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Revisamos un artículo publicado en la revista Estudios Públicos titulado “Libre competencia en la educación superior: el caso de la gratuidad”, de Manuel Villaseca. En él, el autor analiza cómo la política de gratuidad en la educación superior chilena, que se basa en la fijación de aranceles y límites a las vacantes, puede generar distorsiones competitivas en el sistema y profundizar las barreras de entrada ya existentes entre las distintas instituciones.
We reviewed an article published in the journal Estudios Públicos titled “Libre competencia en la educación superior: el caso de la gratuidad”, by Manuel Villaseca. In it, the author analyzes how the free tuition policy in Chilean higher education, which is based on the setting of tuition fees and limits on vacancies, may generate competitive distortions in the system and deepen the already existing barriers to entry among the different institutions.
El Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó recientemente un artículo de Manuel Villaseca Vial que examina la política de gratuidad en la educación superior chilena desde la perspectiva de la libre competencia. El trabajo analiza los principales mecanismos regulatorios asociados a esta política, como los aranceles regulados y el control de vacantes, así como sus posibles efectos en la dinámica competitiva del sistema.
El artículo se enfoca en los efectos de la política de gratuidad en educación superior. Esta se implementó en 2016 y consiste en la prohibición de cobro de arancel por parte de las instituciones adscritas a dicho sistema, a cambio de una transferencia fiscal basada en la fijación de precios y de vacantes.
Antes de analizar sus efectos, el autor advierte que el sistema ya presentaba diferencias regulatorias entre instituciones. En particular, mientras las instituciones privadas deben cumplir procesos de reconocimiento, licenciamiento, autonomía y acreditación para acceder a financiamiento público, ciertas instituciones estatales pueden obtener reconocimiento y autonomía por ley, así como exenciones temporales de acreditación.
Las principales características de la política incluyen:
En este contexto, la gratuidad introduce nuevas reglas de financiamiento y regulación que, según el autor, profundizan las restricciones competitivas ya existentes.
Como se señaló, la política de gratuidad establece un sistema de aranceles regulados, mediante el cual el Estado fija, a partir de los costos, un límite al arancel que paga por cada programa y estudiante beneficiario. Según el artículo, este mecanismo puede generar diversas consecuencias, tales como:
Además de la regulación de precios, el sistema establece límites al crecimiento de vacantes de primer año para las instituciones adscritas a la gratuidad. Según señala el autor, esta medida busca contener el gasto fiscal, pero también puede tener efectos en la competitividad del sector.
Entre otras cosas, esta medida profundizaría las diferencias según la naturaleza de las instituciones, ya que exime de esta restricción a las nuevas instituciones estatales. Esto importa porque proveedores que participan en el mismo sistema no enfrentan las mismas reglas para expandirse. Mientras algunas instituciones ven limitado su crecimiento, otras pueden aumentar su matrícula con mayor flexibilidad.
Además, el autor directamente critica el hecho de que “el límite a las vacantes, en la práctica, es un freno al crecimiento del sistema de educación superior”, habiéndose ralentizado el crecimiento de la matrícula en Chile.
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