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El pasado 27 de octubre se llevó a cabo el encuentro digital “Medidas contra la inflación & libre competencia en Latinoamérica”, organizado por DF SUD en colaboración con Red Procompetencia.
La actividad contó con la participación de Carolina Moreno, economista e integrante de Red Procompetencia; Pablo Márquez, abogado y socio del área antitrust de ECIJA Colombia y; Alejandro Lombardi, economista y vicepresidente senior de Compass Lexecon. La moderación correspondió a Andrés Pozo, editor jefe de DF SUD.
Argentina ha arrastrado constantemente altos índices inflacionarios, profundizados a su vez por fuertes crisis económicas. En ese sentido, se proyecta una inflación cercana al 100% para finales de 2022.
En ese escenario, y de acuerdo a Lombardi, es fundamental comprender que la inflación se origina netamente por factores macroeconómicos. En el caso argentino, la inflación se ha generado y agravado con el paso de los años producto de un constante déficit fiscal financiado con emisión monetaria.
En tal contexto, el gobierno ha tomado medidas de índole macroeconómica con la finalidad de corregir estas problemáticas, pero estos esfuerzos no se han mantenido de manera sostenible en el tiempo. Sumado a ello, se han tomado medidas orientadas a la contención de la inflación en el corto plazo, pero según el experto estas serían las medidas “que son más dañinas para el algo plazo, porque generan todo tipo de distorsiones, incluso en la libre competencia”. Para ejemplificar tales medidas, el economista se refirió a las intervenciones del gobierno argentino en los precios.
En primer lugar, ahondó acerca del programa “Precios Cuidados”. En virtud de este, el gobierno fija o acuerda con los principales productores y demás agentes relevantes de la cadena productiva, los precios de los productos de la canasta básica. El peligro que entraña dicho programa es que el gobierno reúne y dialoga con variadas empresas que en algunas ocasiones resultan ser competidores entre sí. Lo anterior genera impactos directos en la competencia y en la capacidad de que esta se desarrolle, “porque se limita por lo menos para ciertos productos la capacidad de las empresas de explotar diferencias de precios para tratar de atraer a la demanda, dado que eso ya está determinado desde el gobierno”.
Una segunda medida que suele tomar el gobierno es la fijación de “anclas de precios”. En virtud de ello, los precios son trazados por la autoridad y se procura que estos no suban acorde a la inflación con el objetivo de frenar la inercia inflacionaria. Según el experto, esto se aplicaría al precio del tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos de energía.
Si bien dicha estrategia puede presentar resultados positivos en el corto plazo, en el largo plazo se generan distorsiones en la competencia y, además, tiende a perpetuar el problema de la inflación. Así, en el caso del tipo de cambio, la distorsión afecta a la competencia que enfrentan las empresas locales con el comercio internacional, dado que al estar el tipo de cambio “retrasado” en comparación a la inflación, las importaciones bajan su precio y el gobierno responde poniéndoles freno. Ello deriva en problemas de competencia que no se verificarían de existir una economía abierta y estable desde el punto de vista macroeconómico.
Este tema fue abordado por la economista Carolina Moreno. Según explicó, a lo largo del siglo pasado Chile enfrentó de forma constante una gran espiral inflacionario, el que paulatinamente fue siendo controlado a partir de 1990. En tal sentido, actualmente la inflación en el país se sitúa cercana al 14%, cifras que no se veían en casi tres décadas.
De acuerdo a Moreno, producto del alza generalizada de los precios originada por la inflación, comenzaron a surgir dudas acerca de cuánto de ella corresponde a aspectos estructurales y cuánto a especulaciones del mercado.
