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Recientemente, la OCDE publicó una serie de background notes que buscan abrir (o continuar) el debate sobre diversos temas “de frontera” de libre competencia. En CeCo repasamos algunos de estos papers, específicamente los referidos a competencia algorítmica, programas de delación compensada, competencia e innovación, teorías del daño en fusiones digitales, y economía circular.
En esta nota se revisa y explica el background note titulado “Communication by Competition Authorities: Objectives and Tools” (en adelante, “Reporte OCDE”), elaborado por Tommaso Majer (de la División de Competencia de la OCDE), que analiza los beneficios que obtienen las autoridades de competencia al aplicar una estrategia comunicacional efectiva que les permita entregar información comprensible a su público, y las herramientas que estas disponen para informar sobre los beneficios de la competencia.
El Reporte OCDE destaca la intrínseca relación entre los objetivos comunicacionales de la autoridad, el público —o grupos de interés objetivos (stakeholders)— y las herramientas de comunicación que estas usan para transmitir la información. Considerando estos tres factores, el mensaje que entregan las autoridades es cuidadosamente elaborado para lograr tanto su comprensión como su propósito.
El éxito público de las autoridades de competencia recae en su habilidad de comunicarse efectivamente con sus stakeholders; es decir, que la información sea transmitida de forma precisa a empresas, gobiernos, legisladores, consumidores, público general, entre otros.
Para realizar una campaña de comunicación efectiva, las autoridades están permanentemente informando sobre sus objetivos como institución. Si bien el mensaje varía dependiendo del contexto o del público a quien se dirige, hay tres razones fundamentales que motivan la comunicación: (i) promover la competencia, aumentar la consciencia y de cumplimiento de la ley de competencia; (ii) fortalecer la reputación y confianza de la autoridad; y, (iii) incrementar la transparencia, responsabilidad y previsibilidad.
Fomentar la competencia es una de las tareas comunicacionales clave de las autoridades en la prevención de prácticas anticompetitivas, ya sea por medio del establecimiento de reglas —sobre las cuales los diferentes actores económicos deben operar—, aumentando la consciencia de la ley de competencia o promoviendo su cumplimiento.
De acuerdo con el Reporte OCDE, existen casos en que las empresas no cumplen con la ley de competencia debido a la falta de claridad que existe sobre los requisitos legales de algunas actividades, o simplemente porque desconocen que ciertas prácticas están prohibidas.
Al respecto, en una , la autoridad observó que el conocimiento y familiaridad con la ley de competencia ha mejorado en los últimos años. En particular, cerca del 58% de las empresas admitieron no conocer muy bien las leyes británicas de competencia, comparado con un 61% en 2018.
Por otro lado, , autoridad de competencia mexicana, reveló que, en 2017, el 80% de los representantes de empresas conocían poco o nada la ley de competencia. Lo que es peor, es que la mayoría de ellos alegó experimentar conductas anticompetitivas en el sector económico en el cual operan, pero no consideraron relevante reportarlo a la autoridad.
El Reporte OCDE destaca entonces la relevancia de “desarrollar una fuerte capacidad comunicacional, para que tanto la naturaleza como el efecto de las intervenciones de la autoridad puedan ser entendidas y apreciadas” (traducción libre, Reporte OCDE, pág. 7).
Una buena reputación de la autoridad de competencia permite aumentar la legitimidad organizacional y confianza en el órgano. De acuerdo con el Reporte OCDE, una autoridad con buena reputación se considera un organismo capaz de promover un entorno regulador que favorece la libre competencia.
Por otro lado, desde una perspectiva pública, la reputación señala la calidad de una autoridad de competencia, por lo que cada intervención es una oportunidad para mejorar o reforzar la propia imagen.
En septiembre de 2022, la revista británica Global Competition Review (GCR) publicó su ranking anual “Rating Enforcement 2022”, que evalúa el desempeño de diferentes agencias de competencia del mundo en una escala entre 1 (el puntaje más bajo) y 5 (el puntaje máximo).
En Latinoamérica, las autoridades mejor evaluadas fueron las de Brasil (CADE), México (COFECE) y Chile (FNE), con un puntaje total de 4, 3,5 y 3,5 estrellas, respectivamente (ver nota CeCo: “Ranking GCR 2022 sobre agencias de competencia: Brasil sigue liderando en la región”).
En cuanto a la percepción que tiene el público sobre la autoridad, el CADE y COFECE tuvieron una puntuación de 3,1 (“Buena”) y 2,8 (“Suficiente”), respectivamente.
Sin embargo, la autoridad mexicana destacó por su alto puntaje de independencia institucional (4,38), en contraste con el CADE (2,79). De acuerdo con el Reporte OCDE, la independencia de la autoridad sería un claro reflejo de alta reputación y confianza en la institución.
Según el Reporte OCDE, la transparencia es el tercer elemento comunicacional clave para el éxito de una autoridad de competencia, pues fortalece su independencia e integridad.
Con el fin de generar expectativas sobre sus deberes y limitaciones, las autoridades de competencia rinden cuentas públicas donde comunican sus planes de trabajo, el compromiso con las autoridades gubernamentales y la explicación de sus decisiones.
Así, por ejemplo, en mayo de 2023, la Superintendencia de Competencia Económica (SCE) de Ecuador publicó su rendición de cuentas del periodo 2022, detallando la gestión de sus diferentes órganos (ver nota CeCo: “Rendición de cuentas de la Superintendencia de Competencia Económica de 2022”).
Por su parte, en septiembre de 2022, la autoridad peruana, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), desarrolló el Simposio Internacional “Día de la Competencia Perú”, donde reportó las actividades de la autoridad, destacando sus logros, avances y desafíos pendientes que debe reforzar (ver nota CeCo: “Día de la Competencia Perú 2022: Una revisión a la labor del Indecopi y a la libre competencia en los mercados digitales”).
