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El 9 de octubre recién pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) archivó una investigación contra diferentes cadenas de supermercados por posibles conductas contrarias al Decreto Ley N°211 en el mercado nacional de comercialización de carne de cerdo, carne de pavo, desodorantes ambientales, detergentes, pastas, papel higiénico, servilletas y toallas desechables, yogurt, leche líquida, vinos, cervezas, bebidas gaseosas y jugo en polvo, en supermercados.
Esta investigación tuvo la particularidad de que su inicio no fue de oficio o a partir de una denuncia propiamente, sino que se originó en la Sentencia de la Corte Suprema de 8 de abril de 2020, en la que dicha Corte confirmó la condena por colusión en contra de Cencosud, Walmart y SMU, que habían sido sancionadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a través de la Sentencia 167/2019, de fecha 28 de febrero de 2019. La Corte Suprema junto con aumentar las multas a las diferentes requeridas, ordenó que “vuelvan los antecedentes administrativos a la FNE, a fin de que se indague la existencia de conductas contrarias a la libre competencia y, en su caso, la necesidad de adoptar medidas correctivas o prohibitivas, respecto de otros mercados u otros productos, conforme a los antecedentes que obran en la investigación administrativa”.
A continuación revisamos el origen de esta instrucción emanada de la Corte Suprema y las razones de la FNE para archivar esta investigación, de manera de responder si se justificaba la orden del máximo tribunal.
El requerimiento de la FNE. Aunque el origen se da en una investigación administrativa de la FNE, el caso como tal fue iniciado el 6 de enero de 2016, fecha en la que la FNE presentó un requerimiento ante el TDLC en contra de las cadenas de supermercados Cencosud, SMU y Walmart. La conducta imputada por la FNE a las supermercadistas consistía en que éstas, a través de los proveedores de pollo Agrosuper, Aríztía y Don Pollo (condenadas también por colusión, ver Ficha de Jurisprudencia CeCo: FNE c. Agrosuper y otras por colusión pollos), acordaron un precio mínimo de venta de carne de pollo fresca al consumidor final, en sus precios promocionales, al menos entre los años 2008 y 2011. Según la Fiscalía, cada cadena acataba una regla que le impedía vender bajo ese precio, en el entendido de que sus competidoras estaban sujetas a la misma regla, y reclamaba a los proveedores cuando detectaba ventas bajo costo de las demás, para que estos “regularizaran” el precio. En razón de estos antecedentes la FNE solicitó una multa de 30.000 UTA para cada requerida.
La sentencia del TDLC. Mediante la Sentencia N°167/2019 (ver ficha de Jurisprudencia CeCo: FNE c. Cencosud, SMU y Walmart por colusión supermercados), de 28 de febrero de 2019, el TDLC acogió el requerimiento. A pesar de que la FNE no utilizó el concepto “Hub and Spoke” en su acusación, el TDLC estimó que la conducta objeto del requerimiento si podía subsumirse bajo ese tipo. Así, el Tribunal tuvo por acreditado que cada cadena conocía y aplicaba la regla, buscaba que sus competidoras también la aplicaran y exigía su cumplimiento. De este modo, existía un constante monitoreo de los precios de la competencia y se comunicaba a los proveedores cualquier desvío, exigiéndoles a estos que comunicaran una advertencia o amenaza al competidor que no cumplía la regla. Por lo anterior, el TDLC condenó a Cencosud al pago de 5.766 UTA, a SMU a 3.438 UTA y a Walmart a 4.743 UTA, este último monto incluyó una rebaja de 15% por su programa de cumplimiento, sin perjuicio de que ordenó a las tres condenadas implementar un programa de cumplimiento siguiendo directrices específicas detalladas en la sentencia.
Cabe recalcar que el TDLC expuso que toda la prueba relativa a productos distintos al pollo solo podía ser considerada como prueba indiciaria del acuerdo imputado, y que “no existe impedimento legal para que tal evidencia sea admitida y valorada en el proceso, sin que ello implique una afectación al principio de congruencia” (considerando 69).