Al respecto, explicó que durante la pandemia, existieron una serie de shocks de demanda producto de los beneficios sociales y subsidios de ingresos entregados por parte del gobierno a las familias, además de la autorización de retiros de fondos previsionales. Aquello generó una mayor cantidad de circulante y una consiguiente mayor capacidad de compra de las personas, produciéndose un aumento de la demanda que derivó en un incremento de los precios de bienes y servicios. Paralelamente al shock de demanda, existió un shock contractivo en la oferta, profundizado por los menores niveles de producción de los grandes productores internacionales, o los problemas logísticos en el transporte. Al considerar estos dos factores, “eso genera inevitablemente aumentos de precios, en el fondo, los incrementos que estamos observando son estructurales”.
Según la experta, pese a que existen factores estructurales que explican la inflación, no es descartable que también existan abusos en el mercado (ver nota CeCo “ForoCompetencia: Carteles en épocas de crisis, inflación y mercados laborales”). En general, la inflación genera facilidades para esconder prácticas anticompetitivas, siendo más difícil detectarlos y evidenciarlos. Así, señaló que “si existe efectivamente una colusión o un abuso de posición dominante, en un contexto inflacionario es más difícil detectarlo porque no sabes cuál es la causa”.
Respecto a la idea de aplicar una política de “fijación de precios” para controlar el alza de precios en mercados con poca competencia, la economista se manifestó en contra. Además de las dificultades para identificar los mercados que no funcionan de forma competitiva, surgen preguntas acerca de cómo fijar los precios y qué factores considerar para dicha tarea. Así, si en un mercado se fija un precio muy alto, se corre el riesgo de entregar información que incentive y facilite conductas colusorias, mientras que, si el precio fijado es demasiado bajo, algunos actores no podrían cubrir sus costos y terminarían abandonado el mercado.
Por otro lado, Moreno abordó posibles medidas desde la perspectiva de libre competencia para enfrentar la inflación y sus problemáticas derivadas.
En primer lugar, la economista resaltó la importancia del monitoreo constante de los mercados por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Tal examen permitiría detectar si hay mercados en donde el alza de precios escapa de los factores estructurales, explicándose en cambio por conductas contrarias a la competencia. Pese a que la FNE cuenta con la facultad de iniciar investigaciones de oficio, Moreno recalcó que la falta de recursos podría afectar el desempeño de la agencia (ver notas CeCo “Cuenta Pública FNE: necesidad de recursos y debate constitucional” y “Agencias de competencia bajo el yugo de las cifras”).
En segundo lugar, la experta destacó los acuerdos de colaboración entre competidores eficientes como un fenómeno novedoso que ha recibido atención no solo en Chile, sino que en el mundo, esencialmente a partir de la pandemia de Covid-19 (ver notas CeCo “Guía de la CMA para acuerdos entre empresas por el coronavirus”, “Proyecto de ley sobre acuerdos entre competidores” e investigación CeCo “Acuerdos lícitos entre competidores y su regulación en Chile”).
Así, en momentos de crisis, de forma regulada y acotada en cuanto a su temporalidad, se podrían permitir acuerdos entre competidores para, por ejemplo, comprar materias primas a un mejor precio en el extranjero. En tal sentido, Moreno sostuvo que, si se llegase a implementar un acuerdo de ese tipo actualmente, sería derechamente un acto de colusión, “y por eso sería importante innovar y buscar mecanismos que autorizasen ese tipo de acuerdos en condiciones puntuales, reguladas (…) que se permita negociar mejor sin poner en riesgo la libre competencia en el largo plazo”
En Colombia, la inflación que afecta a los hogares de menores ingresos se encuentra sobre el 14%, mientras que la inflación general que afecta a toda la economía está cerca de un 12%.
La situación del país se ve agravada dado que, al perfilarse Estados Unidos como el principal socio comercial, la variación del tipo de cambio genera un impacto directo en la inflación. Al respecto, el abogado indicó que por un 10% de devaluación, habría casi un 3% de inflación directa, “y ya vamos en una devaluación casi del 23%, lo cual muestra que hay una correlación bien importante en la devaluación y el efecto inflacionario”. Además, al igual que en Chile, concurrían shocks de demanda y de oferta que habrían agravado el fenómeno inflacionario.
