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El pasado 30 de julio, el Fiscal Nacional Económico Jorge Grunberg realizó su cuarta Cuenta Pública Participativa en la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”), correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2025. En esta nota, al igual que con las cuentas públicas de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, repasamos algunos de los principales puntos comentados por el Fiscal.
Durante el 2025, la Fiscalía reportó 28 acciones de libre competencia entre enero y diciembre del año pasado: 9 informes presentados al TDLC, 5 acuerdos extrajudiciales, 4 requerimientos, 3 cierres de investigación, 1 consulta y 1 conciliación. Asimismo, reportó el inicio de 37 investigaciones durante el año. Con esto, el total de investigaciones abiertas ascendió a 148 a diciembre de 2025.
Destacó, también, la labor de las investigaciones en mercados digitales, las cuales habrían permitido presentar un requerimiento contra Google por abuso de posición dominante y un acuerdo extrajudicial suscrito con Booking, en que la empresa se habría comprometido a pagar US$ 6 millones a beneficio fiscal y eliminar cláusulas de paridad de precios que limitaban la posibilidad de los alojamientos de ofrecer menores precios en otros canales de venta.
A casi diez años del régimen de control de operaciones de concentración, el Fiscal destacó la robustez del régimen. Solo durante 2025 se recibieron 33 notificaciones y se concluyeron 30 investigaciones, 2 de las cuales fueron iniciadas de oficio y 28 provenientes de notificaciones. De estas últimas, 27 fueron aprobadas pura y simplemente, y solo 1 fue aprobada sujeta a medidas de mitigación. A fin de continuar fortaleciendo el sistema, en febrero de 2026 la Fiscalía habría firmado un convenio de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (SII), que permitiría fiscalizar de mejor manera las conductas de gun jumping.
A casi una década de la Guía Interna sobre Delación Compensada en Casos de Colusión, el Fiscal anunció que una nueva versión será puesta a consulta pública a fines de este año. Según Grunberg, esta actualización tendrá como objetivo relevante la “promoción de las delaciones tipo A” (aquellas que llegan a la autoridad antes de que exista una investigación en el mercado específico).
Los mecanismos de delación compensada le ahorrarían a la Fiscalía en promedio 15 meses de investigación. La cifra resulta particularmente relevante para la FNE, según el Fiscal, si se toma en consideración que más de la mitad de los requerimientos contra carteles presentados por la institución en los últimos 15 años habrían tenido antecedentes aportados por delatores.
Asimismo, el Fiscal Grunberg mencionó que la Fiscalía espera que se materialice un aumento del presupuesto de la institución para el año 2027. Estas esperanzas se basarían en las conversaciones que actualmente se estarían sosteniendo con el Subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, quien estaría recibiendo de manera positiva las preocupaciones de la FNE en materia presupuestaria.
Este mismo punto fue levantado por el Fiscal en su exposición en la Comisión de Economía del Senado el pasado junio, oportunidad en que realizó una comparativa de los presupuestos de la agencia entre el periodo 2025-2026 y el año 2018, destacando una reducción del 15% de este en términos reales.
Aunque excede el año 2025, el Fiscal defendió el actuar de la Fiscalía frente a las recientes sentencias de la Corte Suprema en los casos de Juan José Hurtado, Consorcio Financiero S.A. y Larraín Vial SpA; y Hernán Büchi, Banco de Chile S.A., Consorcio S.A. y Falabella S.A., en que revocó en marzo de este año las sentencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TDLC”) que habían acogido los primeros requerimientos de la FNE por infracción a las normas de Interlocking (al respecto, ver nota CeCo).
Según Grunberg el proceder de la Fiscalía no habría sido arbitrario, y prueba de ello sería el respaldo del TDLC en su sentencia, la aprobación de las conciliaciones que la FNE acordó con algunas de las requeridas que reconocieron los hechos, el fin de la participación simultánea de ejecutivos relevantes del caso en matrices y el respaldo de académicos de renombre que habrían también compartido su visión.