La sentencia de la Corte Suprema. En contra de la sentencia del TDLC reclamaron las tres requeridas, la FNE y, en su calidad de coadyuvantes de la Fiscalía, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Asociación de Consumidores (CONADECUS). El 8 de abril de 2020, la Corte Suprema confirmó por unanimidad la condena; no obstante, acogiendo parcialmente la reclamación de la FNE, duplicó los montos de las multas, debido a la gravedad de la conducta y a la necesidad de disuasión, y por no considerar procedente la atenuante de Walmart por la implementación de su programa de cumplimiento. Así, los montos quedaron en 11.532 UTA para Cencosud, 6.876 UTA para SMU y 11.160 UTA para Walmart.
Por otra parte, ODECU y CONADECUS pidieron en su reclamación la aplicación de la multa máxima a las requeridas, un pronunciamiento sobre el rol de los proveedores y, en lo que aquí importa, que se considerara la colusión respecto de otros productos, como vinos, carne de cerdo y carne de pavo, para efecto de aplicar las sanciones correspondientes o para considerarla como una agravante. Para fundar esto último, expusieron que el propio requerimiento de la FNE reconocía que las interacciones entre supermercados y proveedores “no se limita[ban] a la categoría de pollo fresco”, y que la Fiscalía había acompañado correos sobre esos productos. Asimismo, destacaron el voto de prevención del Ministro Sergio Muñoz en el “Caso Farmacias”, que en su momento propuso que se remitieran los antecedentes a la FNE para que se completara la investigación en relación con la participación de los laboratorios y distribuidores (ver Ficha de Jurisprudencia CeCo: FNE c. FASA, Cruz Verde y Salcobrand por colusión farmacias).
Aunque en su sentencia la Corte Suprema no se pronunció sobre una eventual colusión respecto de otros productos, sí acogió en parte esta preocupación. Así, en el considerando 53° de dicha sentencia, expuso que respecto a productos distintos a la carne de pollo, como carne de cerdo, vacuno, vinos, lácteos y bebidas gaseosas, “no consta que se haya profundizado en la investigación de una regla análoga u otras actuaciones o conductas reñidas con la libre competencia”, por lo que, acogiendo la reclamación de las asociaciones de consumidores, ordenó devolver los antecedentes a la FNE “a fin que se indague sobre el particular y se decida lo pertinente, en relación a la necesidad de medidas correctivas o prohibitivas en otros mercados”. Esa instrucción dio origen a la investigación archivada el pasado 9 de octubre.
Según explica la FNE en su informe de archivo, el caso supermercados tiene su origen en otra investigación, la que involucró a los productores de carne de pollo y que culminó con la condena de Agrosuper, Ariztía, Don Pollo, y la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G., por colusión en la Sentencia N°139/2014 del TDLC, confirmada por la Corte Suprema. En ese contexto, la FNE tuvo acceso a una serie de correos electrónicos, aportados principalmente por cadenas de supermercados, intercambiados entre estas y sus proveedores de carne de pollo y de otros productos cárnicos. En ellos se detectaron comunicaciones orientadas a fijar un precio mínimo de venta al consumidor final de productos cárnicos entre los años 2001 y 2008.
A partir de esos antecedentes, el 25 de agosto de 2011 la Fiscalía inició de oficio una nueva investigación, esta vez dirigida contra las cadenas de supermercados. En diciembre de ese año, ejecutó medidas intrusivas, en particular, la de entrada, registro e incautación en dependencias de las cadenas investigadas, conforme al artículo 39 letra n) del DL 211. Esas diligencias le permitieron obtener correos electrónicos adicionales, algunos de los cuales se referían a productos distintos de la carne de pollo, los mismos que años después la Corte Suprema mandaría revisar.
¿Por qué solo la carne de pollo? El informe de archivo afirma que la evidencia sobre otros productos fue considerada y ponderada al momento de preparar el requerimiento presentado en enero de 2016. Sin embargo, en ejercicio de la discrecionalidad que el artículo 39 inciso primero del DL 211 reconoce al Fiscal Nacional Económico para defender los intereses que le están encomendados “según sus propias apreciaciones”, la FNE decidió acotar la acusación a la colusión en el precio de venta de la carne de pollo fresca.
Según expone la FNE, una de las razones para no ampliar el requerimiento fue la diferencia en la cantidad de evidencia disponible. Respecto del pollo fresco, contaba con antecedentes suficientes para acreditar tanto la existencia de una regla de comportamiento común como el comportamiento de los precios de venta. En cambio, respecto de las demás categorías, esa evidencia era considerablemente menor.