La transparencia también sirve para mantener un registro de las decisiones que toma la autoridad y, en particular, de las reglas o sanciones que aplica en sus decisiones. Esto no solo es relevante desde el punto de vista de la jurisprudencia, sino que también para evaluar la consistencia de las autoridades en sus decisiones (ver nota CeCo: “¿Puede la SCE modificar sus resoluciones?”).
Existen distintas herramientas que facilitan la llegada de las autoridades al público. Tradicionalmente, las autoridades comunican sus actividades a través de sus páginas oficiales, comunicados de prensa, entrevistas con los medios e incluso reportes. Sin embargo, las redes sociales (como Twitter, LinkedIn, YouTube y Facebook) se han sumado a esta lista con creciente popularidad.
Así, por ejemplo, el Indecopi mantiene una activa participación en Twitter, comunicando diariamente sus actividades y educando al público acerca del consumo de ciertos productos, mediante el uso de videos e información simplificada.
Otra de las herramientas comúnmente utilizadas, tanto por las autoridades como por especialistas, son las evaluaciones ex post, que determinan el impacto que tuvo un fallo en el mercado pasado un cierto tiempo después de la decisión de la autoridad (ver nota CeCo: “Evaluación expost: 25 años de control de fusiones europeo”).
Más allá de lo anterior, la herramienta comunicacional más importante que emplean –o deberían emplear– las autoridades de competencia es el lenguaje simple. Este se refiere al uso de un lenguaje claro, conciso y sencillo para entregar información, particularmente cuando se trata de informar a personas que desconocen los tecnicismos empleados en el derecho de la libre competencia.
Ejemplos buenos de esta herramienta se observa a través del uso de redes sociales, como lo hace Indecopi en Twitter o la Competition and Markets Authority (CMA) de Reino Unido en LinkedIn.
Partamos por el conocimiento de la calle. En Chile, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) son los organismos menos conocidos públicamente a nivel nacional. Así lo demostró la encuesta publicada por CeCo en 2021, “Percepciones ciudadanas sobre libre competencia en Chile”, que reflejó que un 67% de los encuestados conoce o ha oído hablar del TDLC, cifra que disminuye a 61% respecto de la FNE.
Por lo demás, quienes conocen a estas instituciones las evalúan negativamente en cuanto a su aporte al buen funcionamiento de la economía. El 59% de quienes señalan conocer a la FNE, y el 60% en el caso del TDLC, los califican con una nota inferior a 4 (dentro de una escala de 1 a 7, donde 1 es insuficiente y 7 es suficiente).
Por otro lado, la colusión es percibida como una práctica común en nuestro país (52%), mientras que un 34% de la población la percibe como una práctica de cierta ocurrencia. Al respecto, Felipe Irarrázabal, director de CeCo, destacó el contraste entre esta encuesta y la realizada por Deloitte y CeCo en 2020 con especialistas en libre competencia.
Esa evaluación de la calle contrasta con la evaluación de los abogados que se dedican prioritariamente a la libre competencia. En el informe “Percepción sobre las Autoridades Chilenas en materia de Libre Competencia”, aunque la percepción de la colusión como práctica extendida apenas alcanzó un 7% (ver nota CeCo: Medios de comunicación destacan encuesta sobre percepción ciudadana de la libre competencia), hay indicadores positivos respecto de la FNE y el TDLC sobre su labor.
Esa valoración positiva es especialmente apreciada a nivel internacional. En el Ranking GCR 2022, la FNE alcanza un puntaje de 3,5 estrellas, igualando a COFECE.
El puntaje de mercado de la FNE es de 3,8 estrellas, mientras que el de independencia institucional es de 4,5 estrellas. De esta forma, la autoridad chilena supera en estos puntos a las demás autoridades latinoamericanas. Además, el ranking destaca la labor del TDLC otorgándole nuevamente el puntaje más alto de la región (4,3 estrellas) respecto del éxito ante los tribunales.
Recientemente, tanto la FNE como el TDCL realizaron sus cuentas públicas (siguiendo una tradición que ya lleva más de 10 años). En el caso de la FNE, el Fiscal Jorge Grunberg destacó el desempeño y los principales hitos de cada División de la FNE (ver nota CeCo: “Cuenta Pública de la FNE (2022): Los avances y desafíos pendientes”).
Por su parte, el Presidente del TDLC, Nicolás Rojas, realizó un balance del estado de la libre competencia en Chile, además de repasar las estadísticas institucionales del Tribunal (ver notas CeCo: “Cuenta Pública del TDLC 2023: Un balance del estado de la libre competencia en Chile” y “Cuenta pública del TDLC 2023: Estadísticas institucionales”).
Sin embargo, también destacó el desconocimiento público de las atribuciones y capacidades de las instituciones de competencia, sumado a que la desconfianza respecto de las autoridades llevaría al público a considerar insuficientes las sanciones aplicadas. Ante esto, Rojas enfatizó en la misión del TDLC de recuperar la confianza y legitimidad de la autoridad de libre competencia.
Reporte OCDE (2023) – Communication by Competition Authorities: Objectives and Tools
Global Competition Review – Rating Enforcement 2022
Superintendencia de Competencia Económica – Informe de Rendición de Cuentas 2022
Competition and Markets Authority (2021) – Competition Law Business Tracking Research
Competition and Markets Authority (2018) – Competition law research 2018
McKinsey&Copmany (2017), Estudio y análisis de la percepción sobre temas de competencia económica y la labor de la COFECE
Subjetiva (2021), Percepciones ciudadanas sobre libre competencia en Chile
Informe Deloitte 2020: Percepción sobre las Autoridades Chilenas en materia de Libre Competencia
