESA sin pagar por ellos y b) habría usado el “Knowledge Panel” (módulo desplegado a la derecha de los resultados de búsqueda, que contiene un resumen de información) como mecanismo de auto-preferencia (para más detalles, ver Nota CeCo “Prensa digital v. Google: Demanda COPESA por abuso de posición de dominio en mercado de información en línea”).

Este año COPESA ingresó una nueva acción ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) relacionada con el mercado de medios. Esta vez solicitó al TDLC dictar una Instrucción de Carácter General (ICG) para establecer un mecanismo que determine la remuneración que deben las plataformas digitales a los medios de comunicación online.

¿Por qué ingresó COPESA esta solicitud?

La solicitud señala que, gracias a la integración de inteligencia artificial generativa (GenAI), las plataformas digitales ya no solo rastrean e indexan contenidos de los medios de comunicación para generarles tráfico, sino que usan esos contenidos para otros fines, como resumir contenidos de los medios de comunicación.

Para ilustrar, vale la pena detenerse en qué es la “AI Overview” o “AIO” (además de esta función, la solicitud analiza otras que tienen efectos análogos sobre medios de comunicación). Esta es una función que Google implementa directamente en su página de resultados de búsqueda, y que proporciona una respuesta rápida al usuario basándose en el contenido de múltiples sitios web. La función se ve de la siguiente manera:

Dicha función permitiría a las plataformas satisfacer directamente la mayor parte de la demanda informativa de los usuarios. Según COPESA esto sería problemático, pues para satisfacer dicha demanda las plataformas utilizarían el contenido generado por los medios de comunicación al mismo tiempo que no redirigen tráfico a dichos medios (pues se satisface directamente la demanda informacional), cuestión que disminuye la visualización de estos últimos y, consecuentemente, sus ingresos por publicidad. En la medida que se merma la capacidad de los medios de capturar el valor económico de su contenido se socavaría su viabilidad económica (vale la pena reiterar que AIO es solo una de las múltiples funciones que, según COPESA, utilizan las plataformas digitales para utilizar contenido informativo ilícitamente).

Más allá de este ejemplo, COPESA arguye que diversas plataformas digitales, mediante distintos usos de GenAI, están usando el material de diversos medios de comunicación sin pagar remuneración alguna y sin redirigir tráfico hacia dichos medios (un mecanismo que eventualmente les serviría a dichos medios para hacer rentable su modelo de negocios). Ante aquello, y en base a lo que ya habrían realizado otras jurisdicciones (ver Investigación CeCo “Medios de comunicación y publicidad online: la mirada de la política de competencia”), solicitó que el TDLC estableciera un procedimiento que determine la remuneración que las plataformas digitales deben pagar a los medios de comunicación en línea por usar su contenido.

El portazo del TDLC y la reclamación de COPESA

El TDLC decidió no admitir la causa a trámite. Esto, con fundamento en que:

• La facultad de dictar una ICG es discrecional
• Los antecedentes del caso no justificarían “la necesidad de dar certeza jurídica a los agentes económicos acerca de los criterios utilizados en el análisis de casos concretos en esta industria”
• Existía un proceso en tramitación que recaería parcialmente sobre las mismas conductas objeto de la solicitud, lo que generaría el riesgo de resoluciones contradictorias (la ya mencionada demanda de COPESA a Google).

Además, el Ministro Parot realizó una prevención donde agregó que la solicitud de COPESA corresponde a materias que solo pueden ser reguladas por normas de rango legal.

Ante dicha negativa, COPESA presentó un recurso de reclamación para que fuera conocido por la Corte Suprema y revirtiera la decisión del TDLC. En este, entre otras cosas, arguyó que

• La solicitud sí entrega antecedentes que muestran la necesidad de tener regulación pro-competitiva
• La facultad de dictar ICG’s no es meramente facultativa
• La resolución carece de una motivación adecuada (señala que existe “ausencia de fundamentación alguna”)
• Las conductas objeto de la Solicitud no coinciden ni total ni parcialmente con las imputadas en otros casos contenciosos, no habiendo riesgo de decisiones contradictorias.

El recurso fue acogido a tramitación (con el voto en contra de la Ministra Retamales), así que ahora será la Corte Suprema la que decida si el TDLC debe iniciar el procedimiento para analizar la necesidad de dictar una ICG.

También te puede interesar

Breaking the news? Copesa (La Tercera) contra Google y la latinoamericanización de un conflicto latente

La vía chilena a la regulación de plataformas digitales

OCDE: contrariedades de competencia en medios de comunicación y plataformas digitales