Newsletter
Suscríbete a nuestro Newsletter y entérate de las últimas novedades.
https://centrocompetencia.com/wp-content/themes/Ceco
En un reciente artículo escrito a propósito del estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el mercado de las instituciones de educación superior (IES), José Ignacio Heresi y Eduardo Saavedra detallan los factores que distinguen el mercado de la educación superior de otros mercados, y por qué ello justificaría un alto nivel de intervención estatal, que complejiza el análisis de libre competencia (respecto del estudio de mercado de la FNE “Estudio de Mercado: La FNE comparte sus apuntes sobre las instituciones de educación superior”).
Los principales puntos de contraste entre el mercado educativo y los mercados tradicionales, que serán explicados más abajo en profundidad, se encuentran en la siguiente tabla:
Fuente: artículo de Heresi y Saavedra (2026).
Un primer factor diferenciador del mercado de educación superior es que cada institución puede ofrecer múltiples productos (servicios) diferenciados. Así, las universidades no ofrecen solamente carreras de pregrado, sino que también de postgrado, realizan investigación, desarrollan tecnologías, entre otras actividades. Los autores subrayan que, siguiendo lo que se sabe de las empresas multiproducto, es probable que las estrategias competitivas que sigan las instituciones en sus carreras de pregrado, esté relacionada de manera importante con los otros servicios y actividades que realizan. En este contexto, definir mercados con suficiente presión competitiva entre ellos resulta particularmente difícil.
Además, los distintos servicios ofrecidos por las instituciones están diferenciados entre sí, alejándose del marco conceptual de bienes homogéneos en que los mercados son eficientes. Así, mediciones típicas del poder de mercado, como el Índice de Herfindahl Hirschman (HHI), no funcionan bien en contextos donde no sólo existen múltiples productos, sino que donde cada institución ofrece su propia oferta multi-producto.
La educación no sería, como los bienes más tradicionales, solo un “bien de búsqueda”, sino que también sería un “bien de experiencia” y un “bien de confianza”. Primero, dichas carreras son un bien de búsqueda en la medida que los estudiantes pueden averiguar ciertos datos, como la duración de las carreras, los años de acreditación institucional, entre muchas otras variables, antes de elegir una institución. Segundo, también son un bien de experiencia, pues en el mundo de la educación superior se está ante una decisión vocacional que se define incluso ya cursando una carrera, por cuanto existen factores que los estudiantes aprenden solo después de estudiar las asignaturas y vivir la experiencia. Finalmente, se trata de bienes de confianza pues, aún después de terminar la carrera, los estudiantes pueden no saber con certeza el retorno económico que tendrá en el futuro su elección de carrera e IES.
En el mercado educativo existiría información asimétrica. Una primera manifestación de esto es que es difícil evaluar la calidad de una carrera y de una institución, lo que ha llevado a crear una serie de agencias estatales que velan por la calidad de la educación superior. Del punto anterior, sin embargo, deriva otra asimetría de información, aquella entre los organismos estatales y las universidades. Al respecto, las universidades tienen incentivos de mostrarse como de muy alta calidad, aunque no necesariamente sea así, lo que genera procesos costosos de verificación de calidad para el Estado, como el proceso de acreditación institucional.
Una segunda falla de mercado es la importante externalidad positiva que genera la educación de los estudiantes, la cual no solo reporta un beneficio privado a estos, sino que también repercute favorablemente en el resto de la sociedad, pues esta cuenta con profesionales de mejor calidad que producen y entregan bienes y servicios. Según los autores, esto explicaría la existencia de grados diversos de provisión pública y financiamiento de la educación superior para un porcentaje de la población. Agregan que, por esto último, podría existir una oferta insuficiente de carreras de pregrado, lo cual también justificaría la existencia de universidades estatales.
En el análisis de competencia normalmente se asume que las firmas toman decisiones para maximizar sus beneficios, lo cual no ocurre en la industria de IES, donde la competencia se da entre entidades con objetivos que pueden ser muy diversos. Esto incluye los incentivos que vienen de la política pública para las universidades estatales, y los objetivos de las instituciones sin fines de lucro con genuina vocación pública. Así, difícilmente podría realizarse un análisis de libre competencia asumiendo que todas las IES son maximizadoras de beneficios y el margen operacional describiría el poder de mercado que cada una de ellas ejercería.
Los autores también señalan que se debe contrastar lo que se espera como resultado del entorno competitivo altamente complejo descrito anteriormente, con los objetivos que defina la sociedad en su conjunto para este sector. Dicho aquello, detallan que estos objetivos son difíciles de definir, además de que varían en el tiempo. A modo de ejemplo, señalan que, si en algún momento el objetivo fue aumentar el acceso a la educación superior, ahora existe la posibilidad de que exista un exceso de graduados de ciertas carreras, lo cual genera un daño en términos de personas que realizaron una inversión costosa que no tuvo retornos económicos.
Regístrate de forma gratuita para seguir leyendo este contenido
Contenido exclusivo para los usuarios registrados de CeCo