Por otro lado, el abogado se refirió a algunas de las medidas que ha adoptado el gobierno para hacer frente a la inflación, como la estabilización de los precios de los combustibles o las intervenciones enfocadas en las tarifas de servicios públicos.
Luego de expuestas las perspectivas de los expertos sobre la situación de sus respectivos países, el debate giró hacia las reglas de libre competencia y de regulación, y si acaso estas han respondido de manera adecuada a la coyuntura.
En tal sentido, Moreno reforzó la idea de que se requiere que las autoridades de competencia estén activas y atentas en el monitoreo de los mercados. Sin embargo, esta tarea se ve dificultada por la falta de recursos. Por otro lado, la experta destacó el tiempo que toman las investigaciones sobre prácticas anticompetitivas, pues estas no se detectan de un mes a otro, sino que son investigaciones de mayor alcance (ver investigación CeCo “¿Cuánto tardan las investigaciones de la FNE en materia de carteles?»).
Por su parte, Lombardi descartó que el origen de la inflación y el combate directo contra ella tengan relación con la libre competencia. Pese a ello, advirtió que no es descartable que las herramientas de competencia operen ante la incertidumbre que genera la inflación y la posibilidad de que ella facilite las prácticas anticompetitivas.
Asimismo, el abogado compartió la visión de que las investigaciones de las autoridades de competencia toman mucho tiempo, especialmente en comparación con la actividad que puede ejercer un regulador (y su mayor capacidad de reacción).
En esta perspectiva, el jurista destacó las herramientas de abogacía o de promoción (advocacy) de la competencia como una alternativa más rápida y efectiva que las investigaciones en ciertos casos. Con la utilización de dicha herramienta, la autoridad de competencia puede llamar a que un “regulador intervenga de forma rápida y oportuna garantizando las condiciones pro competitivas en un mercado”.
A juicio de Lombardi, el mensaje relevante en esta materia se relaciona con el ámbito de la causalidad. La inflación, una vez que existe, puede generar problemas de competencia o acentuar los existentes, pero eso no quiere decir que el problema de la inflación encuentre su solución con medidas de competencia. Así, señaló que “hay que tomar medidas desde la competencia en contextos inflacionarios (…), pero no esperemos que esa sea la solución a la inflación porque la inflación viene de otro lado”.
Por su lado, Márquez resaltó lo expuesto por el experto en el sentido de que las causas de la inflación y las causas del poder de mercado son diversas. Los escenarios de inflación se originan por fenómenos macroeconómicos y ante ello los Bancos Centrales tienen la responsabilidad y las herramientas para abordarlos, siendo del todo relevante su independencia. Asimismo, el abogado hizo un llamado a las autoridades de competencia a hacer uso de sus facultades para promover la independencia de los reguladores y el correcto funcionamiento de los mercados.
La inflación se ha convertido en un fenómeno que preocupa a gobiernos y organizaciones internacionales en todo el orbe. En ese sentido, la OCDE celebrará a finales de este mes una mesa redonda para debatir una serie de materias relacionadas con la relación entre inflación y libre competencia. Algunas ideas de tales interacciones se encuentran en el documento de la OCDE “Competencia e Inflación”.
En el documento, se explica que si bien la (libre) competencia contribuye a mantener un índice de inflación bajo, no es una herramienta apta para reducir la inflación en el corto plazo. Asimismo, explica cómo la inflación puede afectar la competencia, creando condiciones favorables a la coordinación entre empresas, o bien, subiendo los costos de búsqueda de los consumidores (dado que en periodos inflacionarios los precios tienden a variar de forma más acelerada, resulta más difícil para los consumidores acceder a información correcta, pudiendo quedarse con la idea de que “todos los precios suben”).
Enlaces relacionados:
Link del evento: https://www.youtube.com/watch?v=XXP2jbffGRo
OCDE. Competencia e inflación (2022)
