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El pasado 14 de octubre, en una nueva edición de los “Desayunos Virtuales” de ForoCompetencia, Paulo Burnier da Silveira, Senior Competition Expert de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), expuso sobre algunas tendencias en libre competencia en la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe OCDE publicado el 27 de septiembre de 2022 (para un análisis más detallado del contenido de este informe, revisar nota CeCo “Informe OCDE: ¿Latinoamérica se acerca a las tendencias mundiales en libre competencia?”).
En su exposición, da Silveira comparó el desempeño promedio de 14 jurisdicciones de la región (algunas de ellas pertenecientes a la OCDE) con el desempeño promedio de países OCDE. Específicamente, se refirió a los recursos que se destinan a las agencias de competencia, el desempeño en el control de operaciones de concentración, el uso de herramientas como la delación compensada, allanamientos (dawn raids), y la promoción de la competencia (mediante la confección de informes o estudios de mercado). Además, mencionó las decisiones que las autoridades de competencia han tomado en casos de carteles y de abuso de posición de dominio, en los últimos seis años.
Asimismo, destacó los avances que la región ha logrado en materias de libre competencia en los últimos 20 años, en donde cuatro países se unieron a la OCDE (México, Chile, Colombia y Costa Rica) y tres países se encuentran en proceso de adhesión (Brasil, Argentina y Perú).
En primer lugar, Burnier se refirió a la cantidad de recursos que se asignan en promedio a las agencias de competencia de las 14 jurisdicciones analizadas, comparándolos con los recursos asignados a otros países miembros de la OCDE. Al respecto, mencionó que en países Latinoamericanos y del Caribe (LAC), se asignan en promedio alrededor de €8 millones al año, mientras que en países de la OCDE esa cifra asciende a alrededor de €24 millones, por lo que, en términos generales, “(…) el presupuesto anual de los países pertenecientes a la OCDE es tres veces mayor al presupuesto anual promedio de países latinoamericanos (…)”.
Por su parte, Burnier recalcó que no solo hay una diferencia en cuanto a la asignación de presupuestos promedio entre países de la OCDE y de la región, sino que también las autoridades de competencia de las jurisdicciones analizadas en LAC suelen tener menos personal experto en materia de libre competencia.
Los países LAC cuentan con 100 expertos, mientras que el promedio de países de la OCDE alcanza entre 150 y 160 expertos, lo que corresponde a un 60% más de personal dedicado a temas de libre competencia (ver gráfico 1). Los problemas relacionados con el presupuesto y la falta de personal en las agencias de competencia no es nada nuevo (al respecto, puedes revisar el caso de Chile en la nota CeCo “Cuenta Pública FNE: necesidad de recursos y debate constitucional”).
El expositor agregó que sería importante para la región seguir las tendencias de países OCDE y poder experimentar aumentos, tanto de presupuesto como de personal experto. Al respecto dijo que “(…) No sé si esto es bueno o malo, pero preferiría que experimentara un alza y no que se mantuvieran (los recursos), quizás va relacionado con las prioridades que tienen los países de la región”.
Burnier destacó que, en cuanto al control de operaciones de concentración, la región concentra cerca de un 10% del total de notificaciones globales durante los años 2015 y 2020 (ver gráfico 2). De este porcentaje, una de las catorce jurisdicciones analizadas (cuadrado grande de color azul) representa cerca de un 50% de los casos, acumulando un total de 2480 notificaciones (jurisdicción que no se puede revelar, en conformidad con las políticas de la OCDE).
Sin embargo, también notó que en el período analizado se observó una tendencia a la disminución de la intervención estatal en operaciones de concentración (de un 10% a un 5%), ya sea mediante la prohibición de operaciones o la imposición de restricciones (ver gráfico 3).
Para finalizar, Burnier mencionó que la revisión y actualización de los umbrales de venta para la notificación de alguna operación de concentración puede ser fundamental para identificar de buena manera a empresas que esperan algunos años para concretar una fusión, especialmente en países con inflaciones altas. Pese a que la explicación de la baja en la intervención estatal es multifactorial, una de las razones que puede explicar esta baja es la no revisión de estos umbrales.
En cuanto a la tendencia de uso y aplicación de herramientas, el informe arrojó que, en promedio, el uso de programas de clemencia (leniency) o delación compensada ha disminuido. Esta es una tendencia que también se observó a nivel global y que ya se ha reconocido en versiones pasadas del informe(al respecto, ver nota CeCo “Tendencias de competencia OCDE: ¿Cómo se encuentran Chile y Latinoamérica en relación a las tendencias mundiales?”).
Por otro lado, en cuanto al uso de allanamientos o inspecciones sorpresas (dawn raids), Burnier destacó que se puede ver una distribución más balanceada en la región, como se observa en el gráfico 5.
En relación con las decisiones en casos de carteles (por “decisiones”, la OCDE consideró todo pronunciamiento dictado para terminar con un caso presentado a la autoridad), Burnier señaló que los países de la región tienen un número similar a la cantidad promedio de países OCDE, con una de las jurisdicciones acumulando casi la mitad de los casos en LAC.
En cuanto a las sanciones o multas que se suelen establecer en la región, el informe determinó que, en promedio, se establecen multas mucho menores que en otros países de la OCDE (ver gráfico 7). Sin embargo, de acuerdo a Burneir, esta diferencia se podría explicar tomando en cuenta que, en muchos casos, las multas impuestas se determinan considerando las ganancias anuales de las empresas sancionadas. Por lo tanto, “(…) sería justo decir que tal vez estas empresas en la región tendrían (…) ganancias anuales menores que en países desarrollados”. Según el experto, esto no necesariamente implica que el sistema de imposición de multas sea ineficiente, sino que la diferencia en los montos de las multas se puede explicar con otros factores, considerando las características económicas de los países.
Respecto a las decisiones en casos de abuso de posición dominante, el promedio de decisiones es mayor en países Latinoamericanos y del Caribe que el promedio de otros países de la OCDE.
Burnier consideró que esta diferencia se puede explicar al considerar las definiciones de “abuso de posición dominante” en las jurisdicciones de la región y en otras jurisdicciones de la OCDE.
Así, en Europa, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea diferencia en sus artículos 101 y 102 entre casos de abuso de posición dominante y restricciones verticales. En cambio, en los países LAC se suelen analizar ambos casos bajo la misma figura.
Por otro lado, reconoció que los países latinoamericanos y del Caribe tienden a llegar a menos acuerdos y compromisos en casos de abuso de posición de dominio. Mientras que, en promedio, los países OCDE terminan cerca de un 50% de sus casos en acuerdos o compromisos, en el caso de Latinoamérica y el Caribe, solo 10% o 15% de casos terminan de esta forma.
El expositor cerró su presentación destacando los importantes avances que ha experimentado la región en los últimos 10 años, pasando de ser un receptor o beneficiario de los trabajos de la OCDE a un proveedor de insumos, y participando activamente en la configuración y remodelación de la política de competencia en el mundo.
Esto se ha visto, en palabras de Burnier, en la priorización y los esfuerzos que han dedicado los gobiernos y especialmente las agencias dedicadas a estos temas a discutir sobre políticas de libre competencia.
Informe “Tendencias sobre competencia en Latinoamérica y el Caribe 2022” – OCDE