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La aplicación de la ley de defensa de la competencia en Argentina no fue inmune al contexto político en 2023. Esto se reflejó tanto en la reducción de las decisiones tomadas por el gobierno saliente debido a las elecciones presidenciales que comenzaron en agosto y terminaron a fines de noviembre, como a los cambios drásticos prometidos por el nuevo gobierno que asumió en diciembre.
Aunque no ha habido cambios en relación a la ley de defensa de la competencia desde que se promulgó en 2018, el 27 de diciembre de 2023, el gobierno argentino envió un proyecto de ley al Congreso para modificar completamente la Ley de Defensa de la Competencia. Se espera que el proyecto de ley sea debatido a principios de 2024.
«Con el nuevo gobierno, y muy probablemente con una nueva ley también, el 2024 será sin duda muy diferente a 2023, al menos en lo que respecta a la aplicación de la defensa de la competencia en Argentina».
La consolidación de la nueva interpretación de la autoridad de defensa de la competencia del concepto de interés económico general, fin último de la ley de defensa de la competencia, continuó en 2023 con la publicación en mayo del nuevo Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, que sustituye aquellas reglas que se venían aplicando desde 2001. Esta consolidación consistió en la redefinición de los objetivos de la ley de defensa de la competencia mediante la introducción de una interpretación más flexible del concepto de interés económico general. La nueva interpretación ampliada del interés económico general, no relacionada únicamente con el estándar de bienestar del consumidor, sino también con otros objetivos considerados necesarios como el trabajo, el medio ambiente, la sustitución de importaciones, las cuestiones de género u otros, queda a discreción de la autoridad la competencia.
En cuanto a los mercados digitales, en octubre de 2023, la autoridad de defensa de la competencia creó un grupo de trabajo interno para centrarse en su estudio, aunque no se han tomado decisiones relevantes en este frente.
En el frente institucional, todos los miembros de la autoridad de defensa de la competencia presentaron su renuncia en diciembre de 2023 debido al cambio de gobierno. Es la primera vez en muchas décadas que se produce una renuncia masiva. El 31 de enero de 2024 salió publicado el decreto por el cual se nombró al nuevo Presidente y tres de los vocales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
En mayo de 2023, la autoridad de defensa de la competencia publicó un nuevo Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica que introdujo los siguientes cambios:
La autoridad de defensa de la competencia emitió un Informe de Objeción que incluía la imposición de una medida cautelar. Los Informes de Objeción son preliminarmente un conjunto de declaraciones públicas emitidas por la autoridad de competencia con el fin de señalar los problemas de competencia identificados en una transacción determinada. Estos informes fueron introducidos por primera vez en 2018, por la Ley de Defensa de la Competencia.
En 2023, la autoridad de defensa de la competencia condicionó una transacción y ha impuesto multa por notificación tardía en un solo caso.
Durante el año 2023, la autoridad de defensa de la competencia fue más activa en casos unilaterales que en casos de cárteles.
De hecho, no se conoce ningún caso de cártel finalizado por la autoridad de defensa de la competencia en 2023. Sin embargo, en septiembre de dicho año, la autoridad de competencia cerró sin más investigación la investigación de 2018 por el presunto reparto de licitaciones en el sector de obras públicas. La autoridad consideró que no había pruebas suficientes para justificar la continuación de la investigación.
En el frente de las conductas unilaterales, sin embargo, la autoridad ha estado activa tanto imponiendo multas como emitiendo medidas cautelares.
En enero de 2023, la autoridad de defensa de la competencia sancionó a Telecom Argentina S.A. y a Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (ambas empresas pertenecen al mismo grupo económico), por abuso de posición dominante exclusorio en el mercado de TV paga, específicamente por imponer condiciones discriminatorias de venta para las señales Canal 13 y TN. Se determinó que ambas empresas abusaron de su posición dominante al fijar un número excesivo de abonados mínimos a AMX, empresa que presta servicios bajo la marca Claro en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, las tres ciudades más pobladas de la Argentina. La multa fue impuesta a pesar de que las partes habían llegado a una solución comercial en julio de 2021. Dado que la conducta tuvo lugar antes de la reforma de 2018, la autoridad impuso la máxima multa posible (AR$ 150 millones).
En marzo de 2023, la autoridad impuso una multa de AR$389 millones (aproximadamente U$S 1,8 millones) a Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A.y G., por incumplir las medidas correctivas dictadas en agosto de 2021, por abuso de posición dominante exclusorio. La imposición de esta sanción de multa constituye una medida sin precedentes. La sanción de agosto de 2021 fue confirmada por la Cámara Civil y Comercial Federal en abril de 2023.
En noviembre de 2023, la autoridad de defensa de la competencia dictó una medida cautelar contra Visa en un supuesto caso de abuso de posición dominante relativo a la participación de los facilitadores de pagos en las transacciones transfronterizas.
Con el nuevo gobierno, y muy probablemente con una nueva ley también, el 2024 será sin duda muy diferente a 2023, al menos en lo que respecta a la aplicación de la defensa de la competencia en Argentina. Si se aprueba el proyecto de ley, se esperan menos notificaciones de fusiones, ya que el umbral de notificación, a menos que se modifique en el debate en el Congreso, será muy probablemente mucho más alto que el actual. Esto otorgaría más tiempo y recursos para que la autoridad de defensa de la competencia se centre más en las investigaciones tanto de cárteles como de conductas unilaterales.