El rol de los correos sobre otros productos. Que el requerimiento se limitara al pollo no significó que la evidencia sobre otros productos quedara fuera del juicio. La FNE incorporó en su requerimiento, y en presentaciones posteriores como su escrito de observaciones a la prueba, correos relativos a otras categorías, pero en calidad de antecedentes contextuales. De hecho, el propio requerimiento advertía que las interacciones entre supermercados y proveedores no se limitaban al pollo fresco, sino que mostraban cierto grado de transversalidad respecto de otros productos comercializados por estas cadenas.
Según la Fiscalía, esos correos fueron útiles para comprender la dinámica de las relaciones entre las cadenas y sus proveedores y, en particular, para concluir que la regla de precio mínimo no era impuesta por los productores de pollo, como sostuvieron las requeridas en su defensa, sino exigida por los propios supermercados, enfoque que luego fue recogido por el TDLC, al admitir que la prueba sobre otros productos constituía evidencia indiciaria del acuerdo acusado (Considerando 69) y al afirmar que existían “varias evidencias de un comportamiento análogo respecto de otros productos que no forman parte de la acusación” (Considerando 201).
De lo expuesto por la FNE, es posible afirmar que para este organismo la evidencia sobre otros productos ya había sido considerada y ponderada al momento de presentar el requerimiento ante el TDLC, y fue relevante para la posterior condena del TDLC, lo cual contrasta con la postura de la Corte Suprema, que, al revisar el expediente, concluyó que no constaba que la Fiscalía hubiera profundizado en la investigación de una regla análoga respecto de otros productos.
Dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema, el 6 de octubre de 2020, mismo año de la sentencia, la FNE dio inicio a la investigación para comprobar eventuales infracciones al artículo 3° incisos primero y segundo letra a) del DL 211 en la comercialización en supermercados de trece categorías de productos: carne de cerdo, carne de pavo, desodorantes ambientales, detergentes, pastas, papel higiénico, servilletas y toallas desechables, yogurt, leche líquida, vinos, cervezas, bebidas gaseosas y jugo en polvo. Casi seis años después, el 9 de octubre de 2026, la Fiscalía la archivó.
El enfoque de la FNE. Según el informe de archivo, la Fiscalía abordó esta orden de la Corte Suprema en dos etapas. Primero, volvió a examinar los antecedentes de la investigación original de supermercados, que era lo que, en su lectura, exigía estrictamente la Corte al ordenar indagar “conforme a los antecedentes que obran en la investigación administrativa”. Ese examen confirmó la conclusión a la que habían arribado anteriormente: a diferencia de lo ocurrido con el pollo, respecto de las demás categorías no había antecedentes de un acuerdo colusorio.
Aunque para la FNE, con esa revisión ya se habría dado cumplimiento íntegro a lo resuelto por la Corte, se decidió realizar diligencias adicionales destinadas a determinar si el resto de los productos fueron objeto de una regla similar a la que fue sancionada por el TDLC y la Corte Suprema.
Sobre los productos y el periodo investigado. Como se expuso anteriormente, la investigación abarcó trece categorías de productos, que corresponderían a aquellos a los que se referían los correos obtenidos, principalmente, en las diligencias de incautación de 2011. Sin embargo, estos no son iguales a los que la Corte Suprema mencionó, a modo de ejemplo, dentro de su sentencia, como ocurre con la carne de vacuno, que no fue incluida dentro de los productos analizados por la FNE.
En cuanto al periodo analizado, la investigación se centró en los años 2016 a 2020, que el informe describe como “el periodo considerado en la Sentencia CS”. Este periodo coincidiría con el transcurrido entre la presentación del requerimiento y la sentencia de la Corte Suprema, es decir, no se centró en el mismo periodo de los hechos sancionados, que se extendieron entre 2008 y 2011, y que a la fecha del inicio de la segunda investigación, posiblemente, estarían prescritos.
Las diligencias de investigación desarrolladas por la FNE. El 13 de octubre de 2020, la FNE comunicó el inicio de la investigación a Cencosud, SMU y Walmart, y también a Hipermercados Tottus, que no había sido parte del requerimiento original. A las cuatro cadenas les envió oficios solicitando tres tipos de información: (i) correos electrónicos, enviados o recibidos por los ejecutivos encargados de las relaciones comerciales con proveedores o de las compras de las categorías investigadas; (ii) ventas mensuales a nivel nacional por categoría entre 2016 y 2020; y (iii) estudios o presentaciones con análisis de mercado y participaciones en esas categorías. Según la FNE, a partir de estas diligencias, revisó más de 500.000 correos que, con sus adjuntos, superaron los 1,4 millones de documentos (267 gigabytes), aplicando métodos de muestreo y priorización basados en los elementos de la investigación original y en la naturaleza de la conducta investigada.