A su juicio, la prohibición de interlocking horizontal debería ser interpretada de modo tal que el concepto de empresas competidoras cubra tanto a sociedades matrices como a sus filiales operativas en un mismo mercado. Una interpretación que sólo se restringe a estas últimas tornaría la ley en “ineficaz” y “no se ajustaría con la voluntad del Congreso nacional al haber legislado sobre esta materia, ni con el propio tenor literal de la norma”.
Frente a la interpretación disímil de la Corte Suprema del alcance del artículo 3 letra d) del Decreto Ley N°211 a los casos de interlocking horizontal indirecto, anunció que la Fiscalía “interpondrá los requerimientos que correspondan a fin de que la Corte Suprema reevalúe su postura”.
Con todo, el Fiscal Grunberg declaró que la FNE adoptará el criterio de la Corte Suprema y centrará su persecución del interlocking en las personas naturales y no en las personas jurídicas, por parecerle que la norma podría “aplicarse razonablemente conforme a los fines propios de la libre competencia, sin necesidad de hacerlas responsables”.
El Fiscal, a su vez, aprovechó la cuenta pública para ahondar en la fallida operación de concentración entre Andacor S.A. (“Andacor”) y Mountain Capital Partners, LLC (“MCP”), dueños de los centros de esquí El Colorado y Farellones, en el caso de Andacor, y Valle Nevado y La Parva, en el caso de MCP.
Las compañías se desistieron de la operación el pasado julio de este año, argumentando que la FNE no habría “aceptado como medidas de mitigación una serie de inversiones y beneficios comerciales ofrecidos” y que, por el contrario, “la FNE consideró que se requerían medidas estructurales que habrían implicado la venta de alguno de los centros de los Tres Valles a un tercero”, y que tales medidas serían “incompatibles con los objetivos de inversión de MCP y el objetivo de las partes de crear uno de los destinos de montaña más grandes y accesibles del mundo” (ver noticia La Tercera).
El Fiscal mencionó algunas de las medidas presentadas por las partes, tales como compromisos de inversión y oferta de ciertos tickets de entrada bajo condiciones específicas y señaló que estos “no eliminaban la posibilidad de que las partes ejercieran su poder de mercado al momento de fijar precios”. La Fiscalía tendría la convicción basada en los antecedentes recabados durante la investigación de que “mantener El Colorado compitiendo como un actor independiente es la forma en que el mercado puede mejorar el beneficio de los consumidores y atraer a turistas bajo condiciones de precio, calidad e inversión más competitivas, sin necesidad de introducir remedios de compleja fiscalización que difícilmente producirán el mismo efecto que un competidor efectivo”.
El Fiscal destacó, también, la ampliación de foco que está teniendo la persecución de carteles en la agencia. La división anticarteles actualmente estaría no sólo realizando investigaciones sobre carteles duros, sino también analizando conductas que exhiben otros matices y que permiten la coordinación entre competidores, como la colusión mediante algoritmos.
La FNE también habría ampliado su foco de acción a los mercados laborales. Desde la dedicación del Día de la Competencia 2023 a estas áreas, la Fiscalía continúa las labores de promoción de libre competencia en la materia. En junio de este año, la agencia publicó el material de promoción “Prevención de la colusión en los mercados laborales”, que busca advertir sobre los riesgos y consecuencias de celebrar acuerdos entre competidores en este ámbito (al respecto, ver nota CeCo).
Junto a la publicación de este material, la división Anticarteles estaría ejecutando un programa de advocacy desde el segundo semestre de 2025. En este, se habrían reunido con representantes de trabajadores y empleadores de distintos sectores de la economía para conversar sobre estos temas.
El objetivo de la FNE habría sido “generar una conciencia clara respecto a que los acuerdos o prácticas concertadas para fijar remuneraciones y para no contratar o restringir la contratación de trabajadores constituyen colusión”.
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