Por último, la FNE también tuvo a la vista los cinco reportes anuales de ejecución de los programas de cumplimiento que las cadenas condenadas debían enviar anualmente a la Fiscalía por orden del TDLC, así como los informes de las dos auditorías de libre competencia que cada una debía realizar, las que incluían, entre otras obligaciones, la revisión de correos y registros de llamadas de sus ejecutivos.
Las conclusiones de la FNE. Tras analizar las comunicaciones y demás antecedentes, la FNE concluyó que no había nuevos hallazgos que dieran cuenta de infracciones al artículo 3° y que justificaran un nuevo requerimiento. Respecto de los programas de cumplimiento, constató que las tres cadenas enviaron oportunamente sus reportes entre 2021 y 2025, y que sus programas incluyeron “a lo menos formalmente” las materias exigidas por la sentencia, aunque aclaró que este informe de archivo no era la instancia para calificar su mérito.
Además, se señala que la FNE está en constante monitoreo de las condiciones de competencia en estos mercados. Así, como ejemplo, se citan otros casos que involucran a esta industria, como la colusión del papel tissue, los casos presentados en el TDLC relacionados con el mercado de la leche (Ver Nota de la FNE: “TDLC aprobó conciliación entre la FNE y Nestlé” o Ficha de Jurisprudencia CeCo: “FNE c. Watt’s por incumplimiento”) y diversas investigaciones archivadas que involucran productos como detergentes, desodorantes, cervezas, pastas y jugos.
A partir de lo expuesto por la FNE en su informe de archivo, se podría responder en principio que no se justificaba la instrucción de la Corte Suprema, al menos en los términos en que fue ordenada. Algunas razones que fundan esta visión son las siguientes:
En primer lugar, y como expone la FNE, la evidencia que motivó la decisión de la Corte sí había sido considerada y ponderada por dicho organismo al momento de investigar los hechos que dieron origen al requerimiento contra los supermercados. La decisión de no incluirla como parte del objeto de la acción de la FNE fue práctica y concreta: la evidencia sobre conductas asociadas a otros productos era bastante menor que la existente en relación con la carne de pollo. Además, dichos antecedentes sí fueron utilizados por el TDLC al momento de resolver el caso.
Segundo, esta instrucción contraviene, hasta cierto punto, la discrecionalidad que la ley reconoce al Fiscal Nacional Económico, dado que, como se mencionó, el inciso primero del artículo 39 del DL 211, dispone que podrá defender los intereses que le están encomendados (interés general de la colectividad en el orden económico) en la forma que estime conforme a derecho y según sus propias apreciaciones. Lo anterior, según expone la FNE, habría justificado limitar el caso al mercado de carne de pollo fresca.
En tercer lugar, hay un costo de oportunidad relevante, sobre todo considerando el resultado de la investigación. Como expone la FNE, las diligencias se extendieron por casi seis años e implicaron revisar más de medio millón de correos y 1,4 millones de documentos. En un escenario donde la FNE cuenta con recursos limitados y debe priorizar, una instrucción de este tipo desvía equipos que podrían haberse destinado a casos con indicios más robustos. Adicionalmente, existe un problema de desfase temporal, dado que la evidencia sobre el resto de los productos se refería a conductas materializadas entre 2001 y 2011, por lo que a la fecha de la sentencia de la Corte Suprema, posiblemente estarían prescritas. Lo anterior podría explicar por qué la FNE terminó examinando el periodo 2016-2020, es decir, una investigación distinta, que no tenía como base los antecedentes del expediente y que difícilmente puede considerarse una continuación del caso original.
Por último, la sentencia del TDLC ya contemplaba una herramienta preventiva que, en principio, podría ser idónea, como son los programas de cumplimiento, medida que la Corte Suprema mantuvo en su fallo. Esta herramienta, que incluso fue analizada por la FNE en la investigación, apunta justamente a prevenir la repetición de conductas como la sancionada, también en otros productos.
